Un activista de Futuro Vegetal, imputado por rociar con pintura un jet privado: “La protesta está criminalizada”

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Una pena de prisión de uno a tres años y una multa económica de 12 a 24 meses en el peor de los casos es la condena a la que se enfrentarían los cuatro activistas climáticos -tres de Futuro Vegetal y uno de Extinction Rebellion Ibiza- que rociaron con pintura biodegradable un ‘jet privado’ en el aeropuerto de Eivissa el pasado 14 de julio de 2023. Este martes prestó declaración telemática en el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa uno de los activistas que participaron en la protesta, Bilbo Bassaterra, que también es uno de los fundadores de Futuro Vegetal.
“Los bomberos limpiaron el jet privado con unas mangueras de agua y se acabó [el problema]”, afirma a elDiario.es Bassaterra, mostrando un vídeo que le mandó de forma anónima, según su testimonio, uno de los bomberos que se hizo cargo de las tareas de limpieza y que el activista va a presentar durante la fase de instrucción del procedimiento. A su juicio, esta prueba documental probaría la inexistencia del delito de daños y, por tanto, el archivo de la causa. El delito por el que se le investiga junto a sus compañeros está contemplado en el artículo 263 del Código Penal y conlleva penas de prisión de entre uno y tres años.
“Me opongo a la criminalización de la protesta”, responde a este medio María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y experta en Derechos Humanos, inquirida sobre esta cuestión. “No habiendo daños, creo que es genuinamente eso. En democracia, se deben garantizar espacios de resistencia y desobediencia civil”, añade Rodríguez Palop.
En opinión de Bassaterra, de hecho, lo que se está produciendo es “una criminalización de la protesta”. Según su visión, esta se produce contra determinados movimientos de izquierdas, entre los que incluye a organizaciones estudiantiles, anarquistas, comunistas, ecologistas, así como al independentismo catalán, entre otros. Algunos de estos movimientos han sufrido, además, infiltraciones policiales, recuerda el activista. Asimismo, ello ocurre tanto con gobiernos de derechas como de izquierdas, que en algunos casos se pueden amparar en la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, que acaba de cumplir una década desde su puesta en vigor. Sin embargo, la ley mordaza no ha sido derogada por ninguno de los dos gobiernos de Pedro Sánchez, pese a que así lo prometió cuando todavía gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Reclaman alternativas “social y ecológicamente” responsables
La acción de protesta llevada a cabo en el aeropuerto ibicenco se enmarcó en un contexto más amplio de una campaña que se denominó Jets and yachts, the party’s over (Aviones privados y yates, la fiesta se ha terminado), convocada por la plataforma Eivissa Es Rebel·la -que agrupa a diferentes colectivos ecologistas y climáticos de la isla- y que se desarrolló durante una semana en diferentes puntos emblemáticos de la isla, como Pachá o el beach club Blue Marlin. En este sentido, cabe destacar que Eivissa y Palma están entre las diez ciudades europeas que más jets privados reciben durante los meses de julio y agosto, según datos de la Asociación Europea de Aviación Empresarial (EBAA, por sus siglas en inglés).
En ese momento, los activistas exigían “la prohibición de los jets privados y la eliminación de las emisiones de lujo” y reclamaban al Gobierno “que derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales”. Del mismo modo, Futuro Vegetal destacaba la necesidad de adaptar el sistema agroalimentario a un contexto de “caos climático”, en el marco de la necesidad de no sobrepasar el límite de aumento de temperatura de 1,5º grados -con respecto a los niveles preindustriales-, como marca el acuerdo de París.
Este límite se superó, sin embargo, el 7 de noviembre de 2024, según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), como informó elDiario.es. De hecho, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) afirman en sus últimos informes que por encima del umbral de 1,5º grados la adaptación será más difícil, así como los “impactos negativos en la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos, en los recursos, los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, las ciudades, el turismo y la eliminación de carbono”.
Respecto a la actual situación de crisis climática, Bassaterra hace referencia a la superación del límite de aumento de temperatura de 1,5º grados con respecto a los niveles preindustriales, que se registró por primera vez el año pasado. “Las consecuencias están siendo devastadoras”, asegura el activista y para ello cita como ejemplos los desastres causados por la dana del pasado 29 de octubre, que golpearon especialmente la Comunidad Valenciana, tanto por los fallecimientos que hubo como por los daños materiales que se produjeron. “También hay que resaltar las lluvias torrenciales que ha habido en muchísimos lugares estos últimos meses”, insiste el activista.
“Cada día que pasa sin que se tomen las medidas necesarias para intentar mitigar al máximo posible los efectos de la crisis climática, que ya sabemos que es irrefrenable, la situación va a peor”, lamenta el activista. En su opinión, el escenario “es cada día más acuciante”. El problema es, según su análisis, que hay “una pequeña clase privilegiada” que quiere mantener el status quo para salvaguardar sus intereses de clase, en lugar de “buscar un sistema económico y político que nos permita mitigar los efectos de esta crisis”.
Así, citando algunos problemas ya enumerados por la comunidad científica, Bassaterra insiste en que pese a que todavía tenemos “cierta capacidad para adaptarnos a escenarios climáticos adversos”, cada vez van a ser “más intensos”. “Las lluvias van a ser cada vez menos frecuentes pero cuando se den serán más largas e intensas”, asegura, lo cual generará, en su opinión, más daños humanos, deterioro del suelo, así como otros efectos adversos para la fauna, la flora y el medio ambiente.
Protesta frente a la sede ibicenca del PSOE
Por otro lado, una decena de activistas de Extinction Rebellion protestaron este martes frente a la sede del PSOE en Eivissa contra la “represión” que, a su juicio, ejerce el Estado hacia los activistas climáticos que rociaron con pintura biodegradable el jet privado. El movimiento climático afirma que los “mega ricos” son los “principales causantes de la crisis climática, cuyos efectos azotan de forma desproporcionada en países más pobres”. “Sus jets privados y sus megayates generan emisiones de lujo que implican destrucción, colapso y sufrimiento”, afirmaron.
En este sentido, los activistas climáticos remarcaron el impacto de los jets y la responsabilidad de los más ricos, así como a las grandes corporaciones, en lo que consideraron que genera “caos climático”, con la “complicidad” de las instituciones. “La acción no tiene otro objetivo más que llamar la atención ante las administraciones, los partidos políticos y la ciudadanía, sobre la importancia de tomar medidas urgentes para reducir las emisiones”, señalaron.
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