Cuando el SEPE paró el paro

Fueron días (…y noches!) de incertidumbre y miedo ante un desconocido virus global que causaba un número angustiosamente creciente de contagios y muertes, con efectos devastadores sobre las relaciones interpersonales y los servicios públicos.

Con la declaración del estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo) se iniciaba un confinamiento generalizado que, tras sucesivas prórrogas, se prolongaría hasta el 21 de junio, lo que implicaba, entre otras medidas socio-sanitarias, la práctica paralización de todas las actividades productivas y comerciales no consideradas esenciales, con la paradoja resultante de que cuanto más individualmente aislados debíamos permanecer en el ámbito privado…, más necesaria resultaba la protección colectiva desde el sistema público.

Mientras aumentaba cada día el número de fallecidos (hasta alcanzar el pico de 950 el 2 de abril) y se generaba una oleada espontánea de solidaridad civil (…aquellos aplausos a las 8 de la tarde de ventana a ventana), colapsaba el sistema económico y se registraba la destrucción de más de un millón de empleos en sólo dos semanas.

La rápida intervención del Gobierno se concretó en una intensa producción normativa (cinco Reales Decreto durante la segunda quincena de marzo), para hacer frente al impacto del COVID, lo que permitió iniciar el despliegue de un amplio escudo social en materia sanitaria, educativa, laboral y de seguridad, con especial referencia a la defensa del empleo, la continuidad de las empresas y la protección de los trabajadores afectados.

A diferencia de lo ocurrido durante la anterior recesión (2008-2013) que se gestionó conforme a criterios neoliberales que permitían a las empresas externalizar los costes de la crisis a los trabajadores (despidos, recortes salariales y de las pensiones, desregulación y precariedad laboral), la estrategia socialdemócrata del nuevo gobierno se orientó durante la pandemia (2020-2023) a garantizar primero el mantenimiento de los puestos de trabajo, evitando el recursos generalizado al despido como mecanismo de ajuste de las empresas, facilitando luego la recuperación de la actividad productiva, lo que representaba un auténtico cambio de paradigma, consolidado más tarde a través del diálogo social por la reforma laboral y una exitosa política económica que no sólo permitió recuperar el empleo perdido, sino que ha hecho posible la creación desde entonces de más de tres millones de nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar actualmente los 21,5 millones de ocupados.

El factor diferencial entre ambas crisis fue la aplicación de mecanismos protección social y flexibilidad interna en las empresas, que garantizaban la continuidad de los puestos de trabajo y la percepción de los salarios de los trabajadores, a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

La gestión de los ERTEs: entre el riesgo y la esperanza

Se trata de una figura jurídica (art. 47 del Estatuto de los Trabajadores) escasamente utilizada hasta entonces (en 2019 se presentaron poco más de 20.000 solicitudes) que tras los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, para flexibilizar su tramitación y ampliar su cobertura, se convirtió en la medida estrella del escudo social pactado entre el Gobierno y los agentes sociales y gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Según el correspondiente balance de gestión (file:///C:/Users/perej/Downloads/SEPE_INFORME_COVID%20(1).pdf), entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2022, el SEPE reconoció prestaciones por ERTE a 4.188.362 trabajadores (439.942 en la Comunidad Valenciana), por un total de 16.040 millones de euros. 

Durante el mismo período continuaron tramitándose las prestaciones ordinarias por desempleo por causas ajenas a la COVID, de manera que en cómputo global y desde las 711 oficinas del SEPE (56 de ellas en la Comunidad Valenciana) se aprobaron en dos años 13.422.767 nuevas prestaciones, con un coste total de 48.595 millones de euros.

Declarado, desde el inicio del estado de alarma, como “servicio esencial”, el SEPE fue, junto con Sanidad y los cuerpos y fuerzas de Seguridad, de los pocos organismos públicos que continuaron plenamente operativos durante todo el confinamiento para hacer frente a tan importante sobrecarga de trabajo, siendo también el primero en recuperar escalonadamente la atención presencial a las personas demandantes, lo que en nuestra Comunidad se realizó a partir del 15 de junio de 2020.

Aunque apenas han transcurrido cinco años desde entonces, resulta muy difícil imaginar ahora la distopía cotidiana de aquellas jornadas dramáticas en que los funcionarios del SEPE (7.782 a nivel nacional y 710 en nuestra Comunidad) debían acudir a sus oficinas por calles desiertas y con el miedo en el cuerpo, porque de su trabajo dependía el salario y el empleo de millones de trabajadores. Todo ello, además, sin disponer al principio de los necesarios sistemas de protección, lo que provocaba frecuentes contagios que obligaban a desinfectar las instalaciones y aislar a los posibles contactos.

Con objeto de minimizar los riesgos se autorizó pronto el teletrabajo al personal vulnerable y con cargas familiares, sin contar inicialmente con los medios técnicos necesarios, por lo que los trabajadores del SEPE tuvieron que utilizar sus propios recursos informáticos. Mientras tanto, la mitad de la plantilla continuó trabajando en las correspondientes Oficinas de Prestaciones, a las que se incorporaron incluso funcionarios voluntarios procedentes de otras Administraciones que habían paralizado sus actividades, en un ejercicio de solidaridad y compromiso con el servicio público realmente admirables.

La creciente demanda y las limitaciones derivadas del confinamiento aceleraron los mecanismos de renovación técnica, procedimental y de gestión de las prestaciones del SEPE, tanto ordinarias (desempleo) como extraordinarias (ERTEs), de cuya magnitud dan cuenta los datos correspondientes a las citas previas tramitadas durante los dos años citados (12.680.066), las consultas telefónicas atendidas (7.008.457) y los accesos a la sede electrónica del organismo (271.840.529).

Con todo, la complejidad de los procesos de tramitación y reconocimiento de las prestaciones que, en condiciones normales, la red del SEPE gestionaba sin demora a razón de 24.000 solicitudes diarias, amenazaba ahora con colapsar el sistema ante el crecimiento exponencial de los ERTEs, lo que obligó a flexibilizar los procedimientos administrativos, pasando de las solicitudes individuales a las colectivas de empresa, potenciando al mismo tiempo la renovación tecnológica de la gestión, garantizando el pago mensual a sus perceptores.

Fue precisamente un informático adscrito a la Dirección Provincial del SEPE en Valencia el que diseñó un programa que, tras ser felizmente bautizado como HOPE (esperanza), lograría optimizar los procesos de tramitación y atender las demandas acumuladas, llegando a gestionar a finales de abril más de 320.000 solicitudes en un solo día y logrando que el 2 de mayo seis millones de trabajadores cobraran sus prestaciones. 

Con todo, el extraordinario volumen de datos y documentación que las garantías del proceso requerían en aquellas circunstancias, generaba también errores formales y de tramitación que, en ocasiones, demoraban la percepción de las prestaciones por los interesados. Aunque el porcentaje de cobros atrasados o indebidos no llegara a superar el 2%, fue motivo de una lamentable campaña de bulos y desinformación, alimentada por las redes de extrema-derecha, que iría deshinchándose progresivamente conforme se depuraban los errores y confirmaban las prestaciones.

Un modelo de buenas prácticas

Aunque no fue sólo la derecha más extrema la que atacó burdamente el nuevo modelo de gestión de la crisis que representaron los ERTEs y otras medidas del escudo social como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado también en plena pandemia (Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), despectivamente calificado como “paguita”, y que desde entonces ha seguido mejorando su cobertura (972.963 hogares, en los que viven 2.894.029 personas) y prestaciones (14.132,8 millones de euros).

Desde la órbita del Partido Popular se intentó también deslegitimar dicha política social, no sólo a través de numerosas fake-news propaladas por sus terminales mediáticas, sino por los análisis pretendidamente rigurosos de quien había sido responsable de su programa económico y candidato efímero al Congreso por Madrid en las elecciones de noviembre de 2019 que negaba la eficacia protectora de los ERTEs y, en un arrebato apocalíptico, auguró la destrucción de 900.000 empresas y que la tasa de paro alcanzaría el 35% sobre la población activa (entrevista a Daniel Lacalle, El Mundo, 31-03-20).

La realidad, como inapelable factor de verificación, se encargaría pronto de impugnar tan negativos pronósticos: los ERTEs, junto con la protección a los trabajadores autónomos (13.000 millones de euros en ayudas por cese de actividad) y los préstamos ICO a las empresas (114.000 millones) demostraron su eficacia, permitiendo recuperar en sólo 15 meses los niveles de empleo existentes antes de la pandemia, mientras que en la crisis anterior -gestionada conforme a criterios liberal/conservadores- tardaron 12 años en hacerlo.

Un exhaustivo informe comparativo de la OCDE (https://www.oecd.org/en/publications/preparing-erte-for-the-future_a70bf8ec-en/full-report.html) confirmaría más tarde dicha evaluación positiva, declarando a los ERTEs como “modelo de buenas prácticas” que habrían garantizado la continuidad de unas 600.000 empresas y los salarios de 4,2 millones de trabajadores durante la pandemia (equivalente al 24,6% de la población asalariada en el sector privado a nivel nacional), generando asimismo un importante efecto multiplicador: por cada trabajador cubierto por los ERTEs “se salvaron entre 1,1 y 2,2 puestos de trabajo”.

El estudio confirma que, efectivamente, los ERTEs gestionados por el SEPE en circunstancias muy difíciles lograron defender el empleo y parar el paro puesto que, en ausencia de dicho escudo social la tasa de desempleo (14,4% en el primer trimestre de 2020) habría sido al menos cuatro puntos porcentuales superior durante los 18 meses siguientes, mientras que en la actualidad ha descendido hasta el 10,6%.

Finalmente, la OCDE considera positivo el saldo presupuestario de la inversión realizada a través de los ERTEs para el mantenimiento del empleo, que se habría compensado con creces con menores gastos en prestaciones por desempleo y mayores ingresos fiscales.

Se trata, pues, de un modelo socialmente justo y económicamente sostenible para hacer frente al impacto de la crisis, como se demostró durante la COVID y de nuevo ahora con la DANA, dando cobertura de prestaciones hasta ahora a 25.110 trabajadores valencianos de las zonas afectadas, por un total de 39,2 millones de euros.

Tanto entonces como ahora, es de justicia dejar constancia del buen hacer profesional y del compromiso cívico como servidores públicos de quienes trabajan diariamente en el SEPE…y que, durante unos años, fueron también mis compañeros.