Caputo en modo jefe de Gabinete: reunió a Bullrich con la SIDE para blindar al Gobierno ante la marcha de los jubilados

En la Casa Rosada, el aire denso del martes al mediodía se mezclaba con el calor cuando las puertas del Salón Martín Fierro se cerraron con sigilo. Afuera, los pasillos vibraban con el murmullo de secretarios y asesores. Adentro, el clima era otro: el poder se hundía en las sillas, no sin vacilaciones. Sobre la mesa, entre papeles y celulares boca abajo, alguna que otra lata de Speed y los cigarrillos, marca registrada del dueño del despacho: Santiago Caputo.

El asesor presidencial, cerebro estratégico del gobierno de Javier Milei, había convocado a una reunión clave, con un mensaje claro: acá no hay margen para errores. Patricia Bullrich, con su estilo de general en campaña, cruzaba los brazos. Sergio Neiffert, el “señor 5” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y su segundo, Diego Kravetz, sostenían la mirada seria de quienes conocen más que el resto. Franco Mogetta, de Transporte, asentía mientras Sebastián Amerio, vice de Justicia, repasaba mentalmente la lista de jueces díscolos que no están alineando con la política de mano dura del Gobierno. El objetivo era uno solo: diseñar un operativo que no solo garantice el orden, sino que también deje en claro quién manda en la calle.

Santiago Caputo escuchaba y asentía. No firma decretos ni da entrevistas, pero su influencia es innegable. Hace tiempo que su rol en el Gobierno se asemeja más al de un jefe de Gabinete en las sombras que al de un asesor presidencial convencional. Coordina, baja línea, es el nexo directo con Milei y, cada vez más, con las áreas de seguridad e inteligencia.

Durante una hora y media, desde poco antes de las 11 hasta las 12:30, se discutió lo que ya no se puede llamar una simple protesta. La marcha prevista para mañana, convocada por jubilados y organizaciones sociales, es tomada por Milei como un desafío a la gobernabilidad. Un termómetro que medirá el nivel de control que el oficialismo realmente tiene sobre la calle. El antecedente inmediato inquieta: el miércoles pasado, la manifestación de hinchas y jubilados terminó en un escenario de caos frente al Congreso, con las fuerzas de seguridad reprimiendo a mansalva y con un fotógrafo gravemente herido. La Libertad Avanza lo tradujo en términos de conspiración. “Quieren voltear al Gobierno”, repiten en privado.

La frase que trascendió desde el hermético encuentro en el Salón Martín Fierro fue que estaban allí para “analizar el cuadro de situación”. Traducción: delinear el operativo con precisión quirúrgica. La SIDE ya trazó un mapa de los accesos a la Capital, con especial atención a los movimientos de colectivos y trenes que ingresen desde el Conurbano, en particular desde La Matanza y Lomas de Zamora, según deslizaron fuentes oficiales. De acuerdo a lo que pudo saber elDiarioAR, la inteligencia previa es la apuesta fuerte: un sistema de monitoreo que permita identificar organizadores, evitar infiltrados y, si fuera necesario, actuar antes de que los focos de conflicto se trasladen al centro porteño.

Bullrich tenía en claro que el operativo debía corregir los errores del último despliegue, pero sin dar señales de retroceso. “Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes, no de la respuesta de las fuerzas de seguridad”, dijo este lunes en la conferencia que dio en la Casa Rosada, vestida de verde oliva, donde defendió al gendarme que fue identificado como el autor del disparo que hirió a Pablo Grillo. El mensaje era para los medios, pero sobre todo para su propio equipo: la línea es clara y no hay margen para fisuras internas.

El operativo del miércoles repetirá en esencia el esquema de la semana pasada: una “zona estéril” alrededor del Congreso, más de mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Pero habrá ajustes. La presencia de Kravetz en la reunión no fue casual: el nexo con la Policía de la Ciudad será clave para reforzar el control en los accesos. Desde Transporte, Mogetta trabajará en la supervisión de las líneas de colectivo que puedan trasladar contingentes organizados.

La hipótesis de los infiltrados sigue sobre la mesa. En el Gobierno sostienen que la violencia de la semana pasada no fue espontánea, sino orquestada. Y aunque ahora descartan la presencia de barras bravas, la lectura es que será una marcha “política”, con un claro intento de desgaste. Milei lo dice en privado y su círculo lo repite: “Nos están probando”.

Amerio, el vice de Justicia y brazo ejecutor de Caputo en ese área, estaba en la reunión por un motivo evidente. La liberación de la mayoría de los detenidos durante los disturbios de la semana pasada cayó pésimo en la Casa Rosada. La jueza Karina Andrade es el nuevo blanco de la bronca oficialista. “No podemos permitir que la Justicia sea un colador”, deslizó un alto funcionario tras la cumbre. El Gobierno quiere que esta vez los arrestos se sostengan y que los jueces no bajen la guardia.

En la Casa Rosada creen que hay magistrados que, con sus fallos, alientan la conflictividad social. Guillermo Francos fue explícito: “Si es una marcha pacífica, no habrá problemas. Pero si hay violencia, será reprimida”. El mensaje tiene dos destinatarios: los manifestantes y los jueces.

El cónclave terminó a las 12:30, pero la tensión quedó flotando en el aire. Los funcionarios salieron en fila, sin declaraciones, esquivando las miradas de los periodistas apostados en los pasillos. Patricia Bullrich fue una de las últimas en irse. Caputo, en cambio, no se movió de su despacho. Se quedó ahí, como si el verdadero operativo aún no hubiera terminado. Lo que ocurra este miércoles definirá, en buena medida, si el Gobierno mantiene el control o si la calle se convierte en el nuevo escenario de disputa.

PL