Alfonso Rueda concentra poder y atribuciones en la Presidencia de la Xunta tres años después de suceder a Feijóo

El conselleiro de Presidencia lo aclaró, tal vez de modo involuntario, al término del último Consello de la Xunta de Galicia, que presidió por encontrarse su superior de viaje en Latinoamérica: “Cualquier departamento del Gobierno gallego depende del presidente, porque lógicamente hay una estructura piramidal”. La tautología de Diego Calvo buscaba restar importancia a un extraño movimiento, el cambio de ubicación administrativa del Instituto Galego de Estatística (IGE). El órgano respondía hasta ahora a las órdenes de la Consellería de Facenda y ahora lo hará directamente a las de Presidencia. Pero a la vez Calvo sintetizaba la forma en que Alfonso Rueda ha venido entendiendo el gobernar. Tres años después de suceder a Feijóo y uno de su primera mayoría absoluta, Rueda continúa acumulando poderes y atribuciones, desprecia críticas y protestas y, en el caso de los medios públicos, apuesta por aumentar todavía más el control gubernamental. El BNG ya habla de “deriva autoritaria”.

El propio Calvo ha padecido la táctica “piramidal” del presidente gallego. Fue vicepresidente durante el período de interinidad de Alfonso Rueda, entre mayo de 2022 y las elecciones autonómicas de febrero del pasado año. Núñez Feijóo, embarcado junto a Díaz Ayuso en la operación para defenestrar a Pablo Casado, se iba a la política madrileña y en su sitio quedaba Rueda. La incorporación de Diego Calvo a la vicepresidencia primera -la segunda la ocupaba Ángeles Vázquez, nombrada por Feijóo- fue uno de los escasos cambios. También breve. Rueda suprimió ambas en su primer gabinete tras la victoria electoral de 2024. “Es un gobierno horizontal”, argumentó entonces. Horizontal en forma de pirámide, diría Calvo.

La relocalización del IGE, que además abre la puerta a que empresas privadas exploten los datos que recopila y estudia, sucede a los pocos meses de que el organismo publicase los resultados de una encuesta sobre el uso del gallego. Eran demoledores. El número de niños de entre 5 y 14 años que no saben hablar la lengua propia de la comunidad se había multiplicado por dos en 15 años de gobiernos del PP. Ahora son el 32,44% del total. Las cifras, que se hicieron públicas con retraso respecto a lo que prescribía el plan estadístico anual de la institución, alimentaron la protesta contra la política lingüística de la derecha. Esta aprovechó para dar un giro y proponer un por el momento no demasiado concreto Pacto pola lingua. La Xunta también encargó a una compañía privada, Sondaxe, un sondeo a medida sobre el gallego y que, lógicamente, contradijo el estudio oficial.

Una vez más, el Gobierno de Rueda atacaba a las instituciones de la autonomía que no se pliegan a sus intereses partidarios y políticos. Lo había hecho antes con el Consello da Cultura, que informó en contra del proyecto de Altri en un documento de 180 páginas rubricado por académicos y expertos en la materia. Y con el Consello de Contas, que había desvelado el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo debido al método de financiación privada elegido en su día por Feijóo. O con el Tribunal Superior, que había puesto reparos a la tramitación de parques eólicos debido a las deficiencias legislativas de la propia Xunta.

Desabrido contra la oposición parlamentaria

Apenas un día después del anuncio sobre el IGE, el PP culminaba su apuesta por asfixiar todavía más los medios públicos. Su mayoría absoluta aprobaba en el Parlamento de Galicia una nueva ley para la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) que elimina los órganos de control profesional -nunca los llegó a poner en marcha- y permite elegir a su director general sin necesidad de mayoría cualificada -el mandato del actual caducó hace más de una década. Era la respuesta de Alfonso Rueda a años de protestas de sus trabajadores contra la manipulación informativa a favor del PP, huelgas laborales o incluso una condena por vulnerar la libertad ideológica de un trabajador. En dirección contraria a las recomendaciones de asociaciones colegiales y códigos deontológicos, la Xunta opta por desdemocratizar el ente público y reducir su pluralismo informativo.

La maniobra en la CRTVG, que también cambia su nombre por el de Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, casa con el desdén, cuando no abierto desprecio, con el que el presidente de la Xunta encaja las críticas a su gestión. Desabrido en el Parlamento con la oposición nacionalista, especialmente con la líder del BNG Ana Pontón, o del PSdeG, tampoco las protestas ciudadanas despiertan su comprensión más allá de un retórico respeto “a los que acuden de buena fe”. Las históricas, multitudinarias movilizaciones contra los planes de Altri de instalar una macrocelulosa en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) o las manifestaciones a favor del gallego -a la última el 23 de febrero, asistieron miles de personas- fueron para Rueda “actos politizados” -esto lo usa en sentido negativo- y siempre la mano del BNG por detrás.

Fue precisamente el BNG el que impulsó una comisión de investigación en la cámara autonómica con el objeto de esclarecer los contratos del Gobierno gallego con familiares de altos cargos de la derecha. Que Feijóo fuera presidente durante 13 de los últimos entonces 16 años no le pareció motivo suficiente a los diputados del Partido Popular para que este compareciese en la misma. Vetaron su presencia. El rodillo no se detuvo en ese punto: la derecha impuso comparecientes y plan de trabajo, apuró al máximo su funcionamiento y la comisión desapareció igual que había aparecido, con unas conclusiones aprobadas en solitario por el PP y que calcaban su argumentario en la materia. Ana Pontón se había referido, al inicio de las labores del órgano parlamentario, a la “deriva autoritaria y antidemocrática sin precedentes” que “vulneraba el derecho de la oposición a controlar el ejecutivo”. Rueda no se dio por aludido.