PP y Vox rechazan topar los alquileres y priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda en Balears

PP y Vox han impedido con sus votos que el Parlament balear tome en consideración una proposición de ley del PSIB-PSOE dirigida a declarar, en medio de la actual emergencia habitacional, zonas de mercado residencial tensionadas en el archipiélago y topar con ello los precios de los alquileres. Los socialistas consideran que el vigente marco normativo autonómico ha demostrado “su incapacidad para resolver la dimensión del problema de acceso a la vivienda”, por lo que abogaban por aplicar un nuevo enfoque a través de la Ley estatal de vivienda, evitando los procesos especulativos y otorgando respuestas de “gran alcance”.

La proposición socialista, finalmente, ha sido rechazada con 24 votos a favor de la oposición y 33 en contra de populares y extrema derecha, quienes han tildado de “fracasadas” las políticas de la izquierda a la hora de solventar la problemática en materia de vivienda. Por su parte, el PSIB ha apelado a la necesidad de “poner a las personas por delante de los intereses económicos”, comparando la intervención en el mercado de la vivienda con la intervención en momentos de distorsión como se hizo con el mercado energético: “No lo hacen por partidismo y porque la política del Govern se hace desde Génova y no desde el paseo Sagrera [desde de la Presidencia balear]”, ha esperando la diputada Mercedes Garrido dirigiéndose a la bancada popular.

Del mismo modo, la Cámara balear ha rechazado que se debata otra proposición de ley, en este caso de Més per Menorca, que planteaba priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda en las islas. Al respecto, la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, ha defendido la necesidad de priorizar a los residentes en las políticas públicas de vivienda, pero sin intervenir en el mercado privado.

“Abordar el problema de Iavivienda es un reto colectivo, por lo que la respuesta también tiene que ser colectiva”, defendían los socialistas en su Proposición de Ley, en la que exponen que la experiencia dice que “abordarlo desde Ia autorregulación del mercado y dejando únicamente en manos de la iniciativa privada la cobertura de las necesidades de la población es un fracaso”. “Por lo tanto, se tienen que abrir nuevas vías, como la de la intervención en el mercado para facilitar el acceso a la vivienda”, recalcan.

En la defensa de la iniciativa, Garrido ha acusado al PP de “negar a los ciudadanos de Baleares la posibilidad de acceder a una vivienda” y ha señalado que la falta de acceso a un hogar digno es una de las causas fundamentales de exclusión social. La socialista se ha referido así a la situación excepcional que atraviesa Balears, donde alquilar un estudio en la ciudad es hoy hasta un 90% más caro que una habitación en un piso compartido, según datos de Idealista, mientras que, según un reciente estudio de Fotocasa, comprar una vivienda de segunda mano es en la actualidad un 124% más caro que hace 20 años. En 2024, Balears fue además, según el Observatorio del Alquiler, la segunda provincia con los alquileres más caros, con una media de 1.598 euros al mes por vivienda.

Se trata de unos datos que, en opinión de Garrido, justificarían la declaración de zonas tensionadas y que a día de hoy cumplirían todos los municipios de Balears “para poner a las personas por delante de los intereses económicos”.

Por su parte, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa se ha preguntado por qué se pueden poner límites a las macrogranjas, a los coches en Eivissa o a las licencias de VTC y no a los precios de los alquileres. “No les da la gana”, ha concluido el ecosoberanista, que ha acusado al Govern de favorecer los pelotazos. Mientras tanto, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha señalado que, con su voto en contra, PP y Vox “están haciendo daño a los ciudadanos de Balears”.

Asimismo, Sergio Rodríguez, de Vox, ha acusado a la izquierda de traer el Parlament “políticas fracasadas· que hacen desparecer las viviendas del mercado”. “Todos los gobiernos lo han intentado y todos han fracasado”, ha señalado, mientras que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha calificado la propuesta de topar los alquileres como “directamente comunista”, reivindicando que, con las medidas del Govern, ya se está reactivando el mercado del alquiler. “Quieren apagar los incendios con gasolina”, ha remarcado el popular, que ha aprovechado su intervención para reclamar a la presidenta del Congreso y recientemente reelegida secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que desbloquee la ley antiokupas del PP.

En cuanto a la proposición de ley para priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda, la presidenta del Govern ha respondido al portavoz de Més per Menorca, Josep Castells: “Si se trata de vivienda pública o de precio limitado, estaré dando prioridad a los residentes, pero no podemos decir a las familias a quién pueden vender su casa. Existe la propiedad privada y no podemos engañar a la ciudadanía con algunas propuestas”, ha indicado Prohens. El ecosoberanista, por su parte, ha rechazado las políticas “que envían a los residentes a la periferia de las ciudades”.

En su intervención, Castells ha subrayado que una de las causas de la falta de acceso a una vivienda digna se deriva de la compra masiva de propiedades por parte extranjeros con elevado poder adquisitivo que las emplea como segunda residencia, lo que, como efecto inmediato, provoca que los precios se disparen al alza y las familias no puedan acceder a un hogar. Asimismo, ha añadido, otra de las consecuencias pasa por la transformación de la oferta comercial: la de toda la vida desaparece y ahora prolifera la enfocada al visitante ocasional. “Los centros de las ciudades se están desertizando porque las casas están cerradas, y además se está produciendo una fuga de talento”, ha enfatizado el diputado menorquinista.

En su respuesta, Prohens ha señalado que el Ejecutivo no puede decir a los propietarios de las islas a quién pueden vender sus propiedades “porque formamos parte de la Unión Europea -una de cuyas normas fundamentales es la libre circulación de bienes, capitales y personas entre países miembros- y existe la propiedad privada”. La líder balear ha asegurado que se están impulsando exigencias mínimas de residencia de cinco años, aunque, según ha indicado, algunos ayuntamientos están elevando las condiciones a siete o incluso diez años en algunos casos y para algunas promociones.

Cabe destacar que el Gobierno de Canarias solicitó en 2024 a sus servicios jurídicos un informe sobre la viabilidad de acometer una reforma legislativa que permita establecer vías para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero, al igual que lo han hecho territorios como las islas Åland, situadas frente a la costa suroeste de Finlandia, que combaten la compra masiva de vivienda por parte de extranjeros, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Por otro lado, durante la misma sesión plenaria, el Govern del PP ha expresado su rechazo a adquirir, 21 pisos que un gran tenedor ha puesto a la venta en el municipio mallorquín de Sa Pobla por precios entre los 70.000 y los 130.000 euros. El propietario de los mismos, Promontoria Coliseum Real Estate S.L., filial de Cerberus, figuraba en 2024 como la empresa con más viviendas vacías de Balears, con 101. Recientemente puso a la venta hasta 87 inmuebles, entre los que se encuentran los 21 pisos. El resto son 11 oficinas (de entre 80 y 100 metros cuadrados), 54 parkings y un local comercial.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha señalado que esta operación “no estaría dentro, por el momento, y con la información de la que se dispone, de los supuestos que prevé la ley para realizar una compra por tanteo y retracto”. Con todo, ha manifestado que el Ejecutivo autonómico ya ha adquirido más de 35 viviendas a través de esta vía “y comprará más siempre que sea posible, dentro de los cauces y los límites que marca la ley”. El conseller ha aclarado que el hecho de que el Govern no intervenga en esta compra “no es una cuestión de voluntad política”, sino de “si la ley lo permite o no”.