La propuesta del Ministerio de Sanidad de prohibir ejercer en la privada a los jefes de servicio solivianta a los médicos
Es un “tema gordo”, un “asunto lógico”, un “debate manido y antiguo”, opinan varias fuentes. La discusión ha regresado a los titulares en los últimos días, pero esta vez a raíz de la propuesta del Ministerio de Sanidad: ¿el personal médico que ocupa las jefaturas de servicio de los hospitales públicos debería tener cortapisas para ejercer en la sanidad privada?
El departamento que dirige Mónica García considera que sí, que debe estar prohibido; una medida que, sin haber tomado aún forma legal, ya ha soliviantado a los médicos. A García se le han echado encima la mayoría de agrupaciones en cuestión de días: sindicatos de clase, médicos y colegios de profesionales que no aprueban incluir esta cláusula–no para todos sino solo para estos cargos de mando intermedios– en la reforma de la ley de Estatuto Marco, la 'carta magna' de las condiciones laborales del personal sanitario. Este miércoles se celebra la primera reunión formal del Ministerio con el sector para abordar el nuevo anteproyecto de ley. El texto no se ha tocado desde el año 2003. Las limitaciones a los jefes de servicio es una de las medidas más polémicas pero no la única sobre las que hay quejas.
La exclusividad resulta incómoda en un ecosistema en el que es frecuente que los profesionales compaginen su trabajo en el Sistema Nacional de Salud y en clínicas fuera de él al margen de su jornada laboral. Está permitido en todas las comunidades, pero ya existen algunas que lo impiden. Es decir, la medida propuesta por Sanidad no es nueva del todo: Navarra o Extremadura blindan la exclusividad para sus jefes y jefas de servicio desde la primera década de los 2000, confirman sendas consejerías de Sanidad. Hacerlo a nivel nacional es un paso más.
No hay datos de cuántos facultativos ejercen en la sanidad pública y también en la privada. “Solo algunos colegios provinciales tienen muy bien actualizado el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, donde se recoge la situación de cada uno, dónde trabaja y cuántas horas”, explica Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud. El proceso de recopilación de datos se inició hace una década por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pero está siendo lento y costoso.
Las estimaciones que hace la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) sitúa en un 40% el porcentaje de profesionales que combinan su actividad, con muchas diferencias en función de la especialidad y la región. Por ejemplo, el 56% de los facultativos del Colegio de Médicos de Barcelona trabajan más de 40 horas a la semana por tener un segundo trabajo, recoge el informe Sespas de 2024, que asegura que hay “casos de médicos que, habiendo firmado la exclusividad, realizan labores asistenciales privadas ante la falta de control de la Administración”.
La ley que regula las incompatibilidades del personal de las administraciones públicas es antigua, de 1984, y respeta el ejercicio de las actividades privadas siempre que no impidan ni menoscaben el cumplimiento de las públicas. “Al amparo de esta ley, y basándose en un déficit de facultativos en España, las administraciones públicas han permitido que los médicos dediquen horas adicionales a trabajar en centros privados. Para contrarrestar el atractivo sobresueldo que la sanidad privada ofrecía, las comunidades autónomas optaron por compensar a aquellos empleados públicos que trabajaran estrictamente su jornada con un complemento de exclusividad”, apuntan desde Sespas para explicar cómo se ha llegado hasta aquí.
Las comunidades se pueden dividir en dos grupos: las que mantienen este complemento y las que no (algunas como Madrid lo tuvieron pero lo retiraron). Existe una gran diversidad en función del territorio. Algunas consejerías, como la gallega, han rediseñado el complemento de 900 euros brutos mensuales de manera que quien trabaja en la sanidad privada también lo cobra casi completo, salvo una pequeña parte que se retira. La propuesta inicial del Ministerio acompaña la incompatibilidad con la recuperación para toda España de este complemento.
Obligar a los jefes de servicio a elegir en un contexto de infradotación de recursos en el SNS que conduce a la precariedad y el agotamiento provocará que no pocos facultativos se planteen el ejercicio en el ámbito privado
Tres sindicatos médicos mayoritarios de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges de Catalunya) y Euskadi (Sindicato Médico de Euskadi) acusaron al Ministerio en un comunicado conjunto hecho público el martes de no escuchar las demandas que se trasladaron antes de verano y piden que todo lo que concierne a los facultativos se acuerde al margen de la negociación global del estatuto. “En lugar de ofrecer una mejora inequívoca de las condiciones de trabajo para que la sanidad pública sea el ámbito profesional de referencia y polo de atracción de talento, el Ministerio opta por la imposición, la prohibición y las restricciones con el objetivo de tener maniatados a los profesionales”. La queja abarca a varias medidas que el Ministerio pretende incluir en el estatuto marco relacionadas con las guardias, la clasificación profesional y los MIR, conocidas tras adelantar Redacción Médica un primer borrador.
Las organizaciones sindicales creen que obligar a los jefes y jefas de servicio a elegir en un contexto de “infradotación de recursos en el SNS que conduce a la precariedad, la presión asistencial y el agotamiento” provocará que “no pocos facultativos se planteen el ejercicio en el ámbito privado cuya necesidad de plantilla es creciente” por el aumento de los seguros privados. También muestran su oposición a otro punto del borrador del anteproyecto que retendría a los MIR en los cinco años posteriores al final de su formación en la sanidad pública y lamentan que las medidas limitadoras solo atañen a los médicos, y no a otros profesionales. “El estatuto marco supone un atropello inadmisible contra los médicos y la profesión médica, que merece nuestro rechazo más absoluto y nuestra oposición frontal”, resume en un artículo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
La retribución, en el centro
Uno de los argumentos es que si ya resulta poco atractivo ponerse a la cabeza de un servicio porque está mal retribuido y tiene responsabilidad, sostiene Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya, con este impledimento “lo será aún más”. El complemento, calculan los sindicatos, no suele superar los 400 euros mensuales. “Si los salarios fueran mejores, todo el mundo preferiría tener más tiempo libre o para conciliar”, apoya Ángela Hernández, al frente de Amyts, que asegura que “hay ciertas defensas de la sanidad pública que van a acabar con ella”. “Lo de la compatibilidad es un cebo pero el Sistema Nacional de Salud tiene un problema de gobernanza, de gestión y de profesionales. Y como no se aborden reformas más complejas y profundas esto no se va a sostener”, agrega.
Hay margen para la negociación, en opinión de González López-Valcácel. “Si finalmente se hace incompatible ser jefe de servicio y trabajar en la privada se podría exceptuar aquellos casos en los que no sea posible cubrir estos puestos. Una norma general que admita excepciones cuando no es posible cubrir las plazas”. La catedrática comparte que el despliegue de la carrera profesional es pobre en el Sistema Nacional de Salud en términos, al menos, económicos. “Desde que empiezan con 30 años hasta que se jubilan con 65, la retribución solo sube un 36%”.
La Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos de España, manifiesta una postura más sosegada. Al menos por el momento. Su presidente, Tomás Cobo, coincide en que lo primordial es que la sanidad pública sea un espacio “atractivo” de trabajo pero subraya que el texto está “en una fase aún muy preliminar”. “Parece lógico que quien tenga una responsabilidad superior tengan también que dedicar más tiempo; lo importante es que esté retribuida adecuadamente en tiempo de dedicación, en formación médica continuada y para desarrollar proyectos de investigación”, explica Cobo, que añade a renglón seguido que “lo restrictivo no es particularmente bueno”.
Liderar recursos humanos implica un compromiso de implicación con la red pública y con el equipo de profesionales y en mi opinión lo deseable sería que no trabajaran con la competencia
Pese a todos los argumentos, hay pocos profesionales que niegan que estas situaciones a veces generan conflictos de interés. “Lo hemos visto con el ejemplo del Ramón y Cajal: en la pública ven pacientes estratégicos y se preparan para lo que van a ver por la tarde, donde ganan un dinero más importante. O que haya pacientes que se hacen las pruebas diagnósticas en la privada y en la pública les ven los médicos”, pone como ejemplos más extremos Vicente Ortún, expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, en un posicionamiento publicado este miércoles, cree que la posibilidad de compaginar “es un salvavidas para la expansión de la privada” y que, además, “potencia las bajas retribuciones, tanto en el sector público como en el privado, porque unas y otras se hacen complementarias”.
“¿Tiene sentido trabajar para Movistar y para Orange?”
“¿Tiene sentido que quien trabaja para Movistar por la mañana lo haga por la tarde en Orange? Liderar recursos humanos implica un compromiso de implicación con la red pública y con el equipo de profesionales y en mi opinión lo deseable sería que no trabajaran con la competencia. Pero nos parece que lo lógico es el statu quo, cuando el jefe de servicio tiene una clínica privada y además se lleva allí a todo su equipo”, argumenta González López-Valcárcel.
Otra duda jurídica que manifiestan algunas de las voces consultadas es si la ley del estatuto marco puede fijar estas limitaciones. El Tribunal Constitucional falló en 2017 contra una medida similar impulsada por la exministra Carmen Montón cuando era consellera de Sanidad en la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana creó esta restricción al personal sanitario en la ley de acompañamiento de sus cuentas anuales de aquel y la aprobó con el apoyo de las formaciones que respaldaban al primer gobierno de Ximo Puig.
Mucho antes en Asturias, a principios de los 2000, se dispuso que el personal médico de la pública debía trabajar en régimen exclusivo. La medida estuvo en vigor diez años hasta que el Constitucional obligó a su derogación con el argumento de que era abusivo que el Gobierno regional decidiera el régimen de trabajo por el que la profesión debe regirse de manera obligatoria, recogió iSanidad.
Ante la reunión de este miércoles, la ministra de Sanidad ha advertido, en un vídeo publicado en X, que “cargar toda la artillería sobre propuestas y debates que están todavía por tener es la manera más rápida para dinamitar el proceso y demostrar las pocas ganas de demostrar en el Estatuto Marco y las muchas ganas de generar miedo entre los profesionales”.
Artículo elaborado con información de las ediciones de Galicia, Extremadura, Asturias y Navarra.
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