De Andrés ataca otra vez a los menores extranjeros y cree que irán a Euskadi de Madrid y Zamora por el “efecto-llamada”

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, insiste en criticar la llegada de menores extranjeros a Euskadi dentro de la derivación a la península de los alrededor de 4.400 arribados a Canarias. Si la semana pasada manifestó que la primera opción habría de ser devolverlos a Marruecos -cuando a las islas han llegado de muchos más países- y fue duramente criticado por ello, incluido por el Gobierno vasco, ahora no solamente ha vuelto a proponerlo sino que entiende que los que lleguen a otras comunidades van a acabar en Euskadi por el “efecto-llamada” de su sistema de protección social.

“No van a quedarse ni en Madrid ni en Zamora, porque la política que se sigue en el País Vasco es de efecto-llamada. Los menores que no están en un régimen de internamiento pueden desplazarse en el territorio nacional. Si han traspasado el mar, no van a quedarse dentro de una comunidad autónoma. Habrá de nuevo movimientos y en muchas ocasiones van a venir al País Vasco”, ha explicado en una rueda de prensa.

De Andrés ha entregado también una copia del convenio firmado entre España y Marruecos en 2007 -cuando el presidente del Gobierno era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero- para alentar la posibilidad de la deportación a ese país de los niños y adolescentes. Se agarra a que allí se prevén “acciones en materia de retorno”. A su juicio, lo más conveniente no es “repartirlos” por España sino que vuelvan con sus familias. Con todo, ese mismo convenio recoge que las propuestas de devolución se harán “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la convención sobre los derechos del niño”.

Igualmente, el líder del PP vasco ha hecho entrega del artículo 35 de la ley de extranjería española de 2000 para mostrar que el Gobierno “promoverá” acuerdos de “colaboración” con los países de origen para fomentar el retorno. Sin embargo, solamente ha entregado los cuatro primeros puntos de ese artículo. ¿Qué dice el resto? El quinto alude a que el Estado “solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación” y que, además, se escuchará la opinión del afectado “si tiene suficiente juicio”. Se añade en el apartado sexto que en todo caso los adolescentes de 16 y 17 años siempre pueden intervenir “personalmente” en este procedimiento. Es más, se prevé la suspensión del proceso si el menor tiene una opinión contraria a la de su tutor legal.

Se da la circunstancia de que De Andrés fue diputado general de Álava entre 2011 y 2015. En Euskadi no es el Gobierno autonómico sino las diputaciones las que tienen la competencia de la tutela de los menores. Preguntado por los periodistas si en ese período él activó ese procedimiento, se ha escudado en que no era competente para ello. Su propia documentación recoge que es el Estado el que puede promover los retornos a Marruecos “de oficio” pero también “a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor”.

De Andrés opina que Euskadi está en una “deriva” peligrosa por el hecho de que el PNV ha accedido a comprar las tesis de la izquierda, también en política migratoria. Ha denunciado los “insultos” que lleva recibiendo varios días por sus propuestas sobre los menores extranjeros y cree que responden a la “profunda ignorancia” de la materia. “No tienen ni idea de lo que tienen entre manos”, ha insistido. Su visión responde al sentir de la “sociedad vasca” y también a criterios de “justicia” y de respeto a lo mejor para los niños adolescentes, ha explicado.

En este sentido, Vox preguntó por esta misma cuestión de las repatriaciones en el único Parlamento foral donde tiene escaño, las Juntas Generales de Álava. “La existencia de acuerdos bilaterales, como el firmado con Marruecos en 2013, también subraya la importancia de analizar cómo se están gestionando las repatriaciones y su cumplimiento”, argumentaba la ultraderecha. El diputado alavés del ramo, Gorka Urtaran, del PNV, informó de que al menos en 2024 no había habido ningún proceso de esta naturaleza. En esas mismas tablas constaba que de 175 acogidos en Álava menos de la mitad, 77, eran de Marruecos, aunque sí es la nacionalidad más habitual. Álava destina a este colectivo un presupuesto de 4,6 millones, menos del 1% del disponible total de la institución.