La Fiscalía pide al Supremo que Alvise sea imputado por difamar a un diputado del PSOE

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez por difamar a Javier Alfonso Cendón, diputado del PSOE por León y secretario general del partido en la provincia. El Ministerio Público entiende que el líder de 'Se Acabó La Fiesta' pudo incurrir en varios delitos de injurias, calumnias e incluso de amenazas por los múltiples mensajes de Alvise en su canal de Telegram relacionando al diputado socialista con la trama del 'caso Mediador', mensajes que posteriormente derivaron en que otros usuarios le insultaran y amenazaran en mensajes directos. El político y agitador ultra está pendiente de que el Supremo abra una causa contra él por cobrar 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas al que había prometido legislar a su favor.

El canal de Telegram de Alvise acumula, a día de hoy, más de 706.000 suscriptores y desde hace años es la principal plataforma que utiliza para difundir sus mensajes, entre los que incluye habitualmente bulos, desinformación y desde hace meses propaganda de su plataforma 'Se Acabó La Fiesta' en el Parlamento Europeo, además de pedir constantes aportaciones de dinero a sus seguidores. Una de sus estrategias del último lustro es afirmar que cuenta con información confidencial de casos de corrupción con la que conseguirá, afirma continuamente, llevar el sistema a una “catarsis” aunque la mayor parte de las veces esas pruebas no existen.

Javier Alfonso Cendón llevó a Alvise ante los tribunales en febrero de 2023 cuando el agitador ultra dedicaba varios mensajes al día a hablar del 'caso Mediador': el entramado corrupto tejido en torno al empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte y el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El sumario del caso aportaba datos sobre fiestas en las que participó el político, incluyendo supuestamente prostitución, y Alvise anunció que tenía “audios” que le permitían desvelar hasta casi una veintena de nombres de políticos socialistas implicados en la trama.

Los audios nunca aparecieron pero el hoy eurodiputado apuntó a varios políticos socialistas, entre ellos Javier Alfonso Cendón, diputado y secretario general del PSOE en León. Mensajes con su fotografía y listas con su nombre que, poco a poco, fue ampliando a otros parlamentarios socialistas: “Nos legislan puteros, cocainómanos y comisionistas de nuestro dinero, y esa mierda se tiene que acabar ya”, afirmaba en mensajes que siguen disponibles en su canal. El dirigente del PSOE de León presentó una denuncia contra él y contra otros agitadores ultras por relacionarle con el caso, explicando que a raíz de esas difamaciones otros usuarios de Twitter o Instagram habían empezado a amenazarle por escrito.

Su denuncia se transformó en dos causas distintas. Una seguida en un juzgado de León contra los youtubers conspiranoicos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa por difundir estos mensajes y, además, afirmar sin pruebas que tiene dinero escondido en el extranjero, un tipo de bulos que les mantiene imputados en la Audiencia Nacional junto con el exjuez Fernando Presencia. La segunda ramificación fue abierta contra Luis 'Alvise' Pérez y enviada al Supremo por su aforamiento como eurodiputado. La Fiscalía de este tribunal, según ha podido comprobar elDiario.es, ha pedido a los jueces que asuman la causa contra él y le llamen a declarar como investigado.

El escrito del fiscal Luis Fernando Rey explica que los hechos que el diputado del PSOE atribuye a Alvise “pudieran ser constitutivos de los delitos de injurias, calumnias y amenazas, existiendo indicios racionales o un principio de prueba para atribuir su comisión al Excmo. Sr. Don Luis Pérez Fernández”. El Ministerio Público cree que se le debe ofrecer la posibilidad de declarar voluntariamente e insiste en que se le notifique todo de forma efectiva. Localizar a Alvise ha sido un problema para los múltiples juzgados y tribunales que han intentado notificarle denuncias y diligencias. En este caso, la Guardia Civil tuvo que acudir a una casa rural en la que el eurodiputado estaba en compañía del 'Pequeño Nicolás'.

En su denuncia, Cendón apunta a una “campaña de desprestigio” del agitador usando “manifestaciones falsas” desde finales de febrero de 2023, relacionándole con un caso de corrupción en el que no ha sido mencionado ni llamado a declarar. Una campaña, explica, puesta en marcha contra “secretarios generales provinciales del PSOE estando las elecciones municipales y autonómicas cerca de la presente fecha”. Todo esto, afirma Cendón, le está causando “daños morales graves a sus familiares” y ha recibido mensajes privados por Instagram de cuentas anónimas: “Hijo de la gran puta, sinvergüenza, vamos a por vosotros, con la cara de maricón que tienes”.

La financiación de la campaña de Alvise

Diversos juzgados y tribunales han remitido en los últimos meses al Supremo diligencias abiertas contra el hoy parlamentario ultra en base a un aforamiento que, afirmó él mismo durante la campaña, era su gran objetivo de las últimas elecciones europeas. La Sala de lo Penal tiene pendiente la apertura de varias de estas diligencias, entre ellas una sobre la financiación de su plataforma electoral 'Se Acabó La Fiesta'.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, Alvise cobró 100.000 euros en efectivo de manos de un empresario del sector de las criptomonedas pocas horas antes de empezar su campaña electoral de los últimos comicios europeos. Un empresario al que había prometido legislar a su favor si en algún momento ostentaba un cargo de responsabilidad.

Los jueces tienen pendiente decidir si abren o no una causa contra él después de que la Audiencia Nacional viera indicios suficientes para que fuera imputado por posible financiación ilegal de la candidatura con la que tiene tres sillones en Bruselas. Después de ser condenado en firme por la vía civil por difamar a la periodista Ana Pastor, varias causas penales hacen cola en el registro de la Sala de lo Penal: desde las acusaciones de amenazas de una jueza de Sevilla hasta la imputación por revelar una falsa prueba PCR del entonces ministro y hoy president Salvador Illa.