La Audiencia Nacional avala la utilización de los chats del ex número dos de Interior para investigar la guerra sucia a Podemos

La Audiencia Nacional ha avalado la utilización de las conversaciones de WhatsApp del ex número dos de Interior Francisco Martínez en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Los chats fueron obtenidos a través de la incautación del móvil de Martínez en otra investigación a la brigada política, el del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas o caso Kitchen, y constituyen un pilar de la querella que presentó el partido político por las maniobras policiales que sufrió y que investiga el juez Santiago Pedraz. 

En esos audios aparece, entre otras, la petición de Martínez a un comisario para que busque información perjudicial para los diputados de Podemos que habían resultado elegidos en las elecciones de diciembre de 2015. En la causa de la Audiencia Nacional, Francisco Martínez es el imputado con mayor rango. De los cuatro mandos policiales igualmente investigados, tres aparecen en estos chats hablando con él, aunque la causa contra uno de ellos, Enrique García Castaño, ha decaído por su grave estado de salud. 

El ex secretario de Estado exponía que los chats donde aparecen los indicios de las maniobras contra Podemos habían sido ya expurgados por el juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, y que por tanto su difusión estaba prohibida y no había lugar a la incorporación a la causa de Pedraz. También aseguraba que la utilización judicial de los chats invadía su intimidad. 

Un tribunal presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, ha negado las pretensiones de Martínez. “El hecho de que estas comunicaciones hubiera sido objeto de expurgo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 no quiere decir que, automáticamente, puedan ser desechadas como diligencia de investigación en otro procedimiento con otro objeto diferente y que pudieran tener incidencia en el mismo, y que tengan por finalidad el esclarecimiento de los hechos”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

A partir de la querella de Podemos, Pedraz investiga desde hace un año a Martínez y a los policías por organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. La instrucción de la causa ha permitido testimonios de policías que han reconocido las actuaciones contra Podemos y también informes de las unidades implicadas que, aunque lo intentan enmarcar en una labor habitual de investigación, admiten las investigaciones a Pablos Iglesias y a otros responsables de la formación incluso ya siendo cargos públicos. 

En una de las conversaciones que Martínez no ha logrado dejar fuera de la causa, el ex secretario de Estado de Interior le dice al comisario Enrique García Castaño: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. El comisario Enrique García Castaño le contesta que “nada”. “¡Cagüenlaputa!”, exclama Francisco Martínez. El policía también le dice que otro mando es el encargado de hacer esas búsquedas. Este segundo comisario, Germán Rodríguez Castiñeira, confirmó la petición en su declaración como investigado ante el juez aunque añadió que se negó a hacerla. 

Operación Bolívar

Uno de los avances más llamativos ha sido la aportación al juzgado de un informe redactado por una de las policías que participó en dos de las maniobras contra la formación que más repercusión tuvieron: el viaje a Nueva York para recabar de un exministro de Hugo Chávez supuestas pruebas de la financiación irregular de Podemos y las gestiones para intentar dar consistencia al dosier P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Podemos ha logrado que el juez Pedraz solicite a la Policía la totalidad de documentos que integraron las denominadas operaciones Venus y Bolívar. 

Fuera de la causa judicial, elDiario.es ha revelado que la brigada política reclutó a un abogado con antecedentes por estafa para conseguir testimonios contra Podemos entre antiguos jerarcas venezolanos. El letrado viajó a Miami a entrevistarse con posibles confidentes y elaboró siete informes que a día de hoy siguen alojados en las bases de datos de inteligencia de la Policía. Uno de sus clientes, Javier Alvarado Ochoa, evitó la extradición a Estados Unidos tras empezar a colaborar con la Policía suministrando información, finalmente sin contrastar, o directamente falsa, contra Podemos.