Fútbol, política y bancos: el mundial 2030 amenaza culebrón con Abel Caballero de protagonista

“No sé qué le pasa a Abel Caballero, me llama todas las semanas”. La frase fue pronunciada por el exministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el 23 de marzo de 2023 durante el tiempo muerto de una visita institucional a Galicia, según relatan a esta redacción testigos de aquel desahogo. Lo que le pasaba a Abel Caballero es el mundial de Fútbol que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos. La primera lista de ciudades candidatas fue elaborada por el Gobierno y contenía un total de 15 localidades. Los evaluadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) redujeron ese listado a 11 y Vigo se quedó fuera. Lo que ahora hemos conocido, por la grabación filtrada al diario El Mundo, son las maneras de chapuza con las que se toman decisiones que mueven millones, implican a empresas privadas y comportan desembolsos de dinero público. El culebrón tiene todos los ingredientes del género: dinero, viejos conocidos, rencillas y lucha por el poder.
Aunque el alcalde de Vigo va perdiendo en su nueva causa política, no da su brazo a torcer: la información publicada por El Mundo este martes revelando manejos para excluir a la ciudad que dirige este veterano político socialista no ha hecho más que agitar un avispero en el que confluyen deporte, política y negocios. Según las grabaciones que acompañan esa información, el comité evaluador de la Federación decide sobre las candidaturas, que luego eleva a la FIFA, con criterios discutibles y más próximos a la tertulia de bar que a un análisis técnico y objetivo. La directora de la Candidatura del Mundial 2030, María Tato, dijo en un momento de la reunión que examinó a los aspirantes una frase que ha incendiado las alfombras de más de un despacho: “Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado”. La polémica está servida.
La decisión que aparta por el momento a Vigo en su carrera por el Mundial se produce durante el relevo en el mando de la RFEF que ha aupado como nuevo presidente al también gallego Rafael Louzán. Se da la circunstancia de que Louzán y Caballero son viejos enemigos políticos y eso no contribuye a la calma cuando las sospechas de amaño se ciernen sobre el proceso. El alcalde de Vigo ha iniciado una ofensiva para exigir que la Federación de Fútbol publique los criterios técnicos y las votaciones que han mantenido a unas ciudades y descabalgado a otras.
En este punto se sitúa la parte epistolar del culebrón. El 24 de febrero Abel Caballero se dirigió por carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reclamarle que exigiese de la RFEF la publicación de los baremos, criterios y puntuaciones. En esa misiva, que Rueda nunca contestó, Caballero desliza la idea de que la Xunta solo apoya la candidatura de A Coruña, en detrimento de la de Vigo. Al día siguiente de la primera carta, llega la respuesta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, es quien contesta. El tono es pretendidamente amable, pero el mensaje esconde el siguiente reproche político: “Sentimos que las posibles carencias que pudiese tener la propuesta de Vigo, junto con la ausencia de influencia del Gobierno local, no permitiesen que Vigo pasase el corte”. Este martes el PSOE ha pedido la dimisión de Calvo por el tono y contenido de esa misiva.
La rivalidad de la Xunta y el Partido Popular con Vigo no es novedosa. En un contexto político en el que el PP ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, las victorias electorales de Caballero en la primera ciudad de Galicia son el principal talón de Aquiles de Alfonso Rueda, como lo fueron antes para Alberto Núñez Feijóo. Si Vigo consiguiese ser sede del mundial, Caballero obtendría un nuevo éxito que rentabilizar ante su electorado. Es por ello que el alcalde vigués no da la batalla por perdida y confía en que el apoyo del Gobierno central puede hacer que la FIFA se replantee su selección de ciudades. Aún queda tiempo y las espadas están en alto.
Abel Caballero cuenta con el respaldo del Gobierno central. El pasado 5 de marzo, el presidente del Centro Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró: “Vigo debe estar. Seguiré conversando con la FIFA y la Federación”.
¿Quién paga la fiesta?
La organización de un Mundial de Fútbol no se aleja mucho de una gran fiesta privada en donde quien decide la lista de invitados es la FIFA y quienes pagan son, en muchas ocasiones, las administraciones públicas. A finales de 2022 el Consejo de Ministros aprobó una subvención de 7,5 millones de euros para que la Real Federación Española de Fútbol impulsase la candidatura de España como sede del evento. El dinero tenía por destino sufragar actividades de difusión de la candidatura tanto en España como en otros países, el establecimiento de una oficina técnica de coordinación y el desarrollo de infraestructuras.
Pero la fiesta tiene más gastos que asumen las administraciones locales en torno a los estadios elegidos como sede de los partidos. En el caso de Vigo y A Coruña, ambos ayuntamientos deben acometer obras de ampliación de sus estadios para llegar a las 40.000 butacas que exige la FIFA a quien quiera jugar en su liga. Balaídos, el campo propiedad del Ayuntamiento de Vigo, acaba de terminar una reforma para elevar su aforo hasta 28.000 asientos y tendría que hacer nuevas obras para cumplir los criterios FIFA. En el caso de Riazor, en A Coruña, también es necesario acometer costosas obras de ampliación.
Es por ello que los dos ayuntamientos involucrados en Galicia en la preparación del Mundial han pedido el concurso económico de la Xunta de Galicia y el de las diputaciones provinciales. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes propuso que las tres administraciones (Xunta, Diputación y Ayuntamiento) paguen la factura a partes iguales. Desde la Diputación le han contestado que no están dispuestos a poner lo mismo que otra administración con un presupuesto infinitamente superior al que ellos manejan.
Además del dinero público que se emplea en el evento, las administraciones implicadas buscan fórmulas diversas para poder sufragar sus gastos. Es aquí en donde entran los inversores privados a los que se ofrece la explotación de espacios a cambio de cash para pagar las primeras facturas. Las fórmulas para conseguir esas aportaciones extra son tan diversas como el mercado. Un ejemplo es la construcción de la Nueva Romareda en Zaragoza. El Ayuntamiento de la localidad aragonesa quiere que Ibercaja sea su principal socio financiero de una operación que requerirá un importante desembolso económico.
A Coruña
A Coruña se mantiene por ahora dentro del grupo de 11 ciudades que la FIFA va a evaluar como candidatas. Gobernada por la socialista Inés Rey, esta ciudad es la preferida de la Xunta para albergar partidos del Mundial. Pero, en el caso coruñés, el problema tiene que ver con la resistencia que parece ofrecer veladamente el Deportivo de A Coruña y, en consecuencia, Abanca, entidad propietaria del club.
El Deportivo lleva meses enzarzado en una guerra pública con el consistorio por el uso del estadio en donde juega su primer equipo, propiedad del Ayuntamiento. La tensión para renovar el acuerdo de alquiler que permite al Dépor usar las instalaciones municipales se ha acrecentado ahora con la pretensión de albergar una de las sedes del mundial.
Hay varios puntos que, según las fuentes consultadas, no son del agrado del Deportivo y Abanca. El primero es el referente a las obras de ampliación para adaptar el estadio a los criterios FIFA. Esa intervención obligaría al equipo a buscarse un campo alternativo en el que seguir jugando sus partidos mientras se desarrollan las obras de ampliación, entre dos y tres años. El otro punto de fricción es el que tiene que ver con los inversores que el Ayuntamiento de A Coruña pueda encontrar para adelgazar el coste del evento. Y es que Abanca tiene sus reservas a permitir que otras empresas usen el estadio en el que juega su equipo como lugar de negocio. El problema para esta entidad es que el estadio de Riazor no es suyo.
Fuentes cercanas a la entidad aseguran a esta redacción que “el club no ha sido debidamente informado de cómo se efectuará la ampliación” y advierten de que esas obras “podría causar un serio daño a los ingresos del club y a la afición”. Según las mismas fuentes “hacer una inversión de esta magnitud para dos o tres partidos y en el futuro tener el 50% de su nuevo aforo vacío carece de sentido”. En el entorno del Deportivo creen que, pese a ser uno de los principales clubs de la liga en abonados, “no existe demanda” para rentabilizar un estadio de más de 40.000 asientos en una ciudad de 250.000 habitantes y se quejan de que los gastos de mantenimiento del nuevo estadio, una vez ampliado, serían a cuenta del club. “El Deportivo nunca ha participado en el diseño de los cambios propuestos, ni sus opiniones han sido tomadas en cuenta”, aseguran fuentes próximas al Deportivo.
Y todo este conflicto se produce a cinco años de la celebración del Mundial y sin que se sepan aún cuántos partidos del campeonato se jugarían en cada una de las sedes. Una lucha política y económica que podría estar librándose a cuenta de apenas 180 minutos de fútbol.
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