El 99% de las inmobiliarias discriminan a extranjeros: “Por whatsapp todo iba bien, al oír mi acento empezó a poner 'peros'”

Rosbelys había encontrado un piso en el que vivir con sus dos hijos. El inmueble encajaba con lo que buscaba y ella cumplía con los requisitos del anuncio. Las conversaciones por whatsapp para gestionar una visita e intercambiar información con el propietario eran fluidas. La mujer superaba la carrera de obstáculos que supone acceder a un alquiler: tenía un empleo, era económicamente solvente y podía conseguir un aval. “Por mensaje todo iba bien, pero cuando hablamos por teléfono y escuchó mi acento, comenzó a poner 'peros' a todo. No me cabe ninguna duda de que fue porque soy latina”, explica.

El caso de Rosbelys, venezolana de 40 años, no es único. Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han enfrentado a estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio, realizado por Provivienda, arroja otra serie de datos que muestras que la crisis residencial se recrudece para aquellas personas que cargan con estereotipos y prejuicios. Y va a peor.

“En 2020 [cuando se publicó el primer informe], los datos ya eran preocupantes y reflejaban con contundencia que el acceso a la vivienda en alquiler para las personas migrantes estaba marcada por diferentes formas de discriminación”, indica la directora de la entidad, Gema Gallardo. En un contexto de crisis habitacional y precios disparados, aquellos reflejos son certezas, con prácticas discriminatorias más sutiles o difíciles de señalar, como un encarecimiento selectivo, la exclusión de ciertos perfiles en función de su origen o la negativa a ofrecer información o alternativas.

Ibrahima tenía 12 años cuando llegó a España desde Guinea. Venía sin sus padres y su familiar de referencia más cercano estaba en Francia. Ahora tiene 21 y trabaja como técnico de mediación en el mismo centro en el que creció y que tuvo que abandonar a los 18. “Al salir me fui a un centro de mayores, en el que podemos estar dos años, mientras buscas piso, trabajo...”, explica. Él cumplió: encontró un empleo y comenzó a rastrear plataformas de alquiler con dos amigos para poder independizarse. “El problema es que creen que no les vas a cuidar la casa, que la vas a destrozar. Algunos te ponen un precio en el anuncio y cuando llamas y te preguntan de dónde eres, te lo suben, te dicen que ya no está disponible o que ya te llamarán, pero nunca vuelven a llamarte”, relata sobre su experiencia.

Los testimonios de Rosbelys y de Ibra muestran que la discriminación no se produce por motivos económicos. “Yo tengo mi nómina, contrato indefinido... y aun así te dicen que no. Si para los españoles es complicado encontrar vivienda, imagínate si eres africano”, dice él, que buscaba un piso en el que vivir con otros dos amigos: “Cuando llamábamos decíamos que éramos tres, que teníamos tres nóminas buenas, que podíamos dar garantías. Pero era que no, no y no”.

“Que tú quieres perfil nacional, pues nacional”

Para su investigación, Provivienda realizó dos ejercicios en las ciudades de Madrid y Barcelona. Por un lado, realizaron un centenar de llamadas a agencias inmobiliarias haciéndose pasar por propietarios que querían poner una vivienda en alquiler pero con la intención de excluir a posibles inquilinos extranjeros. “En casi la totalidad de las llamadas (99%) en las que se plantean cláusulas racistas a la hora de ofrecer un piso en alquiler en Madrid y Barcelona, los agentes inmobiliarios las aceptaron”, indica el informe.

Algunas de las respuestas, recogidas por la entidad, evidencian lo normalizadas que están dichas prácticas racistas en España: “Que tú quieres perfil nacional, pues nacional”; “Sin ningún problema, muchas personas nos lo piden. No se va a poner en el anuncio obviamente, pero sí”; “Si viene, por ejemplo, un sudamericano, tú no le puedes decir ”no te podemos alquilar porque el dueño no quiere latinoamericanos“, pero si no quieres, nosotros lo hacemos, claro. Así ha sido siempre”. “La mayor parte de las inmobiliarias han aceptado claramente un bloqueo absoluto del acceso de las personas de origen extranjero”, indica la responsable de investigación de Provivienda, Elena Martínez.

La ley de Igualdad de trato y no discriminación, aprobada en julio de 2022, establecía mecanismos para luchar contra estas prácticas racistas y xenófobas. “Quizá pensemos que no contamos con herramientas legales, pero no es cierto”, indicaba Juande Gómez, que es trabajador social del programa de no discriminación de Provivienda, que lamentaba, sin embargo, que “es muy importante que las autoridades tomen parte, porque sin una implicación institucional no vamos a revertir este problema”. Por ejemplo, desde la entidad reclaman que se dé trámite a la autoridad independiente, un organismo que regula esta norma, y que “podría hacer ese trabajo [de control] por parte de la administración, iniciar investigaciones y pedir a las autoridades competentes que se pongan manos a la obra”.

Por otro lado, el equipo realizó 300 pares de llamadas a diferentes anuncios e inmobiliarias. Primero llamaba una persona con acento extranjero e, inmediatamente después, otra con acento español. En estas dos zonas tensionadas, encontrar piso es un reto para cualquiera, pero hay diferencias llamativas: a las personas extranjeras se les dice que el piso no está disponible en el 47% de los casos, frente al 31% de los perfiles españoles. Esta es la media, con una brecha que se estrecha en Madrid (37% frente al 29%) y se dispara en Barcelona (57% frente al 33%). Además, solo al 15% de las llamadas con acento extranjero se les ofreció una alternativa, frente al 30% del resto de casos.

Esa diferencia de propuestas alternativas está relacionada también con la segregación. “El hecho de que ofrezcan a una persona más perfiles [de vivienda] que a otra tiene que ver con la variedad de territorios”, indica Martínez. Precisamente, a las personas inmigrantes se les ofrecen viviendas en alquiler en zonas más alejadas o donde ya hay poblaciones grandes de extranjeros. “A mí nunca me han dado otra alternativa”, explicaba Irene durante la presentación del informe, este martes. En 2016 tuvo que dejar la vivienda en la que vivía con sus tres hijos y embarazada de 7 meses porque su casero quería venderla, pero el mismo día de la mudanza vio entrar a otra familia. Encontrar otro piso por su propia cuenta fue imposible.

Irene vive actualmente en un piso de la bolsa de mediación en alquiler de Provivienda, en Fuenlabrada, a dos horas de su centro de trabajo. “Estamos muy afectados, porque mis hijos tienen que cambiar de cole cada vez que nos mudamos y, como madre, me asusto mucho por el futuro”, explicaba.

Olga Navarro, adjunta al director general de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reconocido que “el acceso a la vivienda de las personas migrantes dista de ser equiparable al de las nacionales”. Y esto tiene “una importancia absoluta” en la actuación de este departamento porque, “a pesar de que ya son siete millones las personas extranjeras en nuestro territorio, la mayoría plenamente integradas en el mercado laboral y que se reconocen como un elemento fundamental en nuestro sistema socio demográfico, todavía este acceso igualitario a servicios básicos sigue estando lejos de los umbrales necesarios para cumplir con la verdadera igualdad”. Precisamente, la ministra Elma Saiz presentó en febrero el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, en el que se constata que el acceso a la vivienda de la población extranjera sigue siendo una barrera.