Por qué subir el salario mínimo se ha convertido en un arma contra el Gobierno

Una de las cosas más frustrantes a las que me enfrento de manera recurrente es al intento de explicar por qué es falso que un incremento en la nómina suponga, debido al pago del IRPF, una reducción de la remuneración total. Aunque parezca ridículo, se trata de un equívoco muy extendido compartido por personas de todas las ideologías. Y cuesta bastante desmontarlo, como demuestra el hecho de que cada poco tiempo hay que salir a explicar de nuevo.

Con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 50 euros mensuales, la cuestión ha resurgido. El acumulado de las importantes subidas de los últimos años ha provocado que el salario mínimo anual haya rebasado el mínimo exento, esto es, la cantidad anual a partir de la cual el contribuyente está obligado a declarar y pagar el impuesto correspondiente. Hacienda podría haber ampliado el mínimo exento, excluyendo de facto la posibilidad de que los beneficiarios de la subida tuvieran que verse en la necesidad de hacer la declaración de la renta. Pero ha decidido no hacerlo.

Como consecuencia, uno puede leer en las portadas de los medios conservadores cosas como “el Gobierno obliga a tributar por IRPF a los trabajadores con salario mínimo” o  “Montero hará tributar a los perceptores del SMI en el IRPF”. En general se traslada la idea de que el Gobierno va a empobrecer a quienes cobran el salario mínimo. Y esta percepción cala, ya que mucha gente asume que pagar impuestos significa, en términos netos, cobrar menos que antes, incluso si han recibido un aumento salarial.

El error es el de siempre: la creencia de que al saltar de tramo en el IRPF se paga un porcentaje mayor sobre el total de los ingresos. Eso sencillamente no es verdad. Precisamente el funcionamiento del sistema de tramos consigue que sólo se tribute a un porcentaje mayor sobre la parte del salario que supera cada límite. Por ejemplo, los nuevos contribuyentes que cobrarán el nuevo salario mínimo –y que no se puedan acoger a deducciones– sólo pagarán impuestos en un pequeño porcentaje que se aplicará únicamente sobre la cantidad que rebase el mínimo exento. En ningún caso nadie perderá dinero. En todo caso, es verdad, ganarán menos que si el mínimo exento se hubiera elevado. Pero siempre sale a cuenta ganar más, aunque al pasar de tramo se detraiga una parte mayor en cada escalón.

Explicar esto es relativamente sencillo cuando tienes delante una pizarra y puedes detenerte a poner ejemplos sobre los tipos correspondientes a cada peldaño de la escalera fiscal. Pero mi experiencia me confirma que la resistencia a comprenderlo puede ser incluso más perseverante que la pedagogía. Eso vale para prácticamente cualquier persona, incluso las que tienen más cualificación formal. Sin ir más lejos, hace un mes un amigo médico trataba de explicarme, totalmente convencido, que no quería hacer más guardias porque cobrar más significaría “que le quitarían dinero”.

Sé perfectamente que todas las personas del Ministerio de Hacienda son plenamente conscientes de estas dificultades que tiene la población en general. De hecho, una propuesta estrella de los liberales ha sido siempre la de un impuesto puramente proporcional, sin tramos, el cual se ha justificado públicamente en que simplifica el sistema y es más fácil de entender. Por supuesto, una propuesta así sería mucho más regresiva que el sistema actual, pero es significativo que uno de los argumentos refiera a la facilidad para comprenderlo por parte de todo el mundo. Eso sucede porque, efectivamente, aquí se pincha en hueso.

El argumento que esgrime Hacienda para no elevar el mínimo exento es racional e incluso sensato. Las subidas del salario mínimo han sido tan importantes en los últimos años –muy superiores porcentualmente a la subida del resto de salarios– que tampoco tiene sentido que esas nuevas ganancias no contribuyan a las arcas públicas. No obstante, igual o más válido es el argumento de quienes esgrimen que antes que subir los impuestos a los que menos ganan habría que subírselo a los que más ingresan. La apelación a una reforma fiscal integral es completamente necesaria. Con todo, me temo que lo importante aquí es otra cosa.

De hecho, no importa si el argumento de Hacienda es válido o incluso correcto. Lo verdaderamente relevante es cómo percibe toda esta polémica la gente que va a ser beneficiada objetiva de una medida del Gobierno tan importante y central como es subir los salarios a los que menos cobran. Para abordar esto hay que asumir previamente que la batalla política no es sólo una pelea entre los técnicos de los departamentos ministeriales en búsqueda de algo así como la verdad objetiva, sino una disputa narrativa que se produce en el campo de juego de la política. Un aprendizaje lúgubre de las democracias representativas modernas es que no ganan quienes tienen razón sino quienes convencen a más gente; y no hay ninguna ley universal de la naturaleza que haga coincidir ambos aspectos. En consecuencia, si lo que se quiere es ganar hay que tener presente que pensar políticamente es igual de importante que tener buenos técnicos.

De lo contrario pasan cosas como esta. Que una medida contra la que es impopular pronunciarse, como es subir el salario mínimo, se convierte en una poderosa arma contra el Gobierno. Las derechas solo tienen que repetir una y otra vez el mantra de que el Gobierno sube los impuestos a los más pobres para que una parte de la población caiga en la trampa. Y no será por falta de altavoces de las derechas. 

Lo preocupante es que la izquierda no entienda que la comunicación política es tan crucial como la gestión técnica. Si el Gobierno pretende consolidar un proyecto de justicia social, debe acompañar cada medida con una narrativa contundente y beligerante, capaz de desmontar las trampas discursivas de la derecha antes de que se conviertan en verdades indiscutibles que sostengan luego, en votos, proyectos reaccionarios.