Mazón trata de torear a la jueza de la DANA para rebajar sus responsabilidades en la tragedia

Digámoslo sin rodeos: el Ejecutivo de Carlos Mazón está intentando torear a la magistrada instructora que centraliza las diligencias de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre para salvar al president; una estrategia probablemente poco acertada.

Por aclarar. Lo establecen la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones: el mando único de la respuesta a las emergencias en el territorio valenciano recae en la Generalitat. Lo reiteró, contradiciendo de plano a la portavoz del Consell, el mismísimo vicepresidente segundo de la Generalitat, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols: el mando único del Centro de Coordinación de Operativo Integrado (Cecopi) lo ostenta la Generalitat. Con la misma graduación que Gan Pampols, el general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, lo remachó en una comparecencia inédita convocada exclusivamente para desmentir una de las muchas mentiras de Mazón: “Es la comunidad autónoma quien dirige la emergencia y decide dónde vamos”. Y en definitiva lo dicen, sobre todo, los pliegos que diseñaron el sistema del Es Alert: es la Generalitat la que se encarga, decide y valida el envío del mensaje automático a los móviles para avisar a la población del peligro.

Y, aun así, el Consell de Mazón ha tratado de embarrar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en su contestación a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La jueza planteó una pregunta directa: quién tomó la decisión de emitir la alerta a la población a las 20.11 del 29 de octubre. No obtuvo respuesta a la primera y pidió una segunda contestación.

Sin embargo, la nueva respuesta de la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, trata de enfangar y se desmiente al mismo tiempo. Lo dice meridianamente claro: la dirección del Plan Especial frente al riesgo de inundaciones correspondía a la entonces consellera, Salomé Pradas. Un cargo sin muchas luces y con nula agilidad para la gestión de cualquier emergencia que fue catastróficamente nombrado por Mazón, que es el jefe del Consell y, en consecuencia, el máximo responsable de las decisiones de la Generalitat.

Un 'molt honorable' president, por lo demás, que el día de autos, cuando su Gobierno ya había activado la UME para que se desplegara en Utiel, iba por el segundo plato de su inoportuna y prolongada comilona en el Ventorro, de la que Presidencia dijo inicialmente que se trataba de un “picoteo en los alrededores del Palau”. Fuera más o menos pantagruélica, regada con más o menos vino, Rioja o Ribera del Duero, lo cierto es que Mazón se plantó tardísimo en el Cecopi, con una consellera que previamente no sabía muy bien qué hacer. Se trata del jefe de un Consell que convocó el Cecopi a las 17.00 mientras que en la DANA de 2019 ya estaba en marcha con 48 horas de antelación (y el Puesto de Mando Avanzado de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias permanecía desplegado sobre el terreno mucho antes de la riada).

En la dirección de la emergencia figura, junto con la consellera, la delegada del Gobierno. Pero resulta que era a Pradas —única, singular y exclusivamente— a quien le correspondía una función muy específica que detalla el último Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana: “determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse”. Y, por tanto, la sencilla medida clave que podría haber minimizado la tragedia de la DANA (la alerta enviada a las 20.11, cuando cientos de personas estaban literalmente con el agua al cuello) era exclusivamente responsabilidad jurídica y política del Consell.

Una responsabilidad que Mazón trata de soslayar. ¿Tomó la decisión Pradas sin el visto bueno de su jefe de entonces? Claro que no.

Poca gente confiesa a la primera de cambio

Que se retrasara por la poco ágil respuesta de Pradas, por el retraso de Mazón o por cualquier otro motivo no debe, en ningún caso, ocultar lo evidente: la capacidad política e institucional de apretar el botón de la alerta era del Consell. “La decisión al final es única”, dijo oportunamente Gan Pampols en referencia a la primacía del mando único de la emergencia (Pradas).

“Dicho Cecopi en el que se abordó y debatió la emisión del aviso, fue convocado a las 15:00 para reunirse a las 17:00”, reza la respuesta a la jueza, que procede a continuación a enumerar las agencias presentes —pero sin mando— en aquella trágica sesión.

También es cierto que poca gente confiesa a la primera de cambio. La respuesta del Consell a la jueza enumera los organismos convocados al Cecopi: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los consorcios de bomberos, la UME, Adif, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Aemet, el “Gabinete de Vicepresidencia del Consell”, la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y hasta Iberdrola. Por cierto, que esta última empresa se anticipó de largo a la Generalitat, dejando la gestión de Mazón a la altura del betún. Y también hay que recordar que FGV, con un representante en el Cecopi, ya sabía a las 19.05 que tenía inundados los raíles a la altura del barranco del Poyo.

Todos ellos serán testimonios de gran interés para la instrucción. Pero desafortunadamente no todos conocen los detalles de aquel día, tan solo pistas. Porque Salomé Pradas, inopinadamente, paró la reunión del Cecopi durante ¡una hora! y, por tanto, la larga lista de invitados no presenció todos los debates que se produjeron en aquellas pausas. Tampoco, evidentemente, las llamadas telefónicas. Solo hay dos testigos que pueden responder al interrogante de la jueza: el propio Mazón y la exconsellera Pradas.