La Unión de Consumidores de Extremadura atendió más de 10.000 consultas y reclamaciones en 2024

La Unión de Consumidores de Extremadura ha tramitado, durante el año 2024, un total de 10.215 expedientes, de los que 9.281 corresponden a consultas y 934 a reclamaciones, donde los sectores más reclamados continúan siendo las entidades financieras, administraciones públicas y suministros básicos. Son datos de la memoria de UCE, en la que también se destaca que la organización ha llevado un total de 101 procedimientos judiciales en el último año.

Los servicios financieros concentran mayor número de consultas y reclamaciones (3.489), en cuestiones como gastos de formalización de las hipotecas y las comisiones bancarias, y también han sido muy numerosas las estafas bancarias, mediante técnicas de phishing, smishing o vishing; así como las referidas a las compañías aseguradoras (601).

La segunda posición la ocupa este año la administración pública, con 1.089 consultas y reclamaciones, en aspectos como el IRPF, sanciones o multas o la solicitud de información sobre ayudas estatales; seguido de los suministros básicos (829), sobre todo problemas con la factura de electricidad.

Problemas con las devoluciones o disconformidad con los artículos adquiridos en el comercio

En el comercio (652), tanto presencial como online, las quejas están provocadas por problemas en la devolución o disconformidad con los artículos adquiridos, entre otros; y en telecomunicaciones (570) por cambios en las condiciones contractuales sin aviso previo por parte de la compañía, dificultad de dar de baja o problemas de cobertura en la fibra óptica.

En sexta posición se encuentran otros servicios, con 506 expedientes de los que 467 han sido relacionadas con servicios sanitarios, lo que se explica por “el cierre inesperado de las clínicas”, como Nur, que ha dejado a muchos pacientes con tratamientos sanitarios y estéticos abonados, pero no ejecutados en su totalidad, como sucedió años atrás con Dentix o Centros Ideal.

UCE ha recordado que, en estos casos, las entidades bancarias o financieras vinculadas a los préstamos personales de las clínicas deben responder de manera solidaria, tal y como establece la Ley de Crédito al Consumo, junto a la clínica en cuestión y proceder a la anulación de los contratos de financiación y a la devolución del importe abonado por aquellas personas que tuvieran una financiación ya terminada, sin que el tratamiento se hubiera prestado en su totalidad.

A continuación se sitúan los bienes de consumo (418), siendo los más numerosos los problemas con los vehículos a motor; vivienda (404) -que pasa de la sexta a la octava posición-, fundamentalmente en cuestiones relacionadas con el alquiler; transportes (229), por cancelaciones o retrasos en vuelos, y daños en equipaje; y esparcimiento y ocio (134), en relación a viajes combinados.