¿Está en peligro la Primera Enmienda? Así amenaza Trump la libertad de prensa, de expresión y de protesta

Unas horas después del arresto de Mahmoud Khalil, un joven graduado de la Universidad de Columbia, el decano de la Escuela de Periodismo no podía decir en público su nombre. “Por razones legales”, explicaba este lunes en un auditorio de Oxford Jelani Cobb, periodista del New Yorker y líder de la facultad de referencia en Estados Unidos. Por protección de la privacidad del graduado o celo en cada paso por el proceso legal que se avecina, Cobb hablaba sobre la “persona de la comunidad”, midiendo cada palabra sobre lo que había pasado.

En menos de dos meses de Gobierno Trump, las batallas sobre la libertad de expresión se acumulan. Uno de los casos más notables es el veto contra la agencia de noticias AP por utilizar “golfo de México”, en aplicación de su libro de estilo, para referirse al nombre aceptado en el mundo de esta cuenca oceánica que Trump ha rebautizado. El arresto de uno de los líderes de las protestas contra la guerra de Gaza en el campus de la Universidad de Columbia puede ser ahora otra gran batalla en los tribunales. Este litigio para intentar deportar a un residente legal en el país tiene múltiples implicaciones.

“Parece que las protestas de la primavera pasada fueron fundamentales para el caso que Estados Unidos está presentando sobre la revocación del visado y el permiso de residencia. Y, si es así, esa es una clara provocación contra la Primera Enmienda”, contestó Cobb a la pregunta de elDiario.es sobre si está en peligro la enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión, de prensa y de protesta, después de dar el discurso anual del Instituto Reuters para el estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford. “Hay partes del Derecho sobre la Primera Enmienda que no se han resuelto y están en el centro de lo que estamos viendo en este momento”. 

El decano y el resto de la Universidad están viviendo momentos de tensión después de que la Administración Trump anunciara la semana pasada que retira 400 millones de dólares de ayudas federales a Columbia -la mayoría subvenciones dedicadas a la investigación médica- como castigo por supuestamente no luchar contra el antisemitismo. Este lunes, el Departamento de Educación anunció en una carta enviada a 60 universidades que están “bajo investigación”. El Gobierno también ha amenazado con castigar a universidades que tengan programas para incentivar la contratación o aceptación de estudiantes de minorías étnicas, religiosas o de otro tipo. 

El graduado

Khalil, un sirio de origen palestino de 30 años, se graduó en Relaciones Internacionales en Columbia y desde 2024 es residente permanente del país. También fue uno de los líderes de las protestas pro-palestinas y de la acampada que bloqueó el campus durante semanas, hasta su desalojo policial. En al menos una ocasión, fue uno de los mediadores con la Universidad e hizo de portavoz ante la prensa. 

Se graduó en diciembre, pero seguía viviendo en una casa propiedad de la Universidad con su esposa, ciudadana estadounidense y embarazada ahora de ocho meses. Khalil fue arrestado allí el sábado por la noche por agentes de la fuerza migratoria y enviado a una prisión de Luisiana. No está acusado formalmente de ningún delito y su abogada no ha conseguido justificación clara de su detención, pero tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el presidente de Estados Unidos aseguran que se trata de la aplicación de una orden de Trump para perseguir a personas que “hayan liderado actividades alineadas con Hamás”, aunque no hay rastro de ninguna relación de Khalil con el grupo considerado terrorista por Estados Unidos y la UE. En un post en redes sociales, Donald Trump sólo se refirió a las protestas en las que había participado en el campus de Columbia. “Este es el primer arresto de otros muchos que vendrán”, publicó su cuenta. 

Según adelantó el New York Times y confirmó este martes la portavoz de la Casa Blanca, el Departamento de Estado apela a una ley de 1952 para detener y deportar a ciudadanos extranjeros incluso aunque tengan el derecho legal de vivir y trabajar en el país, como es el caso de Khalil, si el secretario de Estado considera que “su presencia o actividades” pueden tener “consecuencias adversas para la política exterior”. Trump ya apeló en su primer mandato a esta ley -producto de la Guerra Fría y que se utilizó en los años 50 contra inmigrantes judíos- para intentar en 2017 prohibir la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El razonamiento ahora, según dicen fuentes gubernamentales al New York Times, es que las protestas contra el Gobierno israelí contradicen el objetivo de luchar contra el antisemitismo en el mundo del Departamento de Estado. 

Durante las protestas en primavera, en las que también participaron personas de fuera del campus, hubo múltiples episodios de vandalismo y ataques verbales y físicos aislados contra estudiantes judíos. Columbia abrió a Khalil un expediente disciplinario por “mala conducta”, según la agencia de noticias AP, y, según él, estaba basado sobre todo en posts de redes sociales que no había escrito. Pese a esto, el estudiante pudo graduarse en diciembre, y no hay acusaciones de que hubiera participado en actos violentos. Una asociación de estudiantes judíos de Columbia asegura que colaboró a la intimidación de otros estudiantes y ayudó a ocupar el campus.

La defensa de la Primera Enmienda

Un juez federal ya ha ordenado a la Administración Trump traer de vuelta a Khalil a Nueva York para examinar en una audiencia este miércoles la petición de revocación del permiso de residencia, y se espera que este sea el comienzo de una batalla judicial que puede acabar en el Tribunal Supremo y ser uno de los casos que diriman hasta dónde llega la protección de la Primera Enmienda. 

“El intento de revocar el permiso de residencia de alguien basándose en lo que ha dicho es profundamente preocupante desde la perspectiva de la Primera Enmienda”, explica a elDiario.es Katie Fallow, subdirectora del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia especializada en litigios. 

Fallow explica que el Supremo ha establecido protecciones de la libertad de expresión hasta para personas que están visitando el país con un visado de corta duración por ejemplo para dar una conferencia, pero se trata de un área del Derecho no tan desarrollada como otras. Si bien la experta dice que está claro que tener un permiso de residencia permanente (la green card o carta verde) ofrece protecciones como la Primera Enmienda, otros visados como el de estudiante o trabajo temporal podrían no hacerlo. La ley de 1952 que pretende utilizar la Administración Trump apenas ha sido utilizada y por ello también está poco probada en relación con la Primera Enmienda, que el Gobierno está atacando por varios frentes.

“Esta es sólo una de muchas acciones que ha tomado esta Administración y que amenazan la libertad de expresión”, dice Fallow, que cita el rastreo de “disidencia” en los campus, pero también la retirada de ayudas públicas para empresas que tienen políticas de igualdad, el castigo contra la agencia AP o la persecución de bufetes de abogados que han tomado posiciones contra Trump. “La ironía de un partido político y un Gobierno que dicen valorar la libertad de expresión mientras usan su enorme poder como amenaza de eliminar el discurso que no les gusta es realmente aterradora”, dice la experta.

El Instituto de la Primera Enmienda de Columbia ha hecho su propia declaración con una llamada a los administradores de la Universidad a ser más contundentes. 

“Arrestar y amenazar con deportar a estudiantes por su participación en protestas políticas es el tipo de acciones que uno habitualmente asocia con los regímenes más represivos”, dijo en una declaración tras el arresto. “Las universidades deben reconocer que estas acciones suponen una amenaza existencial para la vida académica en sí misma. Deben actuar para dejar claro que no se van a quedar cruzadas de brazos mientras la Administración Trump aterroriza a estudiantes y profesores, y pisotea los derechos individuales y el Estado de derecho”.

El liderazgo de la Universidad de Columbia ha guardado hasta ahora silencio sobre el caso del graduado. En un mensaje a la comunidad, la rectora interina (la anterior dimitió en agosto), Katrina Armstrong, dijo este lunes que “entiende el estrés” de estudiantes y profesores por la presencia de agentes federales de inmigración “en las calles alrededor del campus” y que está “trabajando” para “gestionar la respuesta”. Armstrong también recalcó que la Universidad siempre sigue la ley y desmintió el rumor de que líderes de la Universidad hubieran llamado a los agentes, que no pueden entrar en el campus ni en las casa de Columbia sin una autorización judicial. Varias organizaciones han pedido que las clases y los exámenes se hagan en remoto, pero la petición ha sido de momento denegada.

El viernes por la noche Armstrong era la firmante de un comunicado tímido tras el anuncio de la retirada de la ayuda federal por parte de la Administración Trump. En el texto, enviado a toda la comunidad de Columbia, la rectora insistía en su misión general, pero decía que se tomaba en serio las acusaciones de antisemitismo del Gobierno. 

Censura y autocensura

El reto a las universidades llega después de varios episodios de censura –la que ordena el Gobierno– y autocensura, la que practican empresas privadas de manera preventiva bajo el temor de represalias oficiales. 

La Administración ha purgado documentos públicos de palabras que considera controvertidas como “diversidad”, “género”, “mujeres”, “cambio climático”, “socioeconómico” o “barreras”, según una lista que está actualizando el New York Times. Las purgas de palabras no deseables han llegado al ridículo de identificar para el borrado fotos del Pentágono de Enola Gay, el avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945. El sistema había detectado por contener la palabra “gay” en una purga dirigida a eliminar las referencias a logros de mujeres o personas LGTBI, según desveló la agencia de noticias AP. 

Mientras la Administración elimina o intenta eliminar palabras también quiere obligar a los periodistas a emplear sólo las suyas. 

El uso del nombre golfo de México ha supuesto que la agencia AP sea excluida del grupo de prensa que acompaña a diario al presidente y registra sus movimientos y de las ruedas de prensa o los viajes. En respuesta, después de varias quejas formales sin éxito, AP ha presentado una demanda basada en la Primera Enmienda.

El acoso a AP también ha servido para atemorizar a otros medios y a sus periodistas, que ahora evitan referirse al golfo de México por su nombre reconocido hasta ahora. 

Hace unos días, en uno de los momentos más reveladores de la tensión en Estados Unidos, el presentador de la CNN Jake Tapper no quiso ni pronunciar estas palabras en una entrevista con el cómico Steven Colbert, que le invitó a cantar con él el primer verso de la canción Up On Cripple Creek de The Band que menciona el “Gulf of Mexico”. Tapper, incómodo, cambió el verso por “Gulf of America”. 

Ningún medio ha sido tan claro como AP por tener un manual de estilo público y que actualiza constantemente según la actualidad para orientar a sus periodistas y los de otros medios. 

El juicio de la historia

“Es extraño que cualquier medio, y ciertamente cualquier medio estadounidense, continúe asistiendo a las ruedas de prensa de la Casa Blanca o viajando con el presidente mientras un medio con ese prestigio ha sido bloqueado por tomar una decisión basada en un principio editorial”, dijo el decano Cobb en su discurso en Oxford. “La historia juzgará nuestra conducta en momentos como este”.

Cobb también criticó la “capitulación” de los propietarios del Washington Post y Los Angeles Times, que han cambiado sus secciones de Opinión para “ganarse el favor” del ahora presidente, y de ABC News, que ha preferido pagar un acuerdo extrajudicial para no seguir un litigio con Trump.

El decano, pese a las restricciones por lo delicado de un caso en que su universidad no se ha posicionado, también recordó al final de su discurso la retirada del dinero público y la detención del graduado. 

Y añadió: “Las instituciones se crean para codificar valores. Nuestras universidades, nuestros gobiernos y, sin duda, nuestros medios no sólo fueron concebidos para encarnar ciertos principios, sino para asegurar que se puedan preservar y transmitir de generación en generación. Los valores están destinados a guiarnos en tiempos difíciles; en tiempos fáciles, ya sabemos qué hacer. La paradoja, por supuesto, es que en el momento en que estableces algo basado en principios, te enfrentas a la pregunta de cuándo cederás por conveniencia”. 

Recordando una conversación con una profesora experta en la persecución de Joseph McCarthy en las universidades en los años 50, Cobb mencionó una de las lecciones de aquella época oscura para la libertad de expresión en Estados Unidos: “La capitulación nunca resultó en salvación. De hecho, solo pareció envalentonar a los antagonistas más fervientes. Así pues, nos enfrentamos a una vieja paradoja: la de quienes intentaron salvar la casa del fuego, pero sin darse cuenta la dejaron perecer en la inundación”.