Mieres apoya la creación de una Junta de productores para garantizar actividad ganadera en los pastos de León

El Ayuntamiento de Mieres no quiere dar la batalla por perdida y sigue reivindicando que es el “legítimo propietario” de Puerto Pinos en su conflicto sobre la gestión del monte que compró en la comarca leonesa de Babia en 1926 para convertirlo en su gran reserva ganadera. Pero ahora ha dado un paso más.

El consistorio ha aprobado por unanimidad una declaración institucional donde respalda la decisión de más de un centenar de ganaderos y ganaderas asturianos de impulsar una Junta de Productores para garantizar su actividad porque insiste en que “no existe sentencia judicial que les prohíba la utilización de los pastos”.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León desestimó el día 5 de este mes un recurso del Ayuntamiento de Mieres y abrió por primera vez la puerta a una expropiación de los terrenos.

La valoración de la sentencia

Sin embargo, el ayuntamiento asturiano minimiza esta posibilidad e insiste en que esta sentencia lo único que resuelve es la anulación de “un acto administrativo” del Ayuntamiento de Santo Emiliano mediante el que concedió, en 2023, licencia para celebrar la fiesta del Puerto Pinos, una comida de confraternización y una misa que se mantiene desde hace mucho tiempo y para el que Mieres solicita las preceptivas autorizaciones al Ayuntamiento de Santo Emiliano.

“La sentencia considera que el Ayuntamiento de Santo Emiliano no es la administración competente para dar esta autorización. Éste es el contenido sustantivo y relevante”, asevera.

Discrepancias e interpretaciones

De esta forma, sigue sosteniendo que si bien la titularidad de los terrenos está “fuera de toda discusión”, el único aspecto controvertido y que está en debate son “decisiones administrativas de carácter menor. Algo que forma parte del día a día en un Estado de Derecho y que pertenece al terreno de la legítima discrepancia o la defensa de interpretaciones sobre la normativa vigente”, señala.

En esta declaración institucional reitera que en todo momento ha hecho uso de sus derechos en Puerto Pinos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”.

Todo su contenido va en la misma línea de que siempre han defendido sus derechos y en su apuesta por un uso “razonable y sostenible” de estos terrenos, al ser esenciales para cientos de ganaderas y ganaderos en el concejo.

Un debate sobre una polémica “inexistente”

“El Ayuntamiento de Mieres no regula ni presta servicios públicos en Puerto Pinos desde hace muchos años. Hemos respetado y acatado las sentencias judiciales, actuando conforme a Derecho y lealtad institucional”, añade.

El consistorio mierense incide en que se ha creado un debate artificial en torno a este conflicto para generar una “polémica inexistente” y, en contraposición, resalta que su posicionamiento es de plena disposición a dialogar en busca de acuerdos que permitan llegar a un entendimiento.

“Mientras algunos sectores minoritarios solo buscan alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto, Mieres ha optado siempre por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, como hacen los propios ganaderos y ganaderas en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”, afirma.

Una estrategia de “crispación permanente”

Además, descarta todo enfrentamiento y lamenta que se utilice este tema como arma arrojadiza.

“Los hechos que alimentan ese discurso de agravio y conflicto forman parte solo de  las hemerotecas. No es razonable ni justificado -añade- que unos hechos ocurridos hace muchos años sigan utilizándose como si fueran actuales y presentes. Este modus operandi solo persigue alimentar un enfrentamiento que no tiene razón de ser”.

También ha lamentado que se lleve a cabo “esta estrategia de crispación permanente” que, a su juicio, solo pretende generar las condiciones para intentar justificar una medida absolutamente excepcional como puede ser la expropiación que “carece de sentido en este caso”.

Su opinión sobre la posible expropiación no ha cambiado, pero en esta ocasión, de forma unánime, han suscrito una declaración institucional donde reiteran que esta medida “no tiene pies, ni cabeza”.