El escándalo perpetuo en la Federación de Fútbol: juicios, corrupción y un Mundial con un nuevo presidente condenado por prevaricación

El 28 de agosto de 2023, ocho días después del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y tras una semana de escándalo planetario, los poderosos presidentes territoriales de la Federación de Fútbol (RFEF) se conjuraron para pedir la dimisión del entonces presidente. Ese día publicaron un comunicado conjunto en el que se comprometían además a instar “a los órganos correspondientes a una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos de la Federación para dar paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español”, que incluye competiciones nacionales y regionales, en todas sus categorías excepto la primera y segunda división, de la que se encarga la Liga.

Después de un año y cuatro meses de tempestades, escándalos judiciales, imputaciones e interinidades, esa “nueva etapa” ha echado a andar este lunes, cuando una asamblea de 141 miembros ha elegido por mayoría sobrada como presidente al gallego Rafael Louzán para los próximos cuatro años. No está imputado como los tres anteriores presidentes –Ángel María Villar por el caso Soule, Luis Rubiales por el beso y también posible corrupción en los negocios, así como su sucesor Pedro Rocha, imputado en el mismo juzgado–. Louzán está directamente condenado por un caso de corrupción por haber prevaricado en la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial, ya que lo hizo pagar dos veces cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra con el Partido Popular.

Además, está pendiente de que el Tribunal Supremo decida en febrero sobre su inhabilitación para ejercer como cargo público, aunque de momento puede presidir el fútbol español con un salario de 338.335 euros anuales (28.000 euros al mes). Si la justicia dictamina que está inhabilitado el próximo 5 de febrero, seguramente empezarán las denuncias, tendrá que dejar su recién estrenada presidencia y la RFEF tendrá que encarar su enésima reinvención. Pero los vericuetos jurídicos hacen que todo esté en el aire y casi nadie se atreva a hacer una quiniela sobre el futuro.

¿Qué le pasa a la Federación más poderosa de España y la que tiene el monopolio de la bandera, el escudo y la selección española? “Lo de siempre”, contestan fuentes críticas que conocen bien la entidad. Lo de siempre es que desde hace años se sustenta en redes clientelares, favores e intereses, cierta opacidad en sus maniobras y una Asamblea que viene ya trabajada desde las territoriales y amoldada a hiperliderazgos. Los presidentes de la Federación se han cuidado muy mucho de tener muy contentas a las personas que podían protegerles o descabalgarles.

Por ejemplo, Luis Rubiales inventó unos pluses para sus presidentes autonómicos de hasta 100.000 euros haciéndolos pasar por complementos de profesionalización. Su equipo directivo ha estado siempre muy bien pagado, e incluso han podido estar contratados dentro de la Federación al tiempo que hacían negocio por fuera facturando con sus empresas, como el abogado imputado y otrora todopoderoso Tomás González Cueto. Como resultado de todo ese trabajo de negociación y dádivas, aquella vergonzosa asamblea que aplaudió a Rubiales tras el beso mientras España miraba atónita. ¿Quién se atrevería a llevar la contraria a quien maneja los hilos del millonario negocio del fútbol español (junto al otro líder, el de La Liga, Javier Tebas)? Muy pocos. O nadie.

Todo esto ha sido posible porque los mecanismos de control externos no han funcionado y los internos nunca se han puesto seriamente en marcha. Solo la justicia ha sido capaz de intervenir en las malas praxis cuando eran ya evidentes y con denuncias de por medio. Por ejemplo, cuando el Consejo Superior de Deportes (CSD) denunció a Ángel María Villar por administración desleal en 2017 cuando era el presidente. El caso, que investiga redes clientelares, tratos de favor y pagos, sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional, pero aún no ha sido juzgado, aunque Villar pasó doce días por la cárcel hasta que pagó la fianza. Se marchó de la Federación cuando era evidente que UEFA y FIFA le iban a defenestrar, pero no porque hubiera una revolución interna en la RFEF o presión desde dentro para que se marchara.

Lo mismo sucedió con Luis Rubiales. Fue la FIFA el organismo que tomó cartas en el asunto y forzó la dimisión tras el beso no consentido, mientras dentro de la Federación de Fútbol española se arrastraban los pies y fueron el último organismo en pronunciarse. Tras su marcha, siguieron trabajando personas imputadas por el caso del beso y también continuaron personas claves del rubialismo, también implicados en el caso que investiga un juzgado de Majadahonda por posible corrupción con empresas o mordidas y las comisiones que se pagaron al exjugador Gerard Piqué con la decisión de llevar la Supercopa a Arabia Saudí.

En la época Rubiales solo hubo alguien que dijo basta ante las sospechas de mala praxis: Ana Muñoz, la vicepresidenta de Integridad de la Federación, dimitió y fue una de las pocas personas que plantó cara a los desmanes de Rubiales, que había sido llamado a renovar el organismo y limpiar las cloacas que habían dejado 29 años de 'villarato'.

Rubiales había llegado en 2020 a cambiar las cosas, con el plácet del CSD, que vio en él la oportunidad de sacar a la RFEF de la crisis reputacional de la época Villar. Sin embargo, las relaciones se fueron tensando, también con un enfrentamiento a cara de perro entre el presidente de la Federación y el presidente de la Liga. Después del beso y un tira y afloja con el Gobierno, que quería descabalgar a Rubiales con la frustración de que no podía, se rompió la confianza para siempre entre el CSD y el máximo organismo del fútbol español. Hasta hoy.

La promesa blanca post Villar empezó a dar señales de que no lo era con algunas decisiones cuestionadas, también públicamente, como la de llevar la Supercopa a Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos humanos ni los derechos de las mujeres, y que además se hizo con comisiones millonarias y opacas. La desconfianza explotó tras el beso no consentido y la comprobación de los rumores y quejas que se habían producido meses antes en una carta de las jugadoras de la selección: verticalidad, machismo, arbitrariedad, toxicidad en la federación.

Después del caso Rubiales fue evidente cuan difícil resultaba al Gobierno intentar reconducir o pedir explicaciones y responsabilidades a la RFEF, pese a que invierte en ella unos 10 milllones al año de dinero público con los que no consigue arrancar compromisos (supone solo un 2,5% del presupuesto de la Federación). Es una “entidad asociativa privada de utilidad pública”. Es decir, es pública en su concepción y por eso está apoyada por el Estado, además de que representa al país. Pero los mecanismos por los que se dirige son privados. En esa doble naturaleza, y en el mandato de vigilancia, pero de no injerencia del CSD, ha residido la impunidad con la que se ha gobernado desde hace décadas. Ha ido adaptando sobre el papel conceptos y comisiones de “vigilancia”, “ética”, “compliance”. A la hora de la verdad, sus presidentes han hecho y deshecho a su antojo. El Gobierno muchas veces ha acabado agotando las pocas vías que tenía sin resultados claros, más allá de constantes manifestaciones de desacuerdos.

La época Pedro Rocha

Pero si un mandato ha mostrado las costuras de la institución, la complicada relación con el Gobierno y la incapacidad de éste de influir para que se deje atrás la época oscura, ha sido el mandato de Pedro Rocha, delfín de Rubiales. Empezó como presidente de una gestora que se propasó en sus decisiones, no convocó las elecciones como marcan los estatutos de la RFEF y acabó siendo inhabilitado. También, imputado por la Supercopa en el juzgado. Aun así se presentó a presidir la Federación. El Gobierno intentó impedirlo. No solo no pudo, sino que Rocha salió elegido por la Asamblea y puso de vicepresidente a Louzán. Su presidencia duró lo que ha durado el camino de impugnaciones, recursos y decisiones del Tribunal Administrativo del Deporte.

Tras más de un año de desgaste jurídico, en el que la Federación daba muestra de no tener ninguna intención de abrirse a una renovación, y ante la mirada atónita de una sociedad que no entendía cómo se podía elegir a un presidente imputado como Rocha sin que nadie pudiera impedirlo, llegó la convocatoria a la presidencia estable por cuatro años (2024-2028), la que acaba de ganar Louzán este lunes. Las elecciones a presidente no son abiertas a todos los miembros de la RFEF, sino que el voto es indirecto, se delega a los 141 miembros de la Asamblea General, el órgano que elige.

La orden ministerial que el gobierno aprobó a principio de año para que esa asamblea fuera más heterogénea y tuviera menos capacidad para traer cocinado el resultado desde las territoriales o estamentos no parece haber dado resultado. Entrenadores, jugadores, árbitros y clubes han elegido al candidato oficial de Las Rozas, pese a su condena por corrupción y bajo el patrocinio del jefe de La Liga, Javier Tebas, sin que haya ley o norma que haya podido impedirlo, ya que la condena por inhabilitación de Louzán no es firme.

¿Y cómo es posible que no haya habido candidatos de fuera de la propia RFEF y se haya presentado el interino Louzán y dos presidentes territoriales? Uno de los principales frenos a una participación abierta a aspirantes externos –el locutor Carlos Herrera, por ejemplo, se había propuesto– es que para presentarse hay que tener avales de esa misma asamblea. Eso ha dejado fuera a candidatos que habían mostrado su disposición a renovar la RFEF. El apoyo del poderoso Tebas y que ningún estamento haya decidido romper con el pasado y haya negociado mejoras con Louzán si ganaba (caso de Miguel Ángel Galán, hasta ahora el gran opositor a la oficialidad de la Federación), ha acabado por cronificar la endogamia. “Quién se atreve a apostar por alguien de fuera si puede asegurarse los privilegios que tiene con alguien de dentro”, se pregunta una fuente crítica.

El CSD, por boca de su presidente, José Manuel Uribes, ha mostrado su disconformidad con que la ansiada renovación de la Federación haya acabado en un condenado por un caso de corrupción. También la ministra Pilar Alegría ha destacado que “es muy difícil de entender que un condenado por prevaricación asuma la presidencia de la RFEF en este país”. Otra cosa es qué puede hacer el Consejo Superior de Deportes sin que sea o se vea como una injerencia. Y es casi nada, a menos que el Supremo falle en contra de Louzán en dos meses. Solo en ese caso se le puede apartar, y tardaría unos meses, que es lo que le llevaría al Tribunal Administrativo del Deporte decretar su inhabilitación. En los procesos administrativos, la Federación le ha doblado muchas veces la mano al CSD, protegida por su autonomía y el garantismo.

Sorprendentemente para quienes no viven ni han vivido cerca de la RFEF, algunas voces federativas ya justifican la elección de Louzán, minimizando su condena y contraponiendo al escándalo su “capacidad de pactar y de llevar paz y estabilidad” al organismo. “Gomar era aún peor”, sostienen otros sobre el candidato valenciano que disputó la presidencia al gallego y quedó muy por detrás de él (90 votos frente a 43).

Louzán va a manejar un presupuesto de 400 millones de euros y en su mandato (si no se le inhabilita en febrero) tiene que gestionar el Mundial 2030, que celebra España junto a Portugal y Marruecos, lo que también le condena a entenderse con el Gobierno que quiere descabalgarlo (si es que puede).

Desde dentro, como ha mostrado la decisión de la Asamblea, no es un problema tener a un líder condenado. Por costumbre al escándalo o por intereses personales y sectoriales, la realidad es que la sentencia por prevaricación no ha pesado en una decisión que refrendaron 90 de los 138 que votaron, entre representantes de árbitros, jugadores, clubes o entrenadores. Mientras, desde fuera de la Federación cunde la sorpresa y la incredulidad, porque es más difícil de entender cómo es posible que la federación deportiva más poderosa lleve años empeñándose en cronificar su mala imagen en la sociedad a la que supuestamente representa, al menos que eso, para los líderes del fútbol sea lo de menos. Y los títulos, el dinero, los pactos de poder y los equilibrios internos estratégicos, lo de más.