Una encuesta revela que los ciudadanos de la UE quieren contratos públicos con empresas que fortalezcan salarios

Una encuesta a escala europea encargada por UNI Europa a la que ha tenido acceso elDiario.es revela que una gran mayoría de los ciudadanos consultados (72%) está a favor de que la contratación pública fortalezca los medios de vida de los trabajadores a través de la promoción de la negociación colectiva. En España, cuatro quintas partes de los ciudadanos (81%) apoyan esta idea. 

La encuesta se produce cuando la Comisión Europea se propone reformar las normas de contratación de la UE que rigen la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas. Según datos de UNI Europa, la mitad de todas las licitaciones públicas en la UE se adjudican únicamente en función del precio más bajo, “a menudo debido a las normas de contratación”.

Los resultados de esta encuesta revelan que el 65% de las personas consultadas quiere que los contratos públicos se adjudiquen en función del precio, la calidad y los criterios ecológicos y sociales de las empresas. Entre esos criterios, los salarios y las condiciones de trabajo son la principal prioridad, y el 46,4 % de los encuestados afirma que éstos justificarían un precio más alto.

Además, el 83% quiere que se excluya a las empresas antisindicales y que pagan mal y el 72% son partidarios de que las autoridades públicas den prioridad a las empresas con convenios colectivos. La proporción de ciudadanos que defienden que las licitaciones públicas tengan en cuenta factores distintos al precio ha aumentado significativamente -del 52% al 65%- desde una encuesta similar realizada en 2011.

En España, las personas encuestadas muestran un apoyo superior a la media europea. El 81% está de acuerdo en que las autoridades deberían dar prioridad a las empresas con convenios colectivos en los contratos públicos y el 88% cree que las autoridades deberían excluir de los contratos públicos a las empresas que destruyan sindicatos o paguen mal a sus trabajadores.

El sondeo, realizado por la empresa de encuestas independiente Opinea, recogió respuestas de más de 6.080 personas en seis países europeos: Alemania, Chequia, España, Francia, Irlanda y Polonia. Esta iniciativa llega poco después de la publicación de una carta abierta en la que más de 100 economistas de renombre internacional, como Thomas Piketty o Isabella Weber, critican el “enfoque dominante en el precio más bajo en las licitaciones”, apoyando las demandas de una reforma que “fortalezca la negociación colectiva”.

En este sentido, desde el sindicato europeo de servicios UNI Europa, que representa a 7 millones de trabajadores, destacan que “la Comisión Europea debería escuchar a los votantes europeos: el dinero público debe apoyar empleos de calidad, no a empresas que socavan la competencia leal y destruyen sindicatos”, y añaden que “la mejor manera de hacerlo es dando prioridad a los empleadores decentes que tienen un convenio colectivo con sus trabajadores”.

Oliver Roethig, secretario regional de este sindicato, destaca que esto supondría “un avance en el objetivo de la Comisión de simplificar las normas: unos criterios de calidad claros, como el respeto de los convenios colectivos, no solo reducirán la burocracia, sino que mejorarán la remuneración y las condiciones de los millones de trabajadores del sector servicios de Europa”.