Córdoba ha registrado una media de menos de 180 ocupaciones anuales en la última década

La ocupación de vivienda en Córdoba tiene más publicidad que números estadísticos. La provincia es la quinta de Andalucía en número de allanamientos de morada y, en la última década, el número de ocupaciones ilegales rara vez ha superado los 200 al año. Sin embargo, desde hace una década, hay una ofensiva mediática y política contra la ocupación -con C de Casa, puesto que no tiene ningún condicionante político vinculado con el movimiento okupa-.

El año pasado, según los datos extraídos del Portal Estadístico de Criminalidad, tampoco se superaron los 200 casos. Concretamente, fueron 184 los que investigaron las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en toda la provincia de Córdoba, lo que la sitúa como la quinta provincia andaluza con mayor incidencia de este delito, más o menos la posición que ha venido ocupando, y también la posición que ocupa a nivel regional en base a sus habitantes.

Lo cierto es que los 184 allanamientos registrados en 2024 son 27 casos más que los que se dieron en 2023, aunque la evolución de los últimos años refleja una tendencia fluctuante, con altibajos significativos a lo largo de la última década. También que en la provincia de Córdoba, según los últimos datos, correspondientes a 2023, hay un total de 417.455 viviendas.

Del cruce de estos dos datos, sale que la ocupación ilegal de inmuebles en la provincia de Córdoba afecta aproximadamente al 0,38% del parque de viviendas.

Evolución histórica de la ocupación en Córdoba

Desde 2015, la ocupación ilegal de inmuebles ha experimentado variaciones considerables en la provincia. En 2015 se denunciaron 136 casos, cifra que bajó ligeramente en los dos años siguientes: 126 en 2016 y 117 en 2017. Sin embargo, en 2018 se produjo un repunte notable con 197 casos, marcando un aumento del 68,3% con respecto a 2017.

La tendencia al alza continuó en 2019, año en el que se registraron 217 allanamientos de morada, el más alto de la década. En 2020, primer año de pandemia, la cifra se mantuvo en valores similares con 216 denuncias. Sin embargo, en 2021 se produjo un leve descenso hasta los 200 casos, seguido por una caída más pronunciada en 2022, con 174 casos, y en 2023, con 157.

Del análisis de las cifras aportadas por el Ministerio del Interior, se infiere que la media aritmética de los últimos diez años se sitúa en 172 casos de ocupación de vivienda investigados en toda la provincia cada año.

A nivel regional, con los datos de 2024 en la mano, Córdoba se encuentra en una posición intermedia en cuanto a ocupaciones ilegales. Sevilla lidera la lista con 504 denuncias, seguida de Málaga (451), Cádiz (400) y Almería (245). Detrás de Córdoba, Granada registró 183 casos, Huelva 152 y Jaén 83, esta última siendo la provincia con menor incidencia.

Usurpación o allanamiento

Hay que aclarar que todos estos datos son los que investigan tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y las distintas policías locales de la provincia. Es altamente probable que existan casos que, o bien no se denuncien, o bien se resuelvan por acuerdos particulares entre propietario y ocupadores sin conocimiento de las fuerzas y cuerpos de Seguridad.

Además, no discrimina entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, “porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia”. De todas formas, según los datos de la Fiscalía General del Estado, apenas un 0,15% de los delitos genéricos de ocupación de inmuebles se refieren a allanamiento de morada, por lo que se deduce que la mayoría son usurpación de derecho de uso propiamente dicha.

Además, hay que aclarar que no existe una norma escrita que establezca el periodo del tiempo en el cual la policía puede echar a unos ocupas sin necesitad de resolución judicial que lo acuerde. En la práctica, si la ocupación ilegal es inmediatamente comunicada a la Policía, ésta la considerará delito flagrante y se habilitará su intervención sin necesidad de una resolución judicial.