Rajoy y el PP niegan su guerra sucia pese a diez años de grabaciones, documentos y una sentencia del Supremo

El Partido Popular mantiene que durante su último gobierno no hubo instrucciones para combatir a los adversarios políticos desde el Ministerio del Interior con maniobras ilegales. La posición de los conservadores fue expuesta este miércoles en el Congreso de los Diputados por quien fuera jefe del Ejecutivo entonces, Mariano Rajoy, y refrendada a continuación por quien ejerció de ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. No hubo grabación, documento o sentencia incriminatoria que moviese a ninguno de los dos de su postura.

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la Operación Catalunya, Rafael Hernando, despejó la duda sobre si la actual dirección del partido ha revisado aquel periodo de distinto modo a sus dirigentes de entonces: no ha sido así. Hernando considera la Operación Catalunya “un invento” de la prensa, al igual que las investigaciones extrajudiciales a Podemos. 

Hernando negó también la existencia de una financiación irregular de su partido durante al menos 20 años. Llegó a decir que la caja B del PP aparece en una sentencia de la Audiencia Nacional porque así lo dispuso el magistrado José Ricardo de Prada para dañar al partido y que, después, el Tribunal Supremo no confirmó tal extremo. Sin embargo, la sentencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal confirmó que la sede central del partido se reformó con dinero negro de su caja B.

En este horizonte de negacionismo emerge un asidero para la tesis de los conservadores. Hasta ahora, no hay una sentencia que aluda a una “operación Catalunya”, un término periodístico para resumir las maniobras policiales contra el proceso soberanista que nunca fueron judicializadas. Además, los intentos por abrir en los juzgados una causa específica por esa actuación de la Policía han fracasado. Rajoy está imputado en un juzgado de Andorra, pero la justicia española ha rechazado cursar la comisión rogatoria que se requería desde el país vecino.

El instructor del caso Villarejo, el juez ya jubilado Manuel García Castellón, consideró por su parte material clasificado como secreto documentos sobre los trabajos del comisario en Catalunya. También puso por escrito que el policía se limitaba a “captar información sobre corrupción” en esa comunidad autónoma. 

Frente a ello está la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena por revelación de secretos al máximo responsable operativo de la Policía durante el Gobierno de Rajoy, el comisario jubilado Eugenio Pino. El alto tribunal considera acreditada la maniobra para introducir información robada en la causa de los Pujol. El apartado de “hechos probados” consagra el 'modus operandi' de la Operación Catalunya, pero esta denominación no aparece en el fallo. 

Mariano Rajoy expuso como principal idea de su intervención que desconoce una “Operación Catalunya”, pero que sabe mucho de “la operación catalana de verdad”, teniendo por esta al proceso soberanista en Catalunya y sus principales hitos, como son el referéndum del 1 de octubre de 2017 o las decisiones del Parlament para proclamar la independencia. 

A este último respecto, Rajoy insistió en varias ocasiones en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala las decisiones del Constitucional anulando las resoluciones del Parlament. Se produce esta defensa del órgano que interpreta la norma fundamental por parte de Rajoy en plena ofensiva del Partido Popular al mismo desde que goza de mayoría progresista y lo preside Cándido Conde-Pumpido.

Rajoy se presentaba ante la comisión con una ventaja sobre Fernández Díaz. Al expresidente le señalan terceros en las grabaciones del comisario Villarejo y otros policías, pero el ministro aparece hablando en primera persona. Podemos introdujo en la sesión las investigaciones prospectivas contra sus dirigentes entre 2014 y 2016. Un inspector jefe, miembro destacado de la conocida como brigada política, dice en un audio que él ha viajado a Nueva York a recabar información contra Podemos de un antiguo ministro venezolano “con un mandato de Rajoy”. 

Mariano Rajoy es ampliamente citado por Villarejo y otros miembros de la brigada política en la tercera pata de la guerra sucia, la que pretendió sabotear la causa de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. La Unidad de Asuntos Internos dio por acreditado que cuando los policías hablaban del conocimiento que Rajoy tenía de la operación parapolicial con fondos reservados se referían a él como “El Barbas” o “El Asturiano”. No fue suficiente para que el juez García Castellón decidiera ahondar en esos indicios. 

Al presidente del Gobierno también lo implicó Fernández Díaz. En una grabación en su despacho, difundida por Publico.es en junio de 2016, el ministro del Interior aparece conversando en su despacho con el entonces director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, describiendo las maniobras para hacer saltar escándalos en los medios de políticos independentistas. “El presidente del Gobierno lo sabe”, dice en ese audio el exministro del Interior. 

Precisamente Fernández Díaz aprovechó su comparecencia de este miércoles para negar la validez de esa grabación y de otras que le incriminan aún más. Dijo Fernández Díaz que él no dijo lo que se ha transcrito de esa conversación, como cuando afirma “la Fiscalía te lo afina”. 

Quizá el momento más kafkiano de su intervención se produjo cuando también negó haber despachado con el comisario Villarejo en su vida. Dijo lo mismo que en su anterior comparecencia en el Congreso sobre estos hechos. Solo que entre aquella declaración y esta hay una información de El País con un audio en el que se oye al ministro hablar con Villarejo de la judicialización de informaciones obtenidas sobre los Pujol. “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”, aparece diciendo el ministro.

El ministro del Interior ya había negado que supiera quién le grabó en su despacho hablando con De Alfonso y luego reconoció en sus memorias que conocía que sus palabras estaban siendo captadas por micrófonos que antes había colocado la policía. El expresidente del Gobierno optó por la mofa para intentar escapar de alguna responsabilidad en las maniobras policiales contra Podemos. “Nunca he tenido conocimiento de estos hechos, lo que sé es que la Policía lo ha desmentido y que hay un sumario abierto y que ya veremos qué dicen los tribunales”, dijo Rajoy. 

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, le replicó que fue precisamente un informe policial el que acreditó las búsquedas en bases de datos sobre los diputados de su formación en 2015 y 2016 y que el que entonces era jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid ha reconocido en sede judicial que recibió órdenes, que no cumplió, para bucear en el pasado de los parlamentarios electos de la formación.

Llegados a este punto, Rajoy cambió de argumento y pasó a despreciar la relevancia de Podemos, pese a que el número dos de Interior y los miembros de la brigada política reconocen en chats y audios que su intención es que la formación morada no llegara el Gobierno en 2016, posibilidad que existía de alcanzar un pacto con el PSOE. “Como soy un demócrata, nunca espiaría a miembros de las Cortes. Yo no tengo ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes porque no creo que sean tan importantes para mi vida”, aseguró Rajoy este miércoles en el Congreso. 

La suerte de Rajoy

Mariano Rajoy no estuvo imputado en el caso de la caja B. El juez determinó que el presunto delito fiscal por cobros de sobresueldos, de haberse producido como indicaba la contabilidad de Bárcenas, ya estaba prescrito. Tampoco fue investigado por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas por decisión de García Castellón, a quien la Fiscalía Anticorrupción señaló por establecer “un cordón o inaceptable línea roja” para que la investigación no se dirigiera a la dirección del PP. 

En el caso Kitchen, Fernández Díaz no ha corrido la misma suerte. La Fiscalía solicita 15 años de prisión para él, la misma pena que reclama para su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. La Audiencia Nacional no podrá celebrar el juicio hasta mayo de 2026. El exministro fue suspendido de militancia en el PP en 2021 por su procesamiento en el caso, pero este miércoles los portavoces del PP en la comisión se alinearon con sus tesis y le mostraron su cercanía. Rajoy deberá declarar como testigo en el juicio por la operación Kitchen.