El Gobierno da a Ayuso una oportunidad antes de llevar al Constitucional el 'borrado' de Sol como centro de tortura

El Gobierno acaba de iniciar el trámite para llevar a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por su intento de blindar la sede de su Ejecutivo con el objetivo de que no sea declarado Lugar de Memoria. En la pugna que desde el pasado octubre enfrenta a ambas partes y después de que Isabel Díaz Ayuso haya desplegado una batería de acciones para evitarlo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto el proceso, según ha podido saber elDiario.es. Así, ofrece negociar al gobierno autonómico para intentar llegar a un acuerdo como paso previo. Si los populares lo rechazan, acudirá automáticamente al Constitucional.

Es lo que estabece la propia ley del Tribunal Constitucional, que amplía el plazo de recurso de inconstitucionalidad a las leyes o disposiciones a los nueve meses tras su aprobación –la regla general son tres– siempre y cuando antes se reúna una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias. Esto es lo que, de momento, ha propuesto el Gobierno central al de Madrid.

El choque es a cuenta del edificio de la Real Casa de Correos, situado en la Puerta del Sol. El inmueble es actualmente sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero durante la dictadura franquista fue centro de tortura policial y el epicentro de la represión de la dictadura. Funcionó como Dirección General de Seguridad hasta 1979 y por él pasaron miles de represaliados. Sin embargo, nunca se ha hecho ningún homenaje y no hay ninguna placa ni señalización que recuerde su pasado franquista. Ante ello, el Gobierno de Pedro Sánchez inició los trámites para declararlo Lugar de Memoria, una figura contenida en la nueva ley, algo a lo que Ayuso se opone frontalmente.

Para evitarlo, los populares madrileños han usado todos los resortes legales a su alcance porque piensan que “es una barbaridad” vincular el edificio con el franquismo: así, interpusieron un requerimiento pidiendo el archivo del expediente ya iniciado y gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea aprobaron a finales de año una enmienda a una ley ómnibus que en la práctica obliga a que la instalación de cualquier placa o distintivo en el edificio requiera “la previa autorización” de la comunidad y establece que no se autorizará ninguna “que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.

Es precisamente esta ley la que impugna el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres, que la considera “incompatible con la distribución constitucional de competencias”, de acuerdo con el informe elaborado por el ministerio al que ha tenido acceso elDiario.es. De esta forma, apunta al “blindaje” del inmueble que supone la nueva norma madrileña frente, no solo al procedimiento de declaración de Lugar de Memoria, sino a toda la Ley de Memoria Democrática en general. “El ejercicio de las competencias del Estado en materia de memoria no resulta incompatible con el desarrollo ordinario de las funciones institucinales autonómicas ni de la utilización de los inmuebles destinados a ello”, añade el texto.

En línea con la respuesta al requerimiento de la Comunidad de Madrid que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado enero, el informe apunta a que “no cabe afirmar relación directa entre la declaración” del edificio como Lugar de Memoria “y el menoscabo de las competencias autonómicas”. Hacía hincapié entonces el Ejecutivo que el ministerio “se ha limitado” a seguir “el procedimiento establecido” en una ley que ha sido “dictada con fundamento en la Constitución”, lo que consiste, de momento, en la incoación del procedimiento.

Por su parte, el PP madrileño ha apelado durante estos meses a los varios usos que ha tenido la Real Casa de Correos –por ejemplo, fue también sede del Ministerio de Gobernación durante la Segunda República– para oponerse frontalmente a la declaración y asegura que “en la memoria de los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula” con las campanadas o con el Kilómetro 0 y ya es “un símbolo de concordia para todos”. Además, define como un “aquelarre” la insistencia del Gobierno, al que acusa de intentar “manchar el buen nombre de la Comunidad de Madrid”.

La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Víctimas y asociaciones memorialistas llevan años reclamando que allí se instale una placa que cuente también esta parte de su pasado al igual que ocurre con otros hechos. Y es que la Real Casa de Correos ya cuenta con tres placas conmemorativas: una que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.