Una bailarina vence en los juzgados al millonario belga que no quería reconocer a su hijo: “Llegué a pasar miedo”

Durante un verano en Eivissa, María (nombre ficticio), de 31 años, conoció a un hombre de origen belga, de alto poder adquisitivo. Ella, residente en Alcalá de Henares, había viajado ese 2017 para hacer la temporada en la isla, donde empezó a trabajar de gogó. Allí, en uno de esos clubs nocturnos, la casualidad hizo coincidir a la pareja, que inició una relación sentimental durante tres años que terminaría de una forma inesperada para ambos: se quedó embarazada.

Se enteró durante una visita ginecológica, cuando ya estaba de tres meses. Decidió, en ese momento, contárselo a él, que no reaccionó bien. El hombre se opuso al embarazo, pero ella no quería abortar. Esto provocó que él rompiera la relación y se marchara a Bélgica. Cuenta la historia el abogado de ella, Fernando Osuna, después de que hayan pasado casi cinco años desde que la bailarina decidió denunciar a su expareja. También, después de que él no aceptara su decisión e intentara, según la versión de la mujer, que no tuviera al hijo de ambos, incluso con coacciones y mentiras. 

El abogado explica a elDiario.es que el pasado 7 de marzo el juzgado de Instancia número 4 de Eivissa reconoció al belga como el padre del menor tras analizar las pruebas de ADN que él terminó entregando voluntariamente, aunque desde el principio del juicio había negado su relación filial con el niño. María decidió presentar una demanda de paternidad, que se entregó en el decanato de la sede judicial de Eivissa, para reclamar a su ya expareja parte de la manutención que le tocaba asumir por mantener al hijo que ambos habían tenido.

Coacciones y mentiras para abortar

“Se quitó de en medio desde el minuto uno y empezó a coaccionarme para que no lo tuviera”, cuenta la madre del menor, de ahora cinco años. En ese momento -sigue contando- había cumplido 32 años y se sentía madura. “No era como cuando eres demasiado joven y te preocupas mucho más porque te suceda”, expresa. Además, estaba en un buen momento profesional, en el que las cosas le iban bien económicamente. Por otro lado, compara: no fue la misma sensación acudir al ginecólogo y que le informara de que estaba embarazada de tres meses que si se hubiera hecho un test de embarazo y lo hubiera averiguado.

“Mi familia me apoyó y decidí seguir adelante”, dice la bailarina echando la vista hacia atrás. En ese momento, también pensó en su madre, a quien le pasó lo mismo que a ella: se quedó embarazada sin buscarlo voluntariamente cuando era incluso “más jovencita”. “Pienso que si mi madre no hubiera tomado la decisión de tenerme, yo no estaría aquí”, apunta la gogó.

Al comunicárselo a su pareja, tras tres años de relación estables, como demostró el abogado de la demandante ante el juez a través de fotos y WhatsApps intercambiados entre ellos, averiguó que él no tenía los mismos planes. Y que, además, no iba a cambiar de parecer. Así que la relación sentimental que tenían llegó a su fin y fue entonces cuando él se marchó de Eivissa al extranjero. La defensa de él no ha querido atender a elDiario.es.

La situación provocó que ella se sumiera en un estado de depresión que se acentuaba al no estar cerca de su familia, que vive en Madrid, cuando se produjeron los hechos. Entonces, según la versión de la mujer, él empezó a convencerla de manera insistente para que acudiera a una clínica a abortar.  “Se portó fatal conmigo y llegué a pasar miedo. Me llegó a decir que tenía una enfermedad genética, pero no quería decirme cuál”, contó la bailarina cuando el juicio todavía estaba en marcha. María ha señalado que le demandó porque desde el primer momento quiso luchar “por los derechos de su hijo”. 

Se portó fatal conmigo y llegué a pasar miedo. Me llegó a decir que tenía una enfermedad genética, pero no quería decirme cuál', contó la bailarina en el juicio

El procedimiento judicial: una odisea

El abogado de la demandante ha criticado, a raíz de este proceso judicial, las graves demoras que presentan los juzgados de Eivissa para los procesos en los que hay menores de por medio. El caso, además, planteó al principio, en el año 2020, un conflicto de competencias entre los juzgados de Madrid, Alcalá de Henares y Eivissa, ya que María estaba empadronada en la capital, lo que demoró dos años más el inicio del procedimiento en alguno de estos juzgados.

Finalmente, fueron los juzgados de Eivissa los que decidieron hacerse cargo del caso, en mayo de 2022, aunque inmediatamente después el proceso quedó, durante un tiempo, “totalmente paralizado”. “Él ya había reconocido que era el padre del niño o niña que iba a nacer por correo electrónico, cartas, fotos; también había testigos, amigos de la pareja que habían estado con ellos…”, asegura la representación legal de María. A eso se le sumó, tras el nacimiento del niño, el “innegable” parecido que este guardaba con él.

Cuando el juez le citó para las pruebas de paternidad, el multimillonario de origen belga decidió recurrir a un laboratorio externo, porque, según Osuna, le interesaba “ralentizar el procedimiento”. En ese preciso momento, María tenía dos trabajos temporales de poca duración. “En cuanto al padre, disfrutaba de una vivienda en Eivissa tan solo cuatro o cinco meses al año, como segunda residencia, y el resto residía en Bélgica”, continúa la defensa. Una vivienda, ubicada en Bruselas, donde María había estado en diversas ocasiones.

Por ello, solicitaron una vista por medidas cautelares para que el belga se hiciera cargo de una pensión de alimentos para el menor, en la que la parte demandante solicitó 1.400 euros. Al final, el juez le concedió 400 euros temporales hasta la resolución del juicio, llevado a cabo en el Juzgado de Primera Instancia.

Saturación crónica en los juzgados

Continuaban, cuando se solicitó la vistilla, esperando para que el área de forensía de los juzgados de Eivissa les enviara el documento de las tasas para realizar la prueba de paternidad. A principios de 2025, el demandado acudió voluntariamente a realizarse la prueba al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona y arrojó un 99.999% de coincidencia genética con el menor.

Dos meses después se ha celebrado el juicio definitivo, mediante el que se confirmó que el belga era el padre y se le ha solicitado una pensión de alimentos de 975 euros cada mes con carácter retroactivo desde la fecha en que se presentó la demanda. También se han reconocido los derechos hereditarios del niño en el futuro. 

La Justicia ha confirmado que el belga es el padre. La defensa ha solicitado una pensión de alimentos de 975 euros cada mes con carácter retroactivo desde la fecha en que se presentó la demanda. También se han reconocido los derechos hereditarios del niño en el futuro

Osuna explica que, de momento, desconocen si el demandado va a recurrir ante el juzgado la resolución de la sentencia, algo que no le preocupa. “Lo único que podría recurrir es el importe de la pensión y, al tener un poder adquisitivo tan alto, con propiedades en Eivissa y en Bélgica y una flota de coches de lujo, entre otros… no creo que haya cambios”, afirma.

Por otra parte, el letrado ha hecho hincapié en la mala situación del funcionamiento de los juzgados. “Este asunto se ha prolongado cinco años en total, cuando lo normal hubiera sido que se hubiera resuelto en un año y medio, más o menos”, denuncia el letrado en conversación con elDiario.es. Osuna acumula en su currículum algunos de los casos de demanda de paternidad más conocidos del país, como el del hijo del torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y una joven camarera, que se prolongó casi medio siglo.

Los casos acumulados en cada uno de los órganos judiciales de Ibiza duplicaban, hace apenas un año, la carga máxima establecida por Justicia, como publicó en ese momento Diario de Ibiza. Es decir, todos los juzgados de la isla se hacían (y todavía se hacen) cargo de una media de 2.100 expedientes, cuando no deberían superar los 1.000.

Meses después, en marzo del año pasado, se puso en marcha un sexto juzgado de Primera Instancia, una reclamación hecha durante años, que poco a poco se ha ido haciendo cargo de algunos de estos asuntos que saturaban el sistema judicial pitiuso. Aunque la incorporación no ha sido suficiente para paliar esta sobrecarga, que continuó a lo largo de 2024 y perdura aún a día de hoy, como ha confirmado el juez decano de Eivissa y Formentera, Sergio González, a elDiario.es. De hecho, el representante de los jueces ha asegurado que la “litigiosidad va, de año en año, en aumento”. Mientras que, por otro lado, los medios humanos con los que cuentan son exactamente los mismos, lamenta González.