El Estado asumirá a los menores migrantes que piden asilo, pero no será “de la noche a la mañana”

El Gobierno cumplirá el requerimiento del Tribunal Supremo que le ordena hacerse cargo de 1.008 de menores solicitantes de asilo que están en Canarias, pero ve imposible hacerlo “de la noche a la mañana” y recuerda que el auto judicial no establece que tenga que trasladarlos fuera de las islas.
Tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar esta cuestión, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remarcado que el Supremo “no dice” que esos menores solicitantes de asilo “deben quedarse” en Canarias “o irse a otro lugar, lo que dice es que deben estar en el sistema nacional”.
“Lo que es imposible es que pasen, como si fueran una bolsa, de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana”, con lo que habrá que analizar “caso a caso”, ha añadido el ministro.
Clavijo ha reclamado que en ese análisis “caso a caso deberá imperar el interés general del menor” y ha subrayado que “una de las circunstancias que estaba generando un quebranto” al mismo, “y lo dice el Tribunal Supremo, es el hacinamiento” que soportan en los centros de Canarias, donde hay casi 6.000 niños y adolescentes.
El problema del hacinamiento “se resuelve llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser mejor atendidos”, ha insistido Clavijo, quien ha revelado que en la reunión de hoy no hablaron de si los 1.008 solicitantes de asilo que hay en las islas computan en los 4.000 menores que serán redistribuidos por otras comunidades en virtud del decreto ley que reforma la ley de extranjería.
Sobre esto, Torres ha indicado que “son cuestiones distintas” y ha recordado que en los borradores anteriores esos solicitantes de asilo estaban incluidos en la propuesta del Gobierno de Canarias para su distribución por el resto del territorio nacional.
Tampoco han entrado en el debate sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados, pues el ejecutivo central considera, en base a “fallos recientes”, que “sigue siendo de la comunidad autónoma”, y el de Canarias justo lo contrario, ha esgrimido Torres.
“Hemos estado de acuerdo en no centrarnos en esta cuestión porque lo importante es dar respuesta al Supremo” y que la próxima semana se convalide en el Congreso de los Diputados el real decreto ley para la distribución de los menores, ha dicho el ministro.
Torres ha hecho de nuevo un llamamiento al PP para que lo apoye, y ha advertido de que para Canarias “sería dramático” que no saliera adelante.
Fernando Clavijo ha confiado en que el decreto sea convalidado, “pero tal y como está la cosa no podemos decir que las tenemos todas con nosotros”, ha dicho.
Respecto a la remisión incompleta de los datos de algunas comunidades autónomas sobre sus recursos de acogida de menores, el presidente canario ha dicho sentir “tristeza” ante lo que considera tácticas “dilatorias”, que implican “perpetuar la vulneración” de los derechos de los menores.
Clavijo ha señalado que le corresponde al Gobierno de España exigir estos datos “de forma correcta”, y ha añadido: “esperamos no tener que acudir a los tribunales para que se preserve el derecho de los menores”.
Sobre esto, el ministro Torres ha indicado que las comunidades que han remitido datos incompletos deberán hacer aclaraciones al Ministerio de Infancia, y ha avanzado que el Gobierno requerirá “en un tiempo corto” a las que no han trasladado información alguna para que lo hagan.
En caso contrario, ha advertido, “tendremos que recurrir a aquellos mecanismos administrativos, jurídicos y de otra índole para que cumplan la ley. Porque es un real decreto ley. Espero que ninguno acabe incumpliendo la ley, máxime cuando estamos hablando de seres humanos”.
Diez días
El Tribunal Supremo requirió al Estado, el pasado 26 de marzo, hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias, en un plazo ''improrrogable'' de diez días.
El Gobierno central tendrá que garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los jóvenes que hayan solicitado la protección internacional en las Islas o que hayan manifestado su voluntad de hacerlo.
El Tribunal estableció que la medida es ''imprescindible'' para corregir la situación de hacinamiento en los centros de las islas, ''incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger''.
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