La Justicia sostiene el pulso a Trump y mantiene paralizado el plan de bajas incentivadas para empleados públicos

Un juez federal ha ordenado este lunes extender la pausa en la fecha límite que la administración de Donald Trump había dado a los trabajadores federales para aceptar su plan de bajas incentivadas. El presidente estadounidense había ofrecido a los funcionarios siete meses de sueldo hasta septiembre si renunciaban voluntariamente antes de la medianoche del pasado jueves. De no hacerlo, se exponían a ser despedidos en medio del desmantelamiento de las estructuras de gobierno que está llevando a cabo Elon Musk, mano derecha de Trump y líder del grupo de trabajo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés).

El magistrado ya había frenado preventivamente la fecha límite el mismo jueves de la semana pasada y había fijado para este lunes al mediodía una audiencia para tomar una decisión. Ahora, el juez George O’Toole ha decidido que la paralización del plan continuará en vigor a la espera de nuevos procedimientos judiciales para determinar si la oferta hecha por el presidente cumple con la legalidad vigente.

Uno de los principales factores que había despertado el malestar entre los funcionarios era, precisamente, que no estaba claro si Trump realmente tenía autoridad para hacer este tipo de propuestas.

Los trabajadores fueron informados de la oferta la semana pasada, teniendo tan solo nueve días para tomar una decisión sobre una propuesta cuya legalidad aún no está clara. Durante estos días, los funcionarios recibieron constantes presiones en forma de correos electrónicos para aceptar la oferta bajo la amenaza de poder ser despedidos más adelante.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que, antes del jueves, más de 400.000 funcionarios ya habían aceptado la oferta del presidente.

La oferta de la administración Trump es otro movimiento más en la campaña de recortes que está liderando Elon Musk dentro de las agencias federales y pretendía allanarle el camino a su mano derecha. Despedir a un funcionario no es tan fácil, por lo que, si los empleados aceptaban la oferta, Musk y su grupo de trabajo DOGE se ahorrarían meses de enfrentamientos legales.

Tres sindicatos que representan a más de 800.000 trabajadores federales presentaron una demanda el martes pidiendo una orden de restricción temporal para detener el plazo de la propuesta, calificando la oferta de “ultimátum arbitrario, ilegal y con un plazo demasiado corto”.

Paralelamente, el juez John McConnell, quien había ordenado a Trump a finales de enero deshacer la congelación de los fondos federales destinados a los programas sociales, denunció este lunes que existen pruebas de que aún hay subvenciones y préstamos federales que continúan suspendidos. Por ello, el magistrado ha ordenado al Ejecutivo que libere todos los fondos.

En su momento, Trump anunció la paralización de las ayudas federales para poder revisar si el gasto federal se ajustaba a su agenda. La retención de los fondos desató el caos a todos los niveles administrativos, ya que de ellos dependen miles de hogares.