El TSJC paraliza la tasa turística de Mogán un día después de su entrada en vigor

La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha paralizado este miércoles la tasa de acción turística que se venía cobrando desde el día anterior a todas aquellas personas que se alojaran en un establecimiento turístico del municipio.

El alto tribunal canario ha estimado un recurso presentado por la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas. La patronal hotelera de la provincia pedía la “suspensión inaudita parte” (sin oir a la otra parte, al Ayuntamiento de Mogán) de la ejecución de esa medida al entender que durante su elaboración el gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria) cometió “innumerables irregularidades” que, en su opinión, deben llevar a declarar la “nulidad radical” de la ordenanza que la regula.

El auto impone, por tanto, una medida cautelarísima que impide desde este mismo miércoles el cobro de esta tasa a las personas que pernocten en un alojamiento turístico de Mogán. La resolución es firme, aunque el Ayuntamiento dispone de un plazo de tres días para formular alegaciones.

La ordenanza que regula la tasa entró en vigor este martes y establece el pago de 0,15 euros al día para toda persona que se hospede en cualquier establecimiento hotelero, extrahotelero o en una vivienda vacacional del municipio.

En la línea ya manifestada en sus alegaciones contra la ordenanza reguladora de la tasa, la FEHT aludía a la “imprecisión” de un texto que contiene términos “confusos e ininteligibles”, hasta el punto de “convertir en tarea imposible” el cobro del tributo.

Además, sostenía que la imposición de esa obligación “a un amplísimo número de afectados” suponía establecer, a través de una norma “infralegal”, una carga “improcedente y desproporcionada” para los establecimientos turísticos. A juicio de la patronal hotelera de Las Palmas, la implementación de un tributo de estas características exige “una regulación mediante ley formal y una justificación más detallada”.

Entre otras razones, la FEHT pedía la suspensión de la tasa porque acarrea para los establecimientos turísticos “un esfuerzo desmedido y una compleja tarea de información y documentación de muy difícil cumplimiento”, lo que “atenta contra el principio de proporcionalidad y de minimización de costes indirectos” y de obligaciones formales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC entiende que concurren la circunstancias de “especial urgencia” para paralizar la aplicación de la tasa, así como la ausencia de una “perturbación grave para el interés público”, por lo que, pese a “ciertas importantes deficiencias” apreciadas en la solicitud de la FEHT, accede a las pretensiones de los empresarios y paraliza la ejecutividad del tributo.

Tras la difusión del auto, el Ayuntamiento de Mogán ha difundido un comunicado en el que afirma haberse enterado de la resolución judicial a través de los medios y estar a la espera de recibir la notificación formal. Con respecto a la suspensión de la tasa, la corporación dice haber sido consciente “en todo momento de que esta circunstancia podría ocurrir”, por lo que cuando sea notificada “comparecerá ante el juez o el tribunal en el plazo de tres días para realizar la defensa de la mencionada ordenanza y que las medidas cautelarísimas de suspensión puedan ser retiradas”.

Oposición a la tasa

La alcaldesa de Mogán presentó el pasado mes de diciembre en rueda de prensa la llamada tasa de acción turística. Se trata de un tributo de cuantía variable (0,15 euros por turista y noche en 2025) que tiene como objetivo financiar servicios públicso deficitarios. La ordenanza que regula la tasa fue aprobada de forma definitiva en el pleno celebrado el pasado 28 de febrero y entró en vigor el martes 11 de marzo.

El Ayuntamiento de Mogán rechazó todas las alegaciones que se habían presentado contra la tasa. El PSOE y Nueva Canarias, los dos partidos de la oposición en Mogán, habían pedido su retirada. Aunque ambas formaciones comparten la necesidad de gravar la actividad turística, difieren con el gobierno de Onalia Bueno en la forma. Consideran que debe ser mediante un impuesto autonómico y no a través de una tasa, un tipo de tributo que debe estar asociado a la prestación de un servicio determinado por parte de la administración.

De hecho, esa es la principal crítica a la tasa de Mogán, no sólo por parte de PSOE y NC, sino también de los empresarios que sostienen que se trata de un impuesto disfrazado de tasa. Las alegaciones incidían en que la ordenanza no define en ningún momento cuál es el servicio que está prestando a los turistas el Ayuntamiento de Mogán para cobrarles esa tasa y recordaban, además, que las entidades locales no tienen competencias para implantar un impuesto.

En el pleno en que se aprobó la ordenanza, la alcaldesa, Onalia Bueno, ya asumía la judicialización de la tasa. “Vamos a esperar a que la justicia se pronuncie, será un juez quien lo determine (su legalidad o ilegalidad)”, dijo la regidora, que durante todo este tiempo ha defendido que se trata de una medida “pionera” en todo el país y que son muchos los ayuntamientos que están esperando a esa resolución para implantarla también en sus municipios.