Anticorrupción pide casi cuatro años de cárcel en el caso Rato para uno de los abogados de la pareja de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción pide 3 años y 11 de meses de prisión para el abogado Carlos Neira por un delito de estafa procesal en concurso con otro delito de falsedad continuada en documento oficial relacionados con su actuación como perito particular de Rodrigo Rato en la misma causa por la que el ex vicepresidente económico ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por tres delitos fiscales, según informa El País. Neira es el abogado que representó a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, durante toda la inspección fiscal contra el empresario que derivó en una querella por dos delitos fiscales en concurso con falsificación documental. Como tal es el abogado que escribió a la Fiscaía ofreciendo, de parte de su cliente, un pacto para que no entrara en la cárcel.

Anticorrupción también solicita para el despacho Garrido Asesores Fiscales, para el que trabajó Neira, una pena de multa de 3,5 millones de euros y la prohibición de realizar informes periciales tributarios durante cinco años. La acusación de Anticorrupción está recogida en el escrito de Anticorrupción previo a la apertura de juicio oral y se centra en su labor como perito en la defensa de Rodrigo Rato, al elaborar dos informes “falaces” sobre los movimientos de dinero en las cuentas del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero.

Los informes concluían que la declaración tributaria especial que Rato hizo para acogerse a la amnistía fiscal en noviembre de 2012 había sido correcta y que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del ministerio de Hacienda, había cometido graves errores en la cuantificación de la deuda tributaria del exdirigente del PP. La defensa de Rato presentó estos dos informes de Neira para su incorporación a las diligencias judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito que Neira introdujo en esos informes “datos bancarios y financieros falaces que crearon una realidad ficticia ante el instructor y el resto de partes”. La acusación apunta que Neira llevó a cabo “con pleno conocimiento de su falacia” diversas manipulaciones de documentos oficiales como tachar transferencias de dinero o entradas de dinero con las que se hicieron inversiones financieras por casi medio millón de euros.

El despacho cuyo membrete figura en los documentos presentados en defensa de Rato permitió “por una grave falta de control”, según la Fiscalía, que el abogado Neira confeccionará unos informes periciales “sustentados en documentación bancaria manipulada por él mismo”. El objetivo de esos trabajos era rebajar las cantidades supuestamente defraudadas “anulándolas o poniéndolas por debajo del umbral delictivo del artículo 305 del Código Penal”.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado diciembre a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideran al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Es su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sí resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La publicación del correo en el que Neira solicitaba un pacto a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para su cliente ha motivado la imputación del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid en el Tribunal Supremo. La publicación de ese correo tuvo lugar después de que la Comunidad de Madrid difundiera el bulo de que había sido al revés y que la Fiscalía había sido quien había ofrecido el pacto a González Amador, retirándolo después “por órdenes de arriba”, como difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.