Reconocen como víctimas de violencia policial a los cuatro asesinados a tiros en la emboscada de Pasaia en 1984

El Gobierno vasco ha reconocido como víctimas de violencia policial a los asesinados en la denominada emboscada de Pasaia de 1984, Dionisio Aizpuru Arbelaiz, Pedro Mari Isart Badiola, Rafael Delas Aizkorbe y José María Izura Sanz. Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 1984. Las Fuerzas de Seguridad del Estado dispararon 113 veces al menos a esas personas, a las que se acusaba de ser miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA que unas pocas semanas atrás había asesinado al senador y parlamentario socialista Enrique Casas. Se entiende ahora que fue una “ejecución extrajudicial” y que el Estado -entonces Felipe González era presidente- no la investigó de modo diligente, con un archivo inicial a los pocos meses de los hechos y una reapertura en 2000 que quedó en nada en 2004, así como con una resolución desfavorable del Tribunal Constitucional.

Esta semana se efectuará el reconocimiento oficial, al calor de la ley autonómica que complementa a la de víctimas del terrorismo (de ETA o del GAL, entre otros) o a la de memoria histórica para los represaliados en la Guerra Civil y en la dictadura. Eso sí, este periódico ya reveló en 2023 la existencia de un informe que apuntaba en esta dirección. El lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió disculpas porque estaba prometido para 2020 y tardó tres años en hacérselo llegar a las familias.

“Las autopsias, la ausencia de pruebas que determinaran el uso de las armas por los cuatro jóvenes acribillados, las evidentes contradicciones en el relato oficial y los testimonios y datos periféricos que las ponen objetivamente en duda junto a la constante negativa por parte de las autoridades policiales a revelar la identidad de los agentes responsable de ordenar y/o participar materialmente en los hechos, así como sus repetidas maniobras para demorar, obstaculizar y ocultar las informaciones requeridas en el proceso son todos factores que acumulan un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial. La propia pericial médica que acompaña este expediente constata asimismo elementos que confirman y aumentan el estándar de probabilidades (tiros de gracia, número, tipo y trayectoria de proyectiles, ausencia de investigación y de indicios de enfrentamiento), para determinar la existencia de una ejecución extrajudicial”, se entiende sobre este caso. Además, tres víctimas recibieron tiros “en la nuca”, lo que da a entender que fue una “acción deliberada” o “planificada”. “La privación de la vida fue intencional”, se argumenta.

Además, se insiste en que “la investigación del caso es deficiente al no haberse practicado el examen de la escena, el acto de levantamiento de cadáver es deficiente, ni se practica el examen de la ropa ni estudios criminalísticos ni de balística”. “Ni tampoco se practicó estudio de residuos de disparo en las manos de la víctima. Esta ausencia de actividad probatoria pone muy en tela de juicio que las personas de la embarcación llegaran a usar sus armas de fuego. La ausencia de una actitud proactiva en el impulso de la investigación judicial se infiere con claridad. Lejos de mantener una actitud proactiva para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía se opone prácticamente siempre a la práctica de cualquier diligencia de investigación dirigida a la identificación de los agentes que participaron en el dispositivo y a la aclaración de los hechos acaecidos en Pasaia el 22 de marzo de 1984”, se concluye.

“Han sido 41 años muy largos. Un camino duro, muy doloroso. Los padres se han muerto con esa pena [de no haber recibido el reconocimiento]. En la vía judicial se nos han cerrado todas las puertas. Ha costado pero es satisfactorio. ¿Tarde? Claro. 41 años. Pero es satisfactorio. Luchando siempre se consiguen cosas”, ha afirmado en Euskadi Irratia Arantxa Isart, hermana de una de las víctimas reconocidas.