Formación, ¿conocimientos o negocio?

A veces me siento como un testigo de una transformación preocupante en el sistema educativo superior. Ya no se trata simplemente de la eterna discusión entre lo público y lo privado, sino de algo más profundo: si el objetivo primordial de una universidad es formar estudiantes con una meta clara, o si la formación se ha convertido en un mero negocio.

La universidad pública, siguiendo una trayectoria similar a la sanidad pública, se ha ido deteriorando, y, paradójicamente, se favorece a ciertos centros privados donde la calidad, me temo, ocupa un lugar secundario entre sus prioridades. Para muchos de estos últimos, su único fin es ser competitivos y favorecer a una élite con recursos económicos que pueda acceder a puestos de trabajo diseñados para ellos.

En sí mismo, esto no estaría mal, pero la alarma surge cuando este modelo es propiciado por las propias comunidades autónomas e incluso el Estado, cuya obligación debería ser la defensa de lo público. No son pocos los casos en que, algunas de estas entidades privadas son auténticos montajes que no cumplen los estándares académicos; donde parece importar más lo que se paga que lo que realmente se enseña. Lo vemos claramente con el auge de ciertos másteres, como el habilitante para ser docente.

Las universidades públicas ofrecen plazas limitadas a precios asequibles y con exigencia académica, mientras que las privadas proliferan con una oferta a medida, pero con costes que pueden ascender a miles de euros. Y lo más grave es que, en muchos casos, impartidos por personas sin una experiencia docente suficientemente acreditada, que convierten lo educativo en un fin económico. 

La falta de suficientes plazas en la universidad pública para estos másteres fuerza a muchos estudiantes a recurrir a las privadas, donde el aprendizaje no suele ser presencial, y con exámenes cuestionables por superficiales. Es un negocio redondo, donde se paga una cantidad considerable por un título, mientras que las prácticas, en muchos casos, se realizan en centros de secundaria de la red pública a coste cero para la universidad privada, con tutores de la pública que solo reciben agradecimientos.

La función primordial de la universidad pública debería ser la de servir de ascensor social, donde el alumno es un usuario con derechos, mientras que en la privada es un cliente que paga por una recompensa. Pero con la precarización de la universidad pública, parece que se está privatizando de facto el derecho a la educación. La proliferación de la oferta privada es una consecuencia de la insuficiencia de la oferta pública. Nada es generalizable, y existen universidades privadas sin ánimo de lucro, como Mondragón y Deusto, que son excepciones, e incluso proyectos privados consolidados con prestigio y calidad docente e investigadora. Pero la realidad es que la iniciativa del gobierno de coalición de intentar frenar este auge incontrolado de universidades privadas parece más que justificada.

Para contrarrestar este negocio, no basta con endurecer los requisitos para las privadas. Es imperativo regenerar la universidad pública, dotándola de profesores bien retribuidos, instalaciones en condiciones y recursos informáticos adecuados.

Solo una universidad pública de calidad podrá competir y ofrecer una alternativa real. Porque, seamos sinceros, “solo los idiotas no eligen lo mejor”. Y todo esto, mientras vemos cómo ciertas figuras públicas han obtenido títulos de manera cuanto menos cuestionable en algunas de estas instituciones privadas. Es un panorama complejo y preocupante porque es incierto el futuro de la educación superior y su papel social.

En la sanidad pública la excusa es que disponemos de poco tiempo para atender correctamente a los pacientes, y en la universidad pública la excusa para su deterioro es que no está financiada, pero no la arreglaría solo más dinero, sino un cambio profundo que evite que ellas también se conviertan en chiringuitos públicos, en frutos de su propia endogamia, y ese riesgo es real

No es una cuestión de pública o privada, sino de si el único objetivo es hacer un negocio de la formación, o si es formar alumnos con un objetivo diferente. Estamos hablando de cómo se ve afectada la calidad pública o de cómo se accede a títulos de manera fácil porque se dispone de recursos para ello. Es una cuestión de si estamos pisoteando el derecho a la igualdad a través de la formación universitaria.

En Castilla La Mancha no encontramos universidades privadas con sede en nuestra región, pero no son pocos los castellanomanchegos que cursan postgrado en universidades privadas online. Esto hace que este problema también nos afecte, aunque no tengamos ninguna sede entre nosotros. 

Hoy la universidad pública se dirige hacia ser intrascendente, y en parte es por sus propios errores. En la sanidad pública la excusa es que disponemos de poco tiempo para atender correctamente a los pacientes, y en la universidad pública la excusa para su deterioro es que no está financiada, pero no la arreglaría solo más dinero, sino un cambio profundo que evite que ellas también se conviertan en chiringuitos públicos, en frutos de su propia endogamia, y ese riesgo es real. No es la dicotomía pública o privada, sino la de conocimiento o negocio.