Una de cuatro viviendas en Andalucía no tiene uso como el hogar principal de una familia

Construir 20.000 pisos protegidos en cinco años, ese es el objetivo que se ha marcado el plan de choque que el Gobierno andaluz ha activado tras su publicación en el BOJA este lunes y su convalidación este miércoles en el Parlamento de Andalucía con los votos de PP y Vox, con toda la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante) posicionada en contra. Pero el decreto ley que desarrolla las medidas diseñadas para alcanzar esta meta –entre ellas, una bolsa que recoja la información sobre todo el suelo existente para hacer VPO, para lo que da a los grandes municipios tres meses de plazo– recoge otra cifra bastante llamativa: una de cada cuatro viviendas en Andalucía (en concreto alrededor del 29%) no se utiliza como el hogar principal de una familia.

El dato que ofrece la Junta lo aporta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que cifra en algo más de 4,7 millones el parque inmobiliario que tenía Andalucía en 2023, última fecha disponible. De este total, casi 3,35 millones de casas son las efectivamente ocupadas por los hogares, lo que implica que hay 1,37 millones que no desempeñan un papel de vivienda principal.

Junto a ello, se recoge la previsión (elaborada por el Instituto Nacional de Estadística el año pasado) de que en 2030 la cifra de hogares andaluces será de 3,71 millones, lo que implica un aumento de 360.000 y un ritmo de crecimiento de casi 52.000 anuales. Pero esto no dejan de ser proyecciones muy determinadas por la disponibilidad de viviendas, lo que se esgrime como argumento para justificar un decreto que busca “aumentar con carácter urgente la oferta” a precios asequibles.

Bolsas de suelo para hacer VPO

Del INE es también otra cifra, que en este caso no se menciona en el decreto: el último Censo de Población y Viviendas (publicado en 2023 con datos de 2021) apuntó a Andalucía como la comunidad autónoma con más pisos desocupados con 641.437 en total. Esto suponía el 13,73% de las más de 4,6 millones de casas que había entonces, un porcentaje muy similar a una media nacional fijada en el 14,4%.

Con este contexto, el Gobierno andaluz considera que hace falta “un aumento exponencial” del número de hogares, así como “proteger el uso residencial para la vivienda habitual y permanente”. En este último apartado se encuadran las medidas para ponerle dique a la creciente avalancha de pisos turísticos, lo que le ha llevado a reconocer por primera vez que dificultan el acceso a la vivienda residencial, imponer su sometimiento a la ordenación urbanística y permitir a los municipios implantar moratorias de hasta tres años.

La fórmula básicamente es allanar el camino para que la construcción de casas se acometa en el menor plazo posible, “puesto que los tiempos elevan el coste del proceso y del producto final”. Para ello se apuesta por “mecanismos jurídicos novedosos” que permitan acelerar la urbanización y disposición de terrenos, con un primer paso que consistirá en la creación de una bolsa de suelo (público y privado) para vivienda protegida y asequible que obliga a los municipios con más de 100.000 habitantes a aportar esta información en tres meses.

VPO en suelos para otro uso

Es decir, que antes del verano los ayuntamientos de las grandes ciudades tienen que entregar estos datos a la Junta, que por su parte se da a partir de ese momento seis meses para desarrollar una herramienta informática que permita su publicación y gestión. Los terrenos serán tanto los ya residenciales como los que ahora se pueden destinar a hacer VPO con este nuevo decreto sin modificación urbanística alguna: los que tenían un fin turístico, para oficinas y también para equipamientos, exceptuando aquí los de uso sanitario o educativo.

A los municipios también se les impone otro plazo, en este caso de 15 días, para remitir a los constructores una relación priorizada de demandantes de vivienda que cumplan los requisitos para acceder a las promociones que impulsen y así acortar los tiempos. Y también los plenos municipales deberán aprobar en un año el respaldo a proyectos inmobiliarios, contando los promotores con un plazo de dos años para solicitar la licencia de obra y otros tres para construir los pisos, para así garantizar que están en el pretendido objetivo de un lustro.

Aumento de los límites de renta

Asimismo, se impulsa la inclusión de grandes promociones en la Unidad Aceleradora de Proyectos para reducir a la mitad los plazos administrativos, posibilidad a la que podrán acogerse proyectos de al menos 250 viviendas protegidas o 500 de renta libre. Por cierto, que entrar en la Unidad “no implicará en ningún caso la aprobación del proyecto de inversión, ni la autorización de su puesta en marcha”, por lo que no se le podrán exigir responsabilidades a la Junta si la iniciativa al final no sale adelante.

Otra de las cuestiones que incluye el decreto es que abre la puerta a que puedan aspirar a viviendas protegidas familias con ingresos más altos, al aumentar los límites de renta admitidos. De esta manera, a los hogares en régimen de precio limitado se optará con el equivalente a siete veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone hasta un máximo de 58.800 euros por unidad familiar al año. Para las viviendas de régimen general también se eleva este techo, que se situará en 5,5 veces el Iprem, es decir, 46.200 euros anuales.