La nieta de un desaparecido forzoso del franquismo, tras no poder declarar en el juzgado: “Siento que juegan conmigo”

A Carolina Martínez le entraba un nerviosismo difícil de controlar cuando pensaba en la mañana del jueves 20 de febrero: iba a convertirse en la primera familiar de una víctima de desaparición forzosa durante el franquismo en testificar ante un juzgado español. Sin embargo, unas horas antes de tomarle declaración, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Paterna le comunicó la suspensión de la misma. “No me lo esperaba. Te quedas parada, no sabes cómo reaccionar, porque no esperas que unas horas antes te digan que no. Siento que están jugando conmigo, que están jugando con mis sentimientos y los de mi familia”, asevera.

“Es extraño”, sostiene Aradia Ruiz, abogada de la Cooperativa El Rogle, que forma parte del equipo jurídico de CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), entidad que denuncia que la magistrada ha argumentado que la paralización de la declaración responde a la falta de unos informes solicitados al Archivo Nacional y a la Asociación Científica Arqueoantro. En la querella se solicitó la declaración de Martínez, así como estos dos informes. “La jueza nos dijo en un auto que pedía las tres providencias, pero en ningún momento hacía saber que una era causal de la otra. Las pedía las tres en paralelo”, argumenta.

Para conocer las causas de esta paralización, Ruiz se presentó en la mañana del jueves junto a Lucila Aragó, miembro de Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme (integrada en CEAQUA) en los juzgados de Paterna. “Sabíamos que el informe de Arqueoantro estaba presentado desde el 14 de febrero. Y ha sido llegar y que nos dijeran que justo les acababa de llegar en ese momento. ‘Os pido disculpas’, ha sido su respuesta”, explica la letrada, que insiste que se podría haber tomado declaración a Martínez “independientemente de tener los informes o no”.

Carolina Martínez presentó en mayo de 2024 una querella por crímenes de lesa humanidad por el asesinato y la desaparición forzosa de su abuelo, José Manuel Murcia Martínez, que fue fusilado el 6 de noviembre de 1939 en el Terrer de Paterna. Permaneció 79 años en la fosa 94 del cementerio de la localidad valenciana, junto con otras 38 personas, todas ellas maniatadas y con un tiro en el pecho y otro en la cabeza. “Esta declaración era buena para todos. No solamente yo denunciaba el caso de mi abuelo, sino que era una denuncia, un pasito más, para todas las víctimas del franquismo”, destaca.

En 2018, después de un año y medio de trámites, el equipo de Arqueoantro comenzó los trabajos de excavación y exhumación de la fosa 94 del cementerio de Paterna. Y, tres años más tarde, los restos de José Manuel fueron identificados después de desenterrar a una de sus hijas para poder obtener pruebas de ADN válidas. Desde 2021, su cuerpo descansa en el cementerio de Castelló, junto a su mujer, Carolina Ródenas Ortiz. “Allí están juntos, que es lo que querían”, remarca Martínez, quien recuerda que su abuelo tenía 47 años cuando fue asesinado. De profesión jornalero, había sido concejal de Agricultura por el PSOE en el Ayuntamiento de Ayora y formaba parte de la UGT y la cooperativa agrícola del municipio. Detenido al acabar la guerra, sometido a un juicio sumarísimo y encerrado en la Cárcel Modelo de València, fue condenado a muerte por “adhesión a la rebelión”.

La nieta de José Manuel descubrió la historia de su abuelo a través de las palabras de su mujer, que nunca sucumbió al silencio impuesto por el régimen: “Cuando era pequeña, yo dormía todas las noches en la misma habitación que mi abuela. ‘Abuela, cuéntame más cosas. Y del abuelo, ¿me puedes contar algo? ¿Y por qué no está? ¿Por qué no está aquí con nosotros?’, le decía, y ella me contestaba que no podía estar con nosotros”. “De pequeña nunca me dijeron qué había pasado, pero después sí. Íbamos al cementerio de Paterna una vez al año y después yo he ido con mis hijos.

La memoria ha pasado de generación en generación“, rememora los años de lucha por conocer el paradero de aquel hombre hecho desaparecer.

“Romper el muro de impunidad”

La citación a Carolina Martínez a declarar ante la magistrada era “un paso adelante muy importante en el intento de romper el muro de impunidad, porque hasta ahora la inmensa mayoría de querellas han sido inadmitidas; prácticamente ninguno de los querellantes ha sido escuchado por ningún juzgado”, valora Aragó, para quien que “Carolina pudiera explicar delante de un juzgado lo que ha sido la historia de su familia y el asesinato de su abuelo era un paso importante incluso en el terreno de la reparación”.

La querella por la desaparición forzada y el asesinato de José Manuel Murcia Martínez, que fue presentada por Martínez junto a las querellas de otros tres familiares más, reclamando la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los asesinatos de Ulpiano Alonso Presa, Juan Pérez Gavidia, Miguel Pérez Gavidia y Fausto Viana Cañada, producidos también en las inmediaciones del cementerio de Paterna, se suma a las más de 115 querellas presentadas en el Estado español por distintos crímenes, como desapariciones forzadas, torturas o bebés robados, durante la dictadura franquista.

Todas ellas han sido inadmitidas a trámite, “a pesar de haberse producido en un contexto de represión generalizado y sistémico contra la población civil, lo que deja en total desamparo judicial a las víctimas”, señalan desde CEAQUA. Ruiz alude al caso de Julio Pacheco, primera víctima de torturas policiales del franquismo en declarar en un juzgado y relatar las torturas a manos de varios agentes en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en Madrid. La declaración de Julio Pacheco también fue suspendida, “en su caso a pie de puerta y ni siquiera el día de antes”.

“Alegaron que la jueza titular estaba de baja y la sustituta no quiso hacerse cargo. Cuando la magistrada volvió a su puesto, se puso una fecha para la declaración, pero después se acabó archivando”, subraya.

“Una nueva revictimización”

Ruiz y Aragó coinciden en que ahora “no queda otra que ser pacientes”. “Confiamos en que la jueza vuelva a llamar a declarar a Carolina. Tenemos claro que este es el camino y no vamos a dejarlo a pesar de las dificultades. Es el único camino que tenemos para avanzar en la conquista del derecho a la tutela judicial que nos corresponde”, declara Aragó, que manifiesta que espera que “las políticas públicas de este país nos apoyen en algún momento”. “Seguiremos adelante, y esperaremos a ver qué nos dice la jueza”, asegura Carolina Martínez.

La letrada de El Rogle añade que la jueza ha dicho que primero quiere recibir los dos informes “pero no es seguro que vuelva a citar a declarar a Carolina”. “Nos han comunicado que nos darán espacio para alegar y, después, decidirá si le toma declaración o no”, apunta, al tiempo que Lucila Aragó denuncia que “es duro por la situación de Carolina es muy dolorosa desde el punto de vista humano, como una persona que confiaba en que podía darse ese paso”.

“Esta paralización supone una revictimización. De nuevo, Carolina vuelve a sentirse desposeída de sus derechos fundamentales; y es una manifestación más de ese trato inhumano que vienen sufriendo sus familias desde hace más de 80 años, en que estas personas están sufriendo por una actuación de un Estado, que es el nuestro, que en su momento estuvo ocupado por un dictador, por una dictadura genocida”, censura Aragó, para concluir: “El Estado le debe a Carolina y al resto de las víctimas asegurarle al menos los derechos que le corresponden”.