El PP quiere reformar el Senado para convertirlo en un órgano de oposición permanente a Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo quiso hacer del Senado su principal ariete de oposición a Pedro Sánchez cuando aterrizó en Madrid en abril de 2022. Tras el fiasco de la investidura de 2023, el líder del PP ahondó en una estrategia que no ha tenido el efecto deseado. Pese a la mayoría absoluta con la que la derecha española cuenta en la Cámara Alta. El PP ha presentado ahora una profunda propuesta de reforma de su Reglamento para ampliar las competencias de un organismo al que la Constitución otorga la “representación territorial”.

La reforma fue registrada el pasado viernes y comienza ahora su tramitación. Para entrar en vigor debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Senado, algo que el PP tiene garantizado. De hecho, no es la primera modificación que pone en marcha el partido de Feijóo. En 2023 el PP ya aprobó una reforma para intentar torpedear la ley de amnistía. 

No tuvieron éxito, y además el Tribunal Constitucional está en puertas de tumbar la reforma, según publicó este lunes 'El Español', algo que ya apuntaron en su día los expertos consultados por elDiario.es que pusieron en duda la viabilidad de dicha modificación.

Aquella reforma permitió al Senado eliminar el carácter de urgente que le dio el Congreso a la ley de amnistía y colocar a ambas cámaras en una situación de igualdad que la Carta Magna no establece. Algo que el PP quiere volver a instaurar en esta segunda reforma, mucho más amplia y que aborda multitud de cuestiones reglamentarias: desde las incompatibilidades de los senadores a las sesiones de control al Gobierno o, incluso, interferir en la tramitación de las leyes en el Congreso.

Las reformas relacionadas con las sesiones de control al Gobierno son de las más relevantes de la modificación planteada por el PP, ya que tiene como objetivo obligar al presidente a comparecer en el Senado “al menos una vez al mes”. Algo que no contempla ni el Reglamento del Congreso, donde el presidente comparece tres semanas al año, salvo excepciones.

El PP intenta así evitar que Sánchez no asista a las sesiones de control de los martes en el Senado, algo que convirtió en costumbre durante la pasada legislatura, precisamente cuando Feijóo aterrizó en Madrid. El líder del PP no era diputado y solo puedo encontrar acomodo en la Cámara Alta, y Pedro Sánchez tuvo la deferencia de reconocerle como líder de la oposición y someterse al control en el Senado y en el Congreso. Sánchez asumió las preguntas orales así como comparecencias monográficas de temas de relevancia.

Pero esta legislatura Feijóo ya está en el Congreso, pregunta a Sánchez cada semana y el Gobierno optó por volver a la costumbre: dejar al resto de miembros del Gobierno la representación ante el Senado. De hecho, fue otro presidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se inventó las sesiones de control en el Senado. Su sucesor, Mariano Rajoy, no acudió jamás a la Cámara Alta. Después, Pedro Sánchez volvió.

La reforma del Senado planteada por el PP establece, además, que el presidente y los ministros deberán excusar su asistencia con anterioridad al tiempo con el que cuentan ahora. La idea es que lo hagan 24 horas antes de que se planteen las propias preguntas. Además, se deja en el aire cuántas cuestiones irán para el presidente del Gobierno: “La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acordará el número de preguntas que se pueden dirigir en cada Pleno al presidente del Gobierno, así como el criterio de distribución entre los Grupos y los tiempos de intervención”. Otra vez, el Senado va más allá que el Congreso.

La reforma del Reglamento establece también una injerencia en las decisiones del Congreso: “En el caso de que la tramitación de la proposición de ley por el Congreso de los Diputados se demore de forma injustificada, un Grupo parlamentario o veinticinco Senadores, mediante texto escrito debidamente motivado, podrán proponer al Pleno de la Cámara el planteamiento de un conflicto de atribuciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 188 de este Reglamento.”

El PP intenta así evitar que, como está ocurriendo durante la presente legislatura, el Congreso amplíe semana tras semana el plazo de enmiendas de las leyes emanadas del Senado y que el Gobierno teme que puedan salir en un Congreso cuyas mayorías son mucho más líquidas. Junts ha votado con el PP y Vox en no pocas ocasiones en esta legislatura. Las tres derechas suman la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Fuentes de la Presidencia del Congreso han evitado pronunciarse sobre la reforma. A preguntas elDiario.es se han limitado a sostener que la “tendrán que estudiar los servicios jurídicos” de la Cámara.

El PP también quiere eliminar la diferencia legal que hay entre la proposición de ley y el proyecto de ley. Este segundo es, por definición, un cambio legislativo que emana del Gobierno. Como no es el órgano legislativo, el texto que llegue del Consejo de Ministros al Congreso debe ir acompañado de dictámenes emitidos por órganos consultivos especializados en la materia. Por ejemplo, en las leyes penales, el CGPJ o los fiscales; para asuntos laborales, el Consejo Económico y Social.

Pero en las leyes planteadas por los grupos parlamentarios (las proposiciones) estos informes no son preceptivos. Ahora, el PP quiere que el Senado pueda “solicitar a otros órganos del Estado la elaboración de informes sobre los proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados”. El PP no establece siquiera qué órganos son consultivos ni en qué materias.