Los socios del Gobierno de Navarra y EH Bildu rechazan vetar por ley a profesores condenados por terrorismo

Los partidos que conforman el Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, además de EH Bildu han rechazado en el Parlamento foral las dos proposiciones de ley presentadas por UPN para vetar a profesores condenados por terrorismo. Los regionalistas pretendían reformar la norma para impedir que personas condenadas por terrorismo pudieran impartir clases tras conocerse que un expreso de ETA, sobre el que no pesa ninguna sentencia judicial que le impida ejercer la docencia, es profesor desde el pasado mes de enero en un instituto de Tudela. La propuesta, que suscitó dudas sobre su legalidad a la letrada mayor de la Cámara foral, Silvia Doménech, así como a los servicios jurídicos del Ejecutivo foral y al Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la comunidad foral, ha sido apoyada por UPN, PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En su propuesta de reforma de la ley, UPN proponía establecer como requisito específico para ser admitido a las pruebas selectivas de los puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad el no haber sido condenado por sentencia firme por terrorismo. Así, quien pretendiera el acceso a esos puestos de trabajo debería acreditar esta circunstancia mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados.

Cuando los regionalistas registraron la propuesta de reforma en el Parlamento, los socios del Ejecutivo de Chivite encargaron unos informes jurídicos a los letrados de la Cámara así como al consejo de Navarra. En ambos escritos los juristas pusieron en duda el encaje constitucional que podría tener la reforma dado que los cuerpos de docentes se rigen por una normativa estatal que Navarra no puede modificar.

Y ese ha sido el argumento esgrimido por los partidos que conforman el Gobierno navarro, así como por EH Bildu, para rechazar la proposición. A este respecto, la portavoz socialista Inma Jurío ha afeado a UPN que hayan llevado al Parlamento una ley que “causa inseguridad jurídica” y ha recordado que durante gobiernos de los regionalistas, “con ETA matando”, también había profesores que daban clases a menores. “Sin embargo no pudieron hacer nada, porque sabían que era ilegal, y no presentaron una ley como esta, porque sabían que era ilegal”.

Javier Esparza, de UPN, quien ha lamentado la ausencia durante el debate de la presidenta María Chivite, que se encuentra de viaje institucional en Bruselas, ha negado que la letrada mayor haya visto “un solo viso de inconstitucionalidad” en la propuesta y ha señalado que quien debe dictaminarlo es el Tribunal Constitucional. Así, ha asegurado que el rechazo de la norma por parte del PSN responde a no querer “molestar a EH Bildu”. “No quiero que a mis hijos les dé clase un terrorista y estoy seguro que los parlamentarios socialistas tampoco lo quieren”, ha solemnizado.

Esparza, además, ha cuestionado el criterio de los letrados y de los juristas del Consejo de Navarra asegurando que “ninguno es especialista” en derecho constitucional y ha afeado que uno de sus miembros, en referencia a Eduardo Santos, exconsejero de Justicia y Políticas migratorias del Gobierno navarro, “haya sido secretario general de Podemos” en la comunidad foral. “Actúa de una forma política”, ha señalado.

Desde EH Bildu han reprochado a UPN que con la reforma de la ley pretenda “excluir” y “enfrentar” a la sociedad y desde Geroa Bai han calificado la propuesta de “populista”. Miguel Garrido, de Contigo/Zurekin, ha ido más allá y ha asegurado que lo que pretende UPN “en el fondo” es “tratar de limitar el derecho a ser docente al conjunto de la izquierda abertzale”.