La Audiencia Nacional pide a la Policía todos los informes sobre Podemos y sus dirigentes durante el Gobierno del PP

La Audiencia Nacional ha solicitado al Cuerpo Nacional de Policía que busque en sus bases de datos y le remita todos los informes que elaborara sobre Podemos, sus dirigentes y diputados, así como sobre la Fundación CEPS, entre mayo de 2014 y diciembre de 2016, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy y donde se ubican las tres principales operaciones de la guerra sucia del PP: la operación Catalunya, la Kitchen y las maniobras contra la formación que dirigía Pablo Iglesias.

La petición de información se concreta para la Dirección Adjunta Operativa y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Santiago Pedraz. La causa ya ha recibido escritos de la Policía en la que se admiten consultas de datos e investigaciones nunca judicializadas sobre Podemos, su financiación y sus líderes. Hasta ahora, esos informes siempre han justificado la actividad en el marco de una labor policial habitual y dentro de los cauces legales.

Pedraz ha adoptado su decisión a instancias de Podemos, que ejerce la acusación particular. El juez ha incluido en su providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, una salvaguarda, que la Policía incluya el acuerdo del Consejo de Ministros correspondiente si la información fue en algún caso clasificada como secreta. Para todas las demás, la providencia dice: “que se remitan a este juzgado cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado”!

En la relación de diputados y ex diputados de Podemos investigados se incluyen todos los que fueron objeto de la orden cursada por el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, a un comisario de la Policía para que rastreara cualquier antecedente o información comprometedora para los nuevos diputados el 30 de enero de 2016.

Esa conversación fue intervenida en el teléfono de Martínez cuando le fue requisado en el marco de la causa Kitchen. Recientemente, un antiguo mando policial confirmó en sede judicial que había recibido la orden de investigar a los diputados de Podemos.

A la causa judicial ya han sido incorporados los escritos de la Policía en los que reconoce las operaciones Bolívar y Venus. La primera investigó la supuesta financiación del partido procedente de Venezuela e incluyó la consulta en las bases de datos sobre Iglesias; la segunda intentó profundizar en el testimonio, luego no corroborado, de un ex ministro de Chávez sobre un pago de más de 6 millones de euros a la Fundación Ceps, por la que pasaron los fundadores de Podemos y que la Policía pensaba que había incurrido en delitos contra la Hacienda Pública.

Podemos solicitó los expedientes completos de esas operaciones. El juez Pedraz los denegó en un primer momento pero luego aceptó un recurso de la formación, con el informe a favor de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Recientemente, elDiario.es desveló la existencia de siete informes redactados por un abogado implicado en estafas que fue reclutado por la brigada política del PP para conseguir confidentes contra Podemos y documentos que pudieran relacionar al partido con la financiación por parte del Gobierno de Hugo Chávez.

Este martes está previsto que declare como testigo en la Audiencia Nacional una antigua empleada de la productora de los programas televisivos de Pablo Iglesias, a la que se señalaba como supuesta fuente de los policías en las conversaciones de whatsapp incorporadas a la causa. También prestará declaración un funcionario de Asuntos Internos en el periodo investigado que habría participado en la monitorización de unos jerarcas venezolanos que acudieron a Madrid a ofrecer información de Podemos a cambio de la residencia.