Vox enmienda los presupuestos preacordados con Mazón para que las ayudas públicas solo lleguen a españoles

Vox empieza a enseñar sus cartas en las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 preacordados con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En una de sus enmiendas y de una manera casi quirúrgica, el partido de ultraderecha ha presentado una modificación del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, por el que las ayudas públicas de la administración autonómica solo puedan ir a ciudadanos españoles o de la UE. Se incluye los europeos porque, de lo contrario, la medida sería tumbada a las primeras de cambio al vulnerar la normativa de la Unión Europea, legislación española a todos los efectos.

La enmienda pretende que las ayudas de la Generalitat se regulen por los artículos 56.1 a) y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. El artículo 56.1 a) reza que, para poder participar en los procesos selectivos, será necesario “tener la nacionalidad española”. Por su parte, el artículo 57 fija que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea “podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas”.

La aprobación o no de esta enmienda puede poner en un brete a Carlos Mazón y al PP valenciano, que nunca ha traspasado la barrera de “los españoles primero”. Primero, porque validarla sería asumir todo el ideario de la ultraderecha. Pero, en caso de rechazarla, puede ser una excusa que alegue Vox para condicionar cualquier acuerdo final en el voto de las cuentas.

Entre las ayudas públicas de las que podrían quedar excluidas las personas que no tengan nacionalidad española o de los 27 estados miembros de la UE, están la renta de inclusión, las ayudas al alquiler social o numerosas de bienestar social. También podría afectar a los menores escolarizados y a las becas o subvenciones al comedor.