El Gobierno activa la expropiación de El Algarrobico amparándose en dos informes de la Abogacía del Estado

El Gobierno de España ha dado este martes un paso firme hacia la expropiación de El Algarrobico, al publicar en el Boletín Oficial del Estado la declaración de utilidad pública del terreno actualmente ocupado por el hotel que invade la playa. Se trata de 16.342 metros cuadrados de una parcela de la que es titular la promotora Azata del Sol y que el Gobierno se quiere expropiar en abierta discrepancia con la Junta de Andalucía, que mantiene que la vía más rápida para demoler el hotel ilegal es que se revise y anule la licencia de obra que el Ayuntamiento le concedió en 2003.

Por primera vez de forma oficial, el BOE de este martes recoge la intención del Gobierno, condensada en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero. Se declara la utilidad pública de la superficie situada en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre, en torno al 40% del total que ocupa el hotel y se perfilan los motivos que llevan al Ejecutivo a adoptar esta decisión, con la que pretende, dice, desenmarañar un asunto atascado a pesar de las variadas resoluciones judiciales que declaran la ilegalidad de la construcción. La superficie que está en zona de servidumbre es de 16.342 metros cuadrados, mientras que el total de la parcela de Azata del Sol ocupa 32.654.

Según recoge el Acuerdo, Gobierno cuenta con dos informes de la Abogacía del Estado, con fechas 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025, que amparan el inicio de un nuevo procedimiento expropiatorio.

Es una vía que ya se intentó en 2007 y de la que se desistió en 2009. Pero ahora sería distinto, según el Gobierno, porque en los 16 años transcurridos desde entonces se han dictado varias sentencias que cambian el tablero. En particular, en 2012 el Tribunal Supremo confirmó que el hotel está en zona de dominio público marítimo-terrestre, fijando una servidumbre de protección de 100 metros de anchura en ese tramo. En este tiempo, el Tribunal Supremo también ha dado validez definitiva al Plan del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que protege esos terrenos. Y varias resoluciones obligan a modificar el PGOU del Ayuntamiento de Carboneras, que calificaba el terreno como urbanizable, si bien el Ayuntamiento aún no las ha cumplido.

“Las administraciones autonómica y local no han sido capaces”

“Las diferentes sentencias recaídas han puesto de manifiesto que la finalización de las obras y la puesta en marcha del hotel ya no serán posibles puesto que se encuentra en terrenos no urbanizables de acuerdo con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural, invadiendo además parcialmente una zona de servidumbre de protección”, señala el documento, que recuerda que, pese a que desde 2021 existe una sentencia firme que ordena al Ayuntamiento que revise la licencia, este aún no ha iniciado los trámites.

El Estado es titular de la franja costera, de dominio público, y debe garantizar “tanto su integridad como uso público”, recuerda el Gobierno. “Las administraciones autonómica y local, hasta el momento, no han sido capaces de restituir la legalidad urbanística y medioambiental sobre los terrenos colindantes con al DPMT [sic] sobre los que se alza la edificación”, señala el Gobierno, que subraya sus competencias para “agotar sus posibilidades de contribuir” a la recuperación de la playa recurriendo a la expropiación.

Con todo, a la expropiación le queda aún un largo camino por recorrer. La Delegación del Gobierno debe cumplir el trámite de información pública que establece la ley y llamar a Azata del Sol para levantar acta de ocupación. Allí se comunicaría el justiprecio que la administración ofrece. No se sabe qué hará la promotora, que pretende una indemnización que la resarza por un hotel que dejó prácticamente terminado después de haber obtenido licencia municipal y hasta una subvención pública para construirlo.

Expropiación o revisión de licencia

El otro gran obstáculo viene, paradójicamente, de la discrepancia profunda que mantienen el Gobierno central y el autonómico respecto a qué camino hacia la demolición está más despejado.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez abrió la vía de la expropiación hace apenas un mes, con una comparecencia a pie de mole de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y futura candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía. El paso molestó profundamente al Gobierno de Moreno. El Gobierno central ha pedido al autonómico que expropie el otro 60%, pero por ahora en San Telmo no lo ven claro.

El Gobierno andaluz sigue defendiendo que la vía más rápida es persistir en la revisión de la licencia y, finalmente, en su anulación. En octubre, la consejera Catalina García llegó a decir que “en seis meses podría comenzar la demolición de El Algarrobico”. Es decir, en abril. Eso no se cumplirá. Hasta ahora, el único que puede anular la licencia es el Ayuntamiento de Carboneras, que ni siquiera ha empezado el proceso y cuyo alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ya ha dicho que podría llevarle hasta cinco años.

Existe la posibilidad de que los jueces lo hagan por él: la promotora y los ecologistas lo han pedido, pero la Junta de Andalucía no lo ve con buenos ojos, y presentó un escrito judicial pidiendo que sea el Ayuntamiento el que revise y anule la licencia, tal y como ha informado elDiario.es Andalucía.