Bullrich protege al gendarme Guerrero y minimiza la represión en el Congreso: “Se está dando vuelta la verdad”

Vestida de verde oliva, Patricia Bullrich se sentó en el Salón Malvinas de la Casa Rosada con la convicción de estar blindada. La ministra de Seguridad había convocado a la prensa para anunciar la ley antibarras, pero el verdadero mensaje estaba en otro lado. Originalmente, la conferencia estaba programada en la sede de Gelly y Obes de la cartera. Sin embargo, a último momento se decidió trasladarla a Balcarce 50. Aunque no estuvo Javier Milei a su lado, el gesto lo decía todo: el Presidente la sostiene, la defiende y, sobre todo, le da el centro de la escena.

Formalmente, Bullrich presentó el proyecto que endurece las penas contra las barras bravas, pero el foco inevitablemente se corrió hacia la represión del miércoles pasado y el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo que sigue en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

Después de exponer sobre la ley, la ministra enfrentó las preguntas de la prensa y redobló su defensa de las fuerzas de seguridad. “A la familia de Grillo, la total solidaridad”, arrancó, en lo que pareció un intento de suavizar el impacto del caso. Pero rápidamente endureció el tono: “Los análisis que hacen no son rigurosos. Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad”.

Cuando se le preguntó por la identificación del gendarme que disparó el cartucho contra Grillo, Bullrich fue tajante: “El disparo no fue directo a la cabeza. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería”. Y citó el reglamento: “En su página 407, señala el efectivo debe tirar de forma oblicua hacia el suelo. Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad. Rebota. No sabemos si una o dos veces”.

El gendarme en cuestión ya tiene nombre y apellido. Se trata del cabo primero Guerrero. Su identidad fue confirmada tras un análisis de imágenes y registros de la jornada de represión, que permitió cotejar su accionar con el impacto que dejó a Grillo en estado crítico. A pesar de que su responsabilidad está establecida, el Gobierno descarta cualquier tipo de sanción. “El gendarme cumplió con el reglamento”, insistió Bullrich. Y cerró con una frase que dejó expuesta la lógica oficial: “Que ahora queramos apuntar al gendarme y no a los miles que fueron a querer voltear al gobierno no es correcto”.

La identificación del tirador la dio a conocer este lunes en sus redes sociales la plataforma Mapa de la Policía, una red que le hace un seguimiento pormenorizado a la violencia policial, integrada por múltiples actores como el CELS, el colectivo editorial Crisis, la Correpi, el Movimiento Nuestra América y hasta la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Freire, entre otros. El trabajo de cotejo de las imágenes de la represión del miércoles contó con la colaboración de peritos especializados como Willy Pregliasco y Martín Onetto.

Blindaje y guerra judicial

El respaldo del Presidente a Bullrich quedó expresado en los gestos. En el Gobierno repiten una frase que sintetiza su visión del conflicto: “Reprimir el delito no es una opción, es una obligación”. La sentencia, soltada en off por un funcionario libertario, resume la lógica oficial. La Casa Rosada no se plantea investigar lo sucedido ni hacer concesiones discursivas.

Por eso, mientras la conmoción por el caso Grillo sigue creciendo, Bullrich no solo se mantiene firme en su postura, sino que también abre otro frente de batalla. En paralelo a su defensa de la Gendarmería, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien había liberado a los más de 100 detenidos tras la represión. La acusó de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. “No fue un error, fue complicidad”, escribió la ministra en sus redes.

El oficialismo sostiene que la magistrada aplicó la “puerta giratoria” sin revisar antecedentes ni pruebas. En la presentación judicial, Seguridad denuncia que Andrade “basó su resolución en pura ideología” y que entre los detenidos había personas con antecedentes por robo, drogas y portación de armas.

Es que, para Bullrich, la manifestación del miércoles no fue legítima. “La llamada marcha fue un intento no de defender derechos, sino de alterar y destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024”, sentenció este lunes en la conferencia de prensa. Y de cara a la movilización convocada para este miércoles, la ministra fue contundente: “Vamos a garantizar el orden. Si hay violencia, habrá consecuencias”.

Peritaje cuestionado

Los peritos que analizaron el material audiovisual determinaron que el disparo del gendarme no rebotó en el suelo, como sugirió el Gobierno, sino que fue realizado en línea recta, una práctica prohibida. Pero Bullrich refutó esa versión. “Nosotros estamos haciendo los trabajos de manera rigurosa”, aseguró. Y acusó a la prensa y a los organismos de derechos humanos de “dar vuelta la verdad”.

Según su relato de Bullrich, la agresión no fue del Estado, sino de los manifestantes. “Las fuerzas de seguridad durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver lo que hacían los pseudo manifestantes, patoteros y violentos que están en la plaza”, afirmó. Y minimizó el derecho a la protesta: “Una marcha está amparada por los derechos constitucionales, pero no ir con la intención de generar una alteración al orden público”.

Hoy, en los pasillos de Balcarce 50, la gran incógnita es hasta dónde puede llegar el Gobierno con su política de orden público sin generar costos políticos irreversibles. Hasta ahora, la Casa Rosada se muestra inquebrantable: no habrá sumarios contra Gendarmería, se denunciará a jueces que no alineen sus fallos con la visión oficialista y se responderá a las próximas marchas con la misma receta que el miércoles pasado.

El blindaje a Bullrich es total, pero la política es volátil. La ministra supo sobrevivir a crisis anteriores, pero la presión social puede ser un factor impredecible. Por ahora, el Gobierno apuesta a que el impacto del caso Grillo se diluya. Pero las imágenes de la represión siguen circulando. Y en la terapia intensiva del Ramos Mejía, el fotógrafo sigue peleando por su vida.

PL