El Parlamento aprueba sin el PP una propuesta para crear un registro de las comunidades que veten los pisos turísticos

Los grupos parlamentarios de PRC, PSOE y Vox han aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley que insta al Gobierno regional (PP) a reforzar la inspección para perseguir la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales y realizar una inspección obligatoria en el plazo de un año desde que se presenta la declaración responsable en torno a estos alojamientos.

Además, exige, en el caso de las viviendas ubicadas en inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, un certificado de las comunidades que consienten expresamente el uso de una vivienda como VUT, emitido por quien ejerza la función de secretario en la comunidad de propietarios, que haga constar esta decisión en los estatutos o acuerdos del vecindario.

La propuesta partía de Vox y ha quedado en estos dos puntos al aprobarse con la introducción de una enmienda del PSOE, si bien los grupos tienen versiones diferentes sobre cómo ésta ha afectado el contenido.

En concreto, la discrepancia surge en torno a la creación de un registro de las comunidades. Y es que Vox pedía su creación en la propuesta inicial y considera que con la adición de la enmienda de modificación se mantiene esta premisa, aunque se cambia su sentido ya que en lugar de hacerse registros de aquellos vecindarios que las prohíben -tal y como solicitaba en su PNL-, se haría de aquellas que las permiten, han explicado fuentes del grupo parlamentario a Europa Press.

Por el contrario, desde el PSOE sostienen a esta agencia que con su enmienda se ha retirado la creación de ese registro, ya que no se menciona en ninguno de los dos puntos en los que se ha quedado la PNL.

En todo caso, y pese a estas explicaciones ofrecidas este martes, la oposición se unió ayer para aprobar la iniciativa pese al rechazo del PP y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Desde el PP, que gobierna en minoría la región, votaron en contra porque creen que “no es necesario” ese registro, pues precisamente la ley ya obliga a aquellos que solicitan licencia para viviendas turísticas a presentar la autorización expresa del vecindario.

“Estamos haciendo el ridículo”. “No tiene rigor jurídico”, sostuvo el 'popular' Rafael de la Gándara tras insistir en que no tener ese consentimiento ya basta para que no se concedan las licencias.

Sin embargo, la oposición apostó por ahondar en la regulación de estos pisos por la posibilidad de que los turistas generen conflictos de convivencia, y llamó a buscar el “equilibrio” entre los intereses de los residentes y del sector turístico al ser “uno de los motores económicos” de Cantabria.

El PRC advirtió que al hablar de las VUT “nos olvidamos de que nos estamos jugando nuestro territorio”. “Pueden generar pueblos sin vecinos y ciudades sin ciudadanos”, advirtió Javier López Estrada, quien ha defendido al respecto que “no se trata de prohibir sino de planificar”.

Desde el PSOE, Mario Iglesias recordó que el Tribunal Supremo ya avaló que los vecinos pudieran prohibir los pisos turísticos con una mayoría de tres quintos y recordó que el partido presentó alegaciones al proyecto de decreto de regulación de las VUT en el sentido de las enmiendas introducidas este lunes dentro de la proposición no de ley de Vox.

Respecto a este grupo, opinó que la iniciativa que defendía “no casa para nada” con su voto favorable a la Ley de Simplificación Administrativa hace sólo una semana, pues este registro “no deja de ser más documentación añadida a la propia declaración responsable” que se requiere actualmente de las comunidades sobre las VUT.

Sin embargo, el diputado de Vox Armando Blanco explicó que el grupo es “gran defensor” de la declaración responsable para los trámites “siempre que sea posible”, pero ésta “no es viable sin las posteriores labores de control e inspección” desde la Administración.

Y en el caso de las VUT, es “evidente que necesitamos reforzar” esas labores, defendió, aunque “lejos de participar en la demonización marxista de este tipo de viviendas” porque entiende que “pueden tener un efecto positivo de atracción del turismo y de dinamización de la economía local”, de modo que apostó por velar por compaginarlas con el respeto a los derechos de los vecinos y controlando su proligeración descontrolada e ilegal.