La Fiscalía avala a GuraSOS en su pugna procesal para poder litigar contra la incineradora de Gipuzkoa

Tras la sentencia, adelantada por este periódico, por la que el Tribunal Constitucional concede amparo a la entidad ecologista GuraSOS y le reconoce su legitimidad para poder litigar contra el CMG-I de Zubieta, que incluye una incineradora, este lunes se ha conocido que, de igual manera, la Fiscalía también avalaba sus pretensiones. El fiscal, en un informe de 37 páginas fechado en septiembre de 2024, aduce que fue un “cambio de criterio” que todavía no se ha explicado y sobre el que existe “silencio absoluto” el que condujo a la elevación de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en último extremo, llevó a tumbar un recurso de los ecologistas por falta de legitimación y no por un análisis del fondo.

GuraSOS se felicita ahora de que la sentencia que respalda su “legitimación” abre la puerta a “defender la salud y el medio ambiente”. “El Tribunal Constitucional lo dice claro: GuraSOS está defendiendo legítimamente la salud de sus hijas e hijos y por ende la de la sociedad en su conjunto y el medio ambiente. Estamos satisfechos porque supone un avance en la democracia ambiental”, se ha felicitado la asociación en una rueda de prensa concedida este lunes en Donostia.

Como ya adelantó este periódico, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional ha informado a favor de otorgar el amparo a GuraSOS en un informe firmado por Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala jefe, en septiembre de 2024. En ese escrito, la Fiscalía aduce que el “único fundamento” de las pretensiones de la asociación es el de la “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”. A tenor de ello, el fiscal interesa el otorgamiento del amparo con la estimación de la demanda y pide “que se declare la vulneración del derecho fundamental de la asociación GuraSOS a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción”. En esa línea, solicita “el restablecimiento de la demandante en la integridad de su derecho”, para lo que requiere la “nulidad” de la sentencia del Superior vasco de 2021. También solicita el fiscal, por último, “la retroacción de dicho procedimiento al momento inmediatamente anterior al dictado de la citada sentencia, para que la Sala dicte otra plenamente respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, en los términos que se desprenden de las presentes alegaciones”.

Entre los motivos que aduce la Fiscalía para defender el otorgamiento del amparo se encuentra el “cambio de criterio” —acompañado de un “silencio absoluto” en torno a él— del Superior vasco entre septiembre de 2018 y 2021, cuando elevó una cuestión de inconstitucionalidad. “La Sala impuso una interpretación más 'rigorista' y 'formalista' de las normas aplicables que la que, ante idénticas alegaciones, había asumido en [...] 2018, y con ello contribuyó decisivamente a impedir el acceso de la demandante de amparo a la jurisdicción”, se señala. “A falta incluso de reimisiones argumentales a las reiteradas alegaciones de las partes, lo único que cambió, sin que conste por qué, fue la posición del Tribunal”, se recoge en el escrito. Se refiere también a este suceso como un “inexplicado giro en la postura del órgano judicial”.

Este procedimiento tiene un largo recorrido, de casi una década. En el verano de 2016, el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco publicó la autorización ambiental de la planta de Zubieta. GuraSOS intentó primero sin éxito un recurso administrativo pero luego acudió a la sala de lo contencioso-administrativo del Superior vasco. Se inició el procedimiento 821/16. Desde un inicio, la Diputación de Gipuzkoa puso sobre la mesa “falta de legitimación” de la entidad fundada ese mismo 2016.

En 2021 el Constitucional anuló un inciso de la normativa vasca ambiental para eliminar la posibilidad de una acción “jurisdiccional” en entidades ecologistas en algunos supuestos. Con esa base, ese mismo año el Superior pronunció una sentencia tumbando el recurso de GuraSOS por falta de legitimación y no por analizar el fondo de la autorización de la planta de Zubieta. “Diputación [de Gipuzkoa], GHK, Gobierno vasco y el Superior vasco han tratado de cerrar a la sociedad todas las puertas para que podamos defender la salud y el medio ambiente”, se han quejado desde GuraSOS, según unas declaraciones de este lunes recogidas por Europa Press. Y se alegran de que el Constitucional ha vuelto a abrir esas puertas para darles “la razón”.

GuraSOS, en todo caso, recurrió al Supremo. No tuvo éxito. Finalmente, encontró una vía para ir al Constitucional, un recurso de amparo por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esto es lo que ahora ha resuelto el Constitucional dando la razón a GuraSOS.

Trascendencia ambiental y política

¿Qué consecuencias puede tener la sentencia? El asunto en sí solamente afecta al pleito de 2016 pero es evidente que tiene una mayor trascendencia ambiental e incluso política. GuraSOS mantiene una batería de iniciativas judiciales contra GHK, algunas de ellas penales, y el diputado guipuzcoano de Medio Ambiente y presidente de ese consorcio, el socialista José Ignacio Asensio, siempre ha esgrimido que todas y cada una de ellas estaban decayendo. Se siente víctima de una persecución. “Abre claramente la posibilidad de que los ciudadanos se asocien para impugnar de forma colectiva una disposición general o un acto administrativo de efectos ambientales que les afecte una vez conocido el mismo sin tener que cumplir los requisitos de la acción popular prevista en la ley de acceso a la justicia ambiental para la defensa del cumplimiento de la legalidad medioambiental”, asegura GuraSOS sobre la sentencia.

La última batalla ha sido en la vía penal. La Justicia acaba de archivar una investigación promovida por la Fiscalía a instancias de GuraSOS por las suspuestas irregularidades en el envío de lixiviados desde el CMG-I a, entre otros lugares, una planta de fertilizantes de Navarra, Ecofert Sansoain de Artajona. Incluso el Gobierno navarro -con una presidenta socialista como Asensio- secundaba estas denuncias y no ha dejado de hacerlo a pesar del archivo judicial. La Fiscalía no recurrirá pero GuraSOS si peleará por la reapertura del caso. En paralelo, hay otra pieza penal iniciada en 2020 a instancias de GuraSOS por la generación de esos lixiviados y por vertidos en el entorno del CMG-I.