La Xunta prepara un contrato para que una empresa privada “centralice, gestione y explote” datos estadísticos públicos

La Xunta de Galicia ha anunciado cambios en la gestión y tratamiento de los datos estadísticos públicos. En este semestre va a licitar un contrato para que empresas tecnológicas “puedan ofrecer sus servicios para centralizar, gestionar y explotar los distintos datos” que tiene el Gobierno gallego. Es decir, en cuestión de unos meses una compañía privada podrá reunir y tratar la información del IGE, el Instituto Nacional de Estatística, las consellerías, las universidades y otros organismos, para “poder disponer con agilidad y precisión de información pública actualizada”.

El anuncio lo hizo el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, en la que él informó de los asuntos aprobados porque el presidente gallego, Alfonso Rueda, se encuenta de viaje oficial en Argentina y Uruguay. Aseguró que la intención es “optimizar” el uso de datos para dar mejores servicios. Y la Xunta ha optado por recurrir a los servicios de una empresa externa para aplicar “las herramientas e instrumentos que existen”. Otra de las medidas para ello es un histórico cambio en la estructura del Gobierno gallego: el IGE, tradicionalmente vinculado a la Consellería de Facenda, pasará a depender directamente de Alfonso Rueda, a través de la Oficina de Coordinación Económica. La decisión se conoce cinco meses después de la polémica abierta por el informe del instituto estadístico que concluía que uno de cada tres niños gallegos no saben hablar la lengua propia de la comunidad.

Para llevar a cabo los cambios habrá primero una modificación del decreto de estructura orgánica de la Xunta, con el que se creará, además, una subdirección de Coordinación, Estudios e Seguimento dentro de esa oficina económica. Luego vendrá la licitación de un contrato para la explotación, gestión y centralización de datos públicos que se entregará a una empresa privada. Calvo insistió en que el objetivo es guiar la toma de decisiones mediante un tratamiento de los datos que permita “conocer de forma precisa la realidad de la sociedad gallega” y convertir la oficina económica en “un auténtico centro de datos que mejore las políticas públicas y la capacidad de análisis sociológico de la Xunta”.

Los datos seguirán igualmente disponibles en los sitios web de sus organismos de origen. Fuentes de la Xunta añaden que la intención es también poder discriminar, acotar y hacer proyecciones de la evolución de los datos.

Ahora, el IGE saldrá de Facenda y pasará a estar bajo mando directo de Rueda dentro de la Oficina de Coordinación Económica, un departamento con rango de secretaría xeral dentro de la Presidencia y cuya creación anunció en su debate de investidura, en abril de 2024. El objetivo declarado de esa oficina, según explicó entonces el propio presidente, era “evaluar y coordinar” los proyectos industriales de Galicia y también hacer propuestas para “orientar las acciones de Gobierno hacia ciertas metas u objetivos”. “Estamos maduros para crear este nuevo órgano porque esto significa que tenemos proyectos importantes encima de la mesa que necesitan ser coordinados”, manifestó en la presentación del responsable de esta nueva entidad, Juan Carlos Reboredo.

La justificación dada por Diego Calvo para llevar el órgano estadístico oficial a la estructura de esta oficina es que “toda la información se concentre en un único departamento donde esté perfectamente clasificada y disponible” para cualquiera de las consellerías. El IGE está regido por una ley de estadística y por un plan anual que se aprueba en el Parlamento y todos sus trabajos, que consisten también en estadísticas sociales o demográficas y no solo económicas, son accesibles a través de su sitio web.

Calvo restó importancia al movimiento con el argumento de que, en realidad, todos los departamentos dependen ya de Rueda, “que es el presidente de toda la Xunta”. El cambio llega tras una polémica por las conclusiones del IGE sobre la caída en el uso del gallego. Después de esta estadística, el Gobierno gallego encargó una encuesta a una empresa privada -Sondaxe, compañía desmoscópica propiedad del mismo grupo que La Voz de Galicia-, que llegó a unas conclusiones distintas a las del organismo público: el 94,5% de los padres aseguran que sus hijos dominan la lengua propia. Rueda justificó este segundo trabajo para “profundizar” en la situación que “se deduce de estos datos estadísticos”. Y defendió que esa profundización estuviese a cargo de una empresa privada, en lugar de encomendar la tarea al propio IGE: “No es la primera ni será la última vez que la Xunta haga este tipo de encargos”.