Más de la mitad de centros de crisis de violencia sexual no ha abierto a 15 días de cumplirse el plazo que puso la UE

A solo dos semanas de que acabe el plazo para que España ponga en marcha los centros de emergencia para atender a víctimas de violencia sexual, las comunidades autónomas están apretando para llegar a tiempo. Han tenido dos años para poner en marcha un recurso al que obliga la ley del 'solo sí es sí', pero la mayoría han dejado los deberes para el final. A día de hoy, están todavía pendientes más de la mitad de los 52 centros que –como mínimo– tienen que estar abiertos a 31 de diciembre. Las comunidades se apresuran y confían en ponerlos en marcha entre esta semana y la que viene, aunque no en todos los casos cumplan con los estándares básicos marcados.

La creación de estos centros –al menos uno por provincia– está contenida en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual con el objetivo de crear una red de atención de emergencia 24 horas a las víctimas de violencia sexual. Para ello, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero repartió 83 millones de euros a las comunidades, una partida procedente de los fondos europeos de recuperación que se concretó en transferencias de 19,8 millones en 2021, 46,2 un año después y 17 millones en 2023. El objetivo era que los centros estuvieran operativos el 1 de enero de 2024, pero un mes antes solo había cuatro y acabó pidiéndose a la Comisión Europea una prórroga de un año más.

El ministerio apunta a que "el grueso" de los recursos estará disponible a 31 de diciembre. Si no se cumple con lo pactado con Europa, habría que devolver los fondos que se repartieron a las comunidades para su puesta en marcha

Ese momento ha llegado y, según ha contabilizado Igualdad, a día de hoy son 20 los centros ya en marcha, entre ellos, Murcia, Huesca, Teruel, Pamplona, Albacete, Guadalajara, Oviedo, Mallorca, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Melilla, Salamanca, Santander y Madrid, que cuenta con dos. Y aunque aún faltan la mayoría, desde el ministerio confían en que lleguen en plazo: “En estas dos semanas va a haber un goteo de aperturas”.

El pasado septiembre el departamento dirigido por Ana Redondo envió una carta a las comunidades para apremiarlas debido a que en ese momento solo en seis comunidades estaban abiertos y otras no habían “hecho los deberes”, según señaló en su momento la socialista. “Estamos preocupadas”, enfatizó. Ahora, y tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este lunes en la que se trató el asunto, el ministerio apunta a que “el grueso” de los recursos estará disponible a 31 de diciembre. Si no se cumple con lo pactado con Europa, habría que devolver los fondos que se repartieron a las comunidades para su puesta en marcha.

Varias comunidades han puesto el acelerador en la recta final. Galicia abrirá los cinco que tiene previstos “en los próximos días”, al igual que el de Logroño en La Rioja o los cuatro planificados en Extremadura, donde “se están ultimando pequeños detalles de las obras”, informa la Secretaría General de Igualdad, que asegura que “el día 31 estarán en funcionamiento”. El gobierno de Castilla-La Mancha también ha advertido de que el de Toledo empezará a funcionar “a finales de esta semana o como mucho la que viene”, al igual que el de Zaragoza o los centros de Andalucía, según la Consejería de Inclusión Social, que lamenta tener que crear los centros cuando “hay recursos en Andalucía que funcionan desde hace años” y carga contra la “gestión caótica” de Igualdad.

“Han tenido dos años y había fondos para hacerlo, pero desde el punto de vista cuantitativo el balance es bastante decepcionante. Las medidas para las víctimas de violencia sexual están yendo más lento de lo que nos gustaría”, sostiene Verónica Barroso, de Amnistía Internacional, que lleva desde el principio monitoreando la implantación de la medida. Barroso señala que algunas comunidades se han resistido porque “consideran que ya tenían los recursos adecuados y otras se han perdido en procesos burocráticos”, pero al final “el resultado es que estamos muy por debajo del compromiso que se adoptó”.

Más allá de abrir sus puertas

Otras fuentes que han estado presentes en el proceso apuntan a “una falta de voluntad política” por la que “hay comunidades que no se han puesto las pilas estos años” y llegan a diciembre in extremis. Las mismas fuentes advierten también de que no sirve únicamente con abrir las puertas de los centros, sino que deben cumplir con los requisitos y objetivos para los que fueron concebidos. Muy desarrollados desde hace décadas en países europeos y Estados Unidos, estos recursos están pensados para atender de forma urgente y permanente a las víctimas de violencia sexual: deben abrir presencial y telefónicamente 24 horas 365 días y contar con equipos multidisciplinares que presten atención psicológica, jurídica y social de forma coordinada.

Es ahí donde Amnistía pondrá la lupa en una segunda fase. “Ahora estamos muy centradas en que se abran, después hay que garantizar la calidad y la dotación de recursos y profesionales. Las prisas no son buenas y no se trata solo de tener los edificios, sino dar un servicio y una atención de calidad. Tendremos que ver si se garantizan determinados parámetros, por ejemplo, que estén disponibles 24 horas”, señala Barroso.

En algunos casos, de hecho, ya en centros abiertos se han identificado carencias de este tipo. Por ejemplo, en Murcia el servicio presencial no se presta 24 horas. Durante la noche solo se atiende a través de una línea telefónica y si es necesario que alguna profesional se desplace a un domicilio “para trasladar a la persona al centro de crisis y ser atendida, se desplaza”, esgrimió en su momento la Consejería de Política Social. Por su parte, en los pliegos para la licitación del servicio en Logroño se especifica que el horario de atención presencial será de 10.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 todos los días salvo las tardes de martes y jueves. El resto del tiempo “se garantiza la atención telefónica 24 horas”.

Las comunidades se afanan en que los centros se inauguren antes del 31 de diciembre, pero otra cosa es que entren en funcionamiento para esa fecha. En Castilla y León, por ejemplo, se prevé que todos abran en plazo, y de hecho el de Valladolid ya se ha inaugurado, pero la asociación que va a encargarse de su gestión tiene que trasladarse y todavía no está activo. El caso de esta comunidad es llamativo: aunque sacó a concurso la compra de edificios, la convocatoria quedó desierta en siete de las nueve provincias, así que el gobierno autonómico tuvo que iniciar la licitación de nuevo. Ocurrió también en Canarias, donde se licitó la compra de cinco inmuebles para alojar los centros, pero al quedar desierta, hace un mes se anunció su adquisición directa.

La externalización del servicio a empresas u organizaciones está siendo la tónica dominante en muchas de las comunidades. “No tiene por qué ser algo malo per se siempre que haya una adecuada supervisión y rendición de cuentas tanto por parte de las ONG como de la administración, porque estamos demasiado acostumbrados a que luego no haya una evaluación de la calidad de los servicios”, concluye Barroso.

Con información de Alba Camazón, Elisa Reche, Santiago Manchado, Javier Ramajo, Jennifer Jiménez, Olivia García y Beatriz Muñoz.