A finales de la década de los setenta y comienzo de los ochenta del siglo pasado, en Murcia, el diario El Alcázar, órgano oficial de la Confederación Nacional de Excombatientes, que presidía el exministro franquista José Antonio Girón de Velasco, contaba con una muy ortodoxa corresponsal. Aquella mujer era una ferviente militante de Fuerza Nueva, en cuya revista también solía colaborar. Acudía a las diferentes convocatorias de prensa que se celebraban en los distintos organismos oficiales, en especial cuando hasta la capital llegaba algún alto cargo del Gobierno central. Su presencia casi nunca pasaba inadvertida, sobre todo por el cariz de sus preguntas, que todos podrán intuir. Recuerdo que era habitual que el responsable de prensa de turno, al tomar la palabra esta mujer, susurrara al oído del político interpelado el medio al que pertenecía la interpelante. Era algo así como, a modo de advertencia, un “no se asuste usted demasiado”.
Aquella mujer tuvo serios problemas con algunos compañeros de profesión, conflictos que llegaron incluso hasta los tribunales. Es el caso del entonces director del diario Línea, José Juan Cano Vera, periódico de la antigua cadena del Movimiento, quien llegó a querellarse contra ella por injurias. En 1977, la Asociación de la Prensa de Murcia decidió presentar contra esta mujer una querella criminal, acusándola de intrusismo y por sus continuos ataques a los periódicos locales y, en concreto, a algunos de sus profesionales.
He recordado estos episodios, tan lejanos en el tiempo, después de que, hace unos días, en Madrid, unos 80 periodistas que realizan su labor en el Congreso de los Diputados, expresaran públicamente en un comunicado su protesta por los “comportamientos inaceptables” de una serie de agitadores ultras acreditados en la Cámara Baja como representantes de medios de comunicación. Denunciaban estos profesionales de medios tan dispares como La Razón o la SER, los insultos, descalificaciones y señalamientos por parte de estos pseudo-informadores, más dedicados a agitar el avispero que a ejercer el periodismo como tal.
Pero esta es una circunstancia que no solo se produce en nuestro país. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus responsables de comunicación dieron entrada a blogueros, influencers y podcasters a las convocatorias de la Administración. Aseguraban que lo hacían en sintonía con el nuevo panorama mediático, pero ello ha ido en detrimento de los medios considerados tradicionales. Sin embargo, es sintomático que toda esta gente esté en la órbita del nuevo Gobierno de los Estados Unidos. Y que algunos ya apoyaran incondicionalmente al candidato republicano en campaña, sin disimulo por su parte. Hasta dónde ha llegado la situación lo comprobamos en los casos flagrantes de dos agencias de prestigio, como Reuters y Associated Press, que han sido excluidas de convocatorias presidenciales en favor de estos medios ultraconservadores.
Algo parecido está ocurriendo en Argentina con la llegada de Javier Milei. Un decreto publicado por la presidencia de la República deja en manos de los funcionarios públicos la capacidad de discernir sobre qué es una información de interés público y qué tendría carácter privado. En su particular guerra contra los medios, Milei no se ahorra epítetos: mentirosos, corruptos, esbirros y extorsionadores, es como califica a todo aquel que no baila a su son.
Parece que se ha abierto la veda y que nos precipitamos por una pendiente muy peligrosa para ejercer el periodismo en según qué lugares y foros. El veterano periodista Bob Woodward escribió hace años un libro sobre Trump relativo a su primer mandato. Miedo, lo tituló ya entonces. “El poder verdadero es el miedo”, le había confesado el mandatario estadounidense durante una conversación previa. “Para ser poderoso, tienes que apagarle los faros a la gente y manipularla”, concluyó Woodward tras enfrentarse a la bestia. El mismo que ya había advertido, para quien quisiera escucharle, que el mayor enemigo del periodismo era la indiferencia.
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