EXCLUSIVA

La UE abre una investigación al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos tóxicos de una minera en Huelva

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), un órgano que atiende denuncias de ciudadanos ante las instituciones europeas, ha solicitado a la Comisión Europea que “lleve a cabo una investigación preliminar” al Gobierno andaluz por autorizar una balsa de residuos tóxicos próxima al municipio de Cortegana (Huelva).

El pasado 28 de agosto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente firmó la autorización ambiental unificada para la construcción de un depósito de desechos mineros, a cargo de la empresa Sandfire-MATSA, con una capacidad para 15 millones de metros cúbicos. En diciembre, el departamento de Industria también dio su visto bueno al proyecto. La ubicación elegida está a unos 500 metros de las casas de Valdelamusa, una pedanía de Cortegana, que enseguida empezó a movilizarse en contra.

En diciembre, la asociación Valdemusa Viva recogió 5.000 firmas de rechazo al proyecto de vecinos del entorno -El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora- y las presentó ante la Diputación de Huelva y la sede de la Junta de Andalucía en esta provincia, ambas instituciones gobernadas por el PP.

En paralelo, la misma asociación elevó una denuncia ante el Parlamento Europeo, alegando que la empresa responsable del proyecto prevé almacenar residuos de metales pesados que “exceden de los niveles de referencia permitidos por motivos de salud, como plomo, arsénico o talio, con riesgo para la población y con un impacto permanente sobre las aguas, las tierras y el aire”.

La Comisión de Peticiones es una suerte de ventanilla de atención al ciudadano europeo que ahora está presidida por el polaco Bogdan Rzonca, del partido conservador, y por la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, vicepresidenta de la institución. En una carta de respuesta a la denuncia de los vecinos de Valdelamusa, a la que ha tenido acceso este periódico, Bogdan confirma que ha requerido a Bruselas la apertura de una investigación, además de remitir el asunto a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del propio Parlamento Europeo.

Fuentes comunitarias confirman a este periódico que la Comisión Europea “tiene la obligación” de abrir una investigación, a requerimiento del órgano de Peticiones, para “evaluar si hay un posible quebranto de la legislación europea”. Si Bruselas confirma este extremo, el siguiente paso será remitir un requerimiento de documentación al Estado miembro -España- para profundizar en la investigación. En caso de no encontrar elementos suficientes, daría carpetazo al asunto. La Comisión Europea no tiene un plazo estipulado para responder, advierten las citadas fuentes.

Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran no haber recibido aún ninguna notificación con la inminente apertura de una investigación por parte de las autoridades europeas.

Dos directivas europeas: agua contaminada y residuos tóxicos

El escrito en el que se admite la denuncia contra la balsa minera ya anticipa hacia dónde puede discurrir la investigación, al hacer mención de dos directivas marco de la Comisión Europea: una sobre contaminación del agua y otra sobre la gestión de residuos. La balsa de tóxicos de Cortegana, según los demandantes, puede afectar al dominio público hidráulico en dos arroyos que están en una zona de especial protección ambiental.

Las directivas a las que alude la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recuerdan que los Estados miembros deben “reducir progresivamente la contaminación” de sus aguas naturales, les exige “garantizar”, en el caso de las aguas superficiales, que “se alcance el estado ecológico y químico más elevado posible, dados los impactos que no podrían haberse evitado razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o la contaminación”. La segunda directiva, más taxativa, “protege el agua de los residuos tóxicos, que clasifica como ”peligrosos“.

La capacidad del depósito de residuos que ha autorizado el Gobierno de Juan Manuel Moreno en la localidad de Cortegana triplica el volumen de desechos que arrojó la famosa balsa de lodos mineros de Aznalcóllar al romperse en 1998, inundando con materiales tóxicos el río Guadiamar (5,5 millones de metros cúbicos), que alimenta el Parque Natural de Doñana. Es un paralelismo que hicieron los vecinos de Valdelamusa en su reclamación ante la Eurocámara.

La asociación demandante se queja de que el Gobierno de Moreno no aceptó ninguna de las alegaciones procedentes de los vecinos ni de las organizaciones ecologistas que también se han opuesto frontalmente al proyecto, y pidieron que la balsa se reubicase “en otro lugar con menos impacto para la población”. La solicitud requería al Parlamento europeo que abriese una investigación y “protegiese a la población contra este proyecto”.

La normativa europea habla de “categoría A” cuando se refiere a desechos tóxicos de esta naturaleza. La balsa que prevé construir la empresa Sandfire-MATSA ocupará 130 hectáreas y para ello se talarán 36.000 pinos en las cercanías de la pedanía onubense de Valdelamusa. Los vecinos ven un alto riesgo en que la construcción “se ubique encima de un pantano de rescate que suministra agua a poblaciones del entorno y que llega al río Odiel”.

La balsa, “fundamental” para el futuro de la mina

En agosto, la Junta de Andalucía informó favorablemente de la modificación de la autorización ambiental unificada otorgada a Matsa para la construcción de una balsa confinada para la gestión de tailings, debido al final de la vida útil del depósito actual. El proyecto contempla el cierre de áreas superficiales a partir de estructuras de contención conformadas por rellenos de material suelto compactado.

Lo que quiere hacer MATSA (Mina de Aguas Teñidas SA) es excavar en medio de un pinar un gran depósito para desechos mineros. Los llamados tailings son los materiales que quedan del proceso de separación de la fracción valiosa (la mena) de la que se desprecia (la ganga).

La construcción de la balsa se prevé en dos fases, incluyendo como estructura de apoyo un dique central que aprovecha una elevación lineal del terreno anteriormente utilizado como pista de aterrizaje de un aeródromo que, según consta, nunca llegó a estar en uso. También se van a construir una serie de infraestructuras necesarias como tuberías de bombeo y línea eléctrica que afectan a los términos municipales Almonaster la Real y El Cerro de Andévalo.

MATSA considera “fundamental” esta infraestructura para ampliar su actividad minera en la provincia de Huelva. Solicitó una primera vez esta autorización en diciembre de 2022, pero no pudo tramitarse porque la empresa no completó la documentación. El 17 de mayo de 2023 se denegó el proyecto por esa causa. El 19 de mayo de 2023, la Junta recibió “nuevamente la solicitud”, como recogen los antecedentes de hecho de la resolución de la Delegación de Medio Ambiente que, en agosto de 2024, autoriza la construcción del almacén de residuos.

En la documentación que la empresa presentó a la Consejería de Medio Ambiente se destaca que “para la continuidad de la operación minera es necesario una instalación donde depositar los estériles, por ello [la balsa de residuos] es una instalación fundamental para la futura vida operativa de la mina”. Los desechos que se acumularán son estériles procedentes de una “fase de flotación” en la que se genera una mezcla de agua y mineral llamada pulpa.

Después son espesados antes de ser depositados en la balsa. Los residuos que se proyecta retener en el depósito tienen “una alta concentración de sulfuros y alto potencial generador de ácidos” así que se los considera como “peligrosos”, según la normativa, indica la documentación de la minera.

La Junta: “Sin un impacto severo o crítico”

La resolución ambiental de la Junta que autoriza el proyecto defiende que la balsa de residuos no generaría “un impacto severo o crítico” sobre los “factores ambientales” de los que enumera: atmósfera, geología, hidrología, vegetación, hábitats, fauna, población, infraestructuras, patrimonio cultural y paisaje. “Todos ellos en su mayoría [se ven] afectados de manera moderada o compatible”, detalla la resolución. Y añade que “la población resulta con un impacto positivo debido a la creación de empleo y actividades económicas en la fase de construcción”.

Sandfire MATSA defiende que la instalación para la gestión de residuos sería construida sobre suelos clasificados como suelo rústico de naturaleza común y, por tanto, “no afectaría a ninguna zona protegida y sería compatible con el planteamiento municipal”.