Los solicitantes de asilo afectados por la DANA podrán pedir la regularización sin desistir antes de su petición de protección

Los solicitantes de asilo también podrán beneficiarse de la regularización excepcional para los afectados de la DANA sin tener que desistir previamente de su petición de protección internacional. La Secretaría de Estado de Migraciones ha emitido este viernes una comunicación a las oficinas de extranjería de las provincias afectadas por la riada para aclarar la aplicación de la instrucción aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros, que pretende conceder un permiso de residencia y trabajo excepcional a quienes estuviesen empadronados en los municipios afectados por las inundaciones.

“No se exigirá el previo desistimiento de la solicitud de protección internacional de las personas que se hallen en tal situación para acceder a uno de estos permiso”, zanja el director general de gestión migratoria, CelsoGonzález en la comunicación interna.

La nota aclaratoria ha sido enviada horas después de una reunión celebrada este viernes entre el jefe de la Oficina de Extranjería de la provincia de Valencia y varias ONG con el objetivo de responder a las dudas de las organizaciones sobre la aplicación de la medida. Desde la Oficina de Extranjería, dependientes del Ministerio de Política Territorial, se notificó a las entidades que los solicitantes de asilo podían acogerse a la regularización únicamente si abandonaban oficialmente su procedimiento de asilo.

“Es posible acogerse a este procedimiento, pero en todo caso, previamente a solicitar debería presentar la solicitud de desistimiento de su procedimiento de protección internacional que tiene en trámite actualmente. Si no es presentado dicho justificante, su solicitud será denegada”, indicó la oficina de extranjería por escrito a algunas de las organizaciones. No era así, según habían reiterado previamente fuentes de Inclusión a elDiario.es y a otros periodistas.

La confusión tiene que ver con la interpretación que el Ministerio de Inclusión realiza sobre la situación administrativa de los solicitantes de asilo, a los que no considera que estén en situación irregular ni regular, sino bajo una “estancia tolerada” mientras se estudia su solicitud de asilo. Con este enfoque, que proviene de una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo que no ha sentado jurisprudencia, el Ministerio ha justificado una penalización hacia los demandantes de protección internacional cuya solicitud sea denegada incluida en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que entra en vigor en mayo.

La nueva norma impedirá a los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada acceder a la vía de regularización del arraigo en igualdad de condiciones que las personas sin papeles, por lo que tendrán que permanecer en situación irregular un mínimo de dos años hasta poder optar a un permiso de residencia. Con ello buscan evitar el supuesto “abuso” que algunas personas hacen del sistema de asilo como vía para regularización, en vez como mecanismo de protección de quienes huyen de la persecución o el conflicto, según explican fuentes ministeriales.

Por esta razón, la Secretaría de Estado de Migraciones recalca en la nota interna enviada a las oficinas de extranjería que permitir a los solicitantes de asilo acceder al permiso de residencia extraordinario ligado a la DANA es de “naturaleza excepcionalísima y fuera del ámbito del régimen general de Extranjería de los permisos de residencia”.

La semana pasada, el Consejo de Ministros dio luz verde a la regularización extraordinaria a la que podrán acogerse miles de personas sin papeles afectadas por la DANA, después de más de tres meses en los que estos migrantes enfrentaban mayores obstáculos para salir adelante tras la riada sin poder acceder a las ayudas estatales de emergencia.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas más amplio con el que el Ministerio de Inclusión pretende evitar que las personas extranjeras afectadas por la DANA “sufran una mayor vulnerabilidad” debido a problemas ligados con su situación administrativa, por lo que también incluye prórrogas automáticas de algunas autorizaciones de residencia y trabajo, para evitar que miles de afectados caigan en la clandestinidad por culpa de las consecuencias del temporal.

La regularización extraordinaria beneficiará en concreto a los migrantes o solicitantes de asilo que estén empadronados en los municipios afectados por la DANA o aquellos que tuviesen una cita para registrarse en el padrón hasta el 4 de noviembre de 2024. La exigencia del padrón ha recibido críticas de una veintena de ONG, pues argumentan que muchas personas sin papeles encuentran numerosas trabas para realizar dicho trámite. “Si no se atienden estas demandas, esta iniciativa destinada a contrarrestar la desprotección de las personas en situación administrativa irregular, dejaría por fuera a aproximadamente 14.000 personas”, han alertado esta semana en un comunicado.

Los solicitantes de asilo afectados por la DANA que no tenían la certeza de recibir una respuesta positiva a su petición, pero aún no tenían una negativa, se encontraban en tensión ante su futuro. La disposición adicional con la que el Gobierno permite dar un plazo a los solicitantes para poder acceder a un permiso de residencia, solo deja acogerse a ella si tenían una respuesta denegatoria en firme, lo que dejaba fuera por el momento a miles de personas que aguardan la respuesta de su petición ante los constantes retrasos del Ministerio del Interior en el estudio de las solicitudes,

Es el caso de Nilka, solicitante de asilo colombiana que trabajaba como cuidadora interna cuando se produjeron las inundaciones. Ella y su hija salvaron al anciano al que atendía pero, semanas después, perdió su trabajo y se quedó sin apenas ayudas al no estar contratada. Aunque tenía permiso de residencia y trabajo como demandante de protección, el nuevo reglamento la empujaba a la incertidumbre porque, en caso de recibir una respuesta negativa de su petición una vez finalizado el plazo establecido por el reglamento, podría verse abocada a esperar dos años en la irregularidad hasta volver a tener la oportunidad de pedir una autorización de residencia y trabajo.

“Me acaban de dar la tarjeta roja (el documento oficial de residencia y trabajo de los solicitantes de asilo), pero ojalá pueda optar a lesta regularización, porque con el nuevo reglamento me quedaría dos años en negro, y no puedo permitírmelo”, decía a elDiario.es hace unos días la mujer, que no ha dejado de trabajar desde su llegada a España. Tras aclarar sus dudas, después de días sin saber qué debía hacer, ha celebrado la noticia: “Qué felicidad. Gracias a esta regularización mi hija y yo tendremos un mejor futuro”.