Cabeza de turco

Salomé Pradas recibió en julio de 2024 el encargo de hacerse con las riendas de la conselleria de Interior y Justicia, lo que incluía la gestión de las Emergencias y el 112, después de la abrupta salida de Vox de los gobiernos autonómicos a golpe de silbato de Abascal. Faltaban tres meses para que la peor riada del siglo asolara la provincia de València y la dejara a ella como imputada por la posible negligencia de no hacer nada eficaz para evitar 228 muertos.

Pradas acaba de decir a la jueza, que la ha citado a declarar como investigada, que se siente una “cabeza de turco” y que ella no tenía el mando único. Quizás lo tenía pero no lo sabía, dado que todos los decretos salían firmados con su nombre. Hay quien tiene la tentación de creer que se refiere a que su exjefe, Carlos Mazón, la ha puesto en el altar de los sacrificios para exculparse a sí mismo, ya que no dudó en señalarla como culpable de todo lo que pasó y lo que no se hizo, cesándola para ponerse él mismo el flotador infantil con el que todavía sigue intentando cruzar el Mediterráneo.

Pero si se sigue la trayectoria de Pradas es evidente que no está señalando hacia arriba, sino hacia abajo, algo de lo que ya ha dado pistas. La descarnada antipatía –es decir, la ausencia total de empatía– del president de la Generalitat ha hecho que se la colocara a ella, con un tono discreto tirando a invisible, como su antítesis. Fruto del dualismo moral, por el que se tiende a hacer juicios de forma binaria, parecía que Pradas, que lloraba con los periodistas y admitía estar mal, sí que sentía culpa o responsabilidad. Tiene derecho a una defensa, claro. Al parecer, también comparte con su exjefe la idea de que un gobierno político está para obedecer a los técnicos y que ser líder de una comunidad autónoma es inaugurar centros sociales y reunirse con lobbies.

Pradas fue apartada durante toda la crisis de las inundaciones de los micrófonos por orden del Palau de la Generalitat, tal era la desconfianza con la persona a quien tres meses antes se había confiado la protección de los valencianos en riadas o incendios. Se le permitió hablar un par de veces. En una de ellas mintió diciendo que la delegada del Gobierno no le había ofrecido llamar a la UME, con tan mala suerte que una cámara de TVE había captado el momento en el que lo admitía mientras hablaba por teléfono. La segunda vez que salió a hablar lo hizo ante la televisión autonómica, À Punt, donde dijo que no conocía el sistema de aviso ES Alert hasta las ocho de la tarde. Un audio de la reunión que desveló la SER más tarde demostró que en esto también había mentido. Dos de dos.

Pradas lo hizo todo mal aunque estaba donde debía, sin hacer lo que debía. Aun así fue cesada, pero ya ha dado pistas de que no va a tirar de la manta (“no se esperó a nadie”), al menos hacia arriba. Ha demostrado menos soberbia que Mazón, pero no hay que olvidar que asumió una responsabilidad enorme y en tres meses de desempeño de su cargo no se puso al día de los protocolos ni de la toma de decisión, ni se rodeó de un equipo que sí supiera de emergencias. No fue capaz de enviar un mensaje antes porque le pilló todo sin preparación y desprevenida. Aun así, siente que es una “cabeza de turco” del sistema al que aceptó pertenecer sin reparos pero sin hacer su tarea en julio de 2024.

El mismo día que su defensa se expresaba así para intentar que se libre de pagar por los fallecidos, Carlos Mazón hacía gala de seguir en su mundo, acusando de “no tener lo que hay que tener” al Gobierno central. Envalentonado y faltón pese a los ruegos del PP de que pase al menos 48 horas calladito. Al mismo tiempo, se hablaba alto y claro en la comisión de investigación de la DANA en el Senado, gracias a que el PP, además de llamar a una ristra de ministros que no tienen nada que aportar, llamó a dos ingenieros expertos en la rambla del Poyo, que demostraron que las comisiones de investigación sí sirven, sobre todo cuando se elige bien a los invitados.

Aunque las preguntas de los diputados populares iban encaminadas a que dijeran que la culpa era de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las respuestas fueron reveladoras y deberían atenderse. Hay que dejar de hablar de cañas –que no tuvieron nada que ver en la tragedia– y pedir una “panoplia” de actuaciones que incluyen tanto obras como renaturalizaciones, y también un sistema de toma de decisión claro y que contemple la incertidumbre propia de esos momentos para que no llegue de nuevo el caos a un Cecopi. Dieron un diagnóstico y unas soluciones. Ahora, además de llamar a los expertos para confirmar sesgos y opiniones ideológicas, la sociedad y los políticos deben escucharlos. Cada vez más nos preguntamos por el bajo nivel de la política. Hay que preguntarse también por el bajo nivel de lectura, tiempo de información y compromiso de quienes tenemos la legitimidad de elegirlos. Escuchen.