Pulso en Sevilla por las VPO: Sánchez le pide a Moreno que aplique la ley estatal y que no se quede “de brazos cruzados”

Las discrepancias entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía respecto a cómo solucionar la crisis de la vivienda han vuelto a ponerse de manifiesto, esta vez en un acto público en Sevilla en el que han coincidido los presidentes de ambas administraciones. “Me gustaría que se aplicara la Ley de Vivienda” estatal, ha dicho Pedro Sánchez, añadiendo que lo que no funciona es “quedarse de brazos cruzados”. Esto ha sido después de que Juan Manuel Moreno declarara que va a seguir apostando por “quitar burocracia, papeleo, impuestos y presión fiscal” en los “trámites” relacionados con la compra y venta de suelo, pero siempre dejando de lado la norma del Ejecutivo central.

Los propietarios de cada una de las 218 viviendas de la Hacienda El Rosario que se iban a entregar en este evento, mientras tanto, sonreían felices por las oportunidades que un alquiler asequible brinda a sus vidas. Con ellos de espectadores, tanto el presidente del Gobierno como el de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla han pujado por apuntarse el tanto de que sus políticas son las más acertadas para salir del atolladero de la falta de vivienda.

Menos de dos semanas antes, el ayuntamiento de la capital andaluza desataba una polvareda social al ofertar unos pisos públicos con precios de hasta 350.000 euros. En este contexto, el alcalde se ha atrevido a declarar en su intervención que “Sevilla se convierte en el mejor ejemplo de construcción de vivienda protegida”. “Nosotros vamos a seguir haciendo los deberes” y “asumiendo el riesgo de estas operaciones”, se ha desmarcado José Luis Sanz.

Ante su reclamación de “más fondos e infraestructuras” para continuar trabajando en hacer la vivienda asequible, Moreno ha sacado por su parte a relucir los “100 millones de euros” que asegura haber gastado la Junta de Andalucía desde 2019 solo en Sevilla. Para no quedarse atrás, Pedro Sánchez ha querido hacer un recorrido por los logros del Gobierno central en materia de vivienda, como haber multiplicado ocho veces el presupuesto destinado a estas políticas. Es decir, que los tres representantes han empezado sus respectivos discursos sacando pecho, resaltando los esfuerzos que están realizando.

Las discrepancias continúan

Ahora bien, lo que no han hecho es ponerse de acuerdo, aunque los tres coincidan en que la colaboración entre administraciones tiene gran importancia. Esto no es nuevo, pues Moreno ya ha expresado en varias ocasiones su rechazo a las soluciones que plantea el Gobierno. Quizá por eso, Pedro Sánchez ha querido recalcar en este acto que “la Ley de Vivienda funciona, en contra de lo que estipularon algunos”. Ha puesto de ejemplo a Cataluña, “una comunidad autónoma que sí la está aplicando” y en la que “los precios están bajando una media de 3,7% en las zonas tensionadas y un 6,4% en las zonas altamente tensionadas”.

El Ejecutivo andaluz ha descartado, en más de una ocasión, la posibilidad de declarar zonas tensionadas en ninguna de las ciudades andaluzas, con el argumento de que eso supone intervenir el mercado y encarecer todavía más los precios. El presidente del Gobierno, por su parte, lo que tiene claro es que “lo que sin duda no funciona es quedarse de brazos cruzados”, como “quieren algunos”.

Y considera que “eso es lo que se hizo en el pasado”, apelando al ejemplo de las más de “100.000 viviendas protegidas al año” que se construían en España en los 80. Según Sánchez, “si esas casas, pagadas con los impuestos de la gente, no hubieran pasado al mercado libre, hoy representarían el 9% de nuestro parque de vivienda”. Esta es, “precisamente”, “la media que la Unión Europea pide”, ha resaltado el presidente del Gobierno.

Sánchez cree que la ciudadanía necesita que “el mercado de la vivienda opere con la ley de la razón y la justicia social, no con la ley de la selva”. Por ello, el objetivo debería ser blindar el parque público de vivienda para “evitar que fondos buitre y especuladores hagan y deshagan a su antojo”.

Eso mismo que el Ejecutivo central califica como un problema de “regulación” y de “miles de viviendas vacías”, el presidente de la Junta lo señala como “un problema de oferta y demanda”. En este sentido, ha apuntado que “en Andalucía se construyen 10.000 viviendas al año” cuando hay “más de 50.000 familias” buscando dónde vivir.