El Gobierno andaluz admite por primera vez que la avalancha de pisos turísticos dificulta el acceso a la vivienda residencial

Le ha costado, pero al final el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha reconocido que la proliferación de pisos turísticos está alterando el mercado y dificultando el acceso a una vivienda, sobre todo de alquiler. Así lo recoge por primera vez –y de manera explícita– en el decreto de medidas urgentes con el que aspira a construir 20.000 casas en cinco años, que es a su vez un adelanto de varias de las medidas de la futura Ley de Vivienda andaluza. Esta norma, precisamente, culpa del problema más a la ocupación ilegal que a la oferta inmobiliaria para turistas, hasta el punto de pasar de puntillas y no adoptar ninguna medida en esta línea.

Pero ahora la situación da un vuelco y no solo se admite el impacto, sino que se dota a los ayuntamientos de nuevas herramientas como una suspensión de licencias que puede prolongarse hasta tres años y la anulación del permiso durante un año si el propietario falsea algún dato para registrar su solicitud. Esta moratoria podrá aplicarse en la totalidad del municipio o en zonas o tipologías de edificación concretas, y los gobiernos locales podrán hacer uso de ella en breve, una vez que este miércoles se apruebe en el Parlamento con la mayoría absoluta del PP.

Este giro se justifica en el texto del decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), con que el “crecimiento exponencial” de los pisos turísticos “determinan la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y de urgente necesidad”. Para apuntalar la magnitud del fenómeno, se resalta que si en diciembre de 2022 había 95.507 de estas viviendas y en el mismo mes del año pasado ya eran 139.163, cifra que ya está en 141.452 a día de hoy.

“Una huida” que reduce el mercado

El anteproyecto de la Ley de Vivienda, que se presentó a finales del pasado mes de julio, señala que un factor que perjudica al mercado es la “preocupación real ante la posible ocupación” ilegal de un inmueble, de ahí que se introduzcan numerosas medidas contra un fenómeno que los datos oficiales mantienen en cifras bajas. En paralelo, defiende que “el problema de la falta de oferta de vivienda en alquiler persiste independientemente de la vivienda de uso turístico”, descartando introducir medidas correctoras con el argumento de que ya “ha sido regulado como actividad económica mediante la legislación sectorial oportuna”.

En el nuevo decreto, en cambio, apunta que “se ha demostrado” que la aparición del fenómeno de los pisos turísticos “tiene efectos directos” sobre el acceso a la vivienda, ya que muchas se están dedicando a esta función. Y lo presenta como “una de las causas de disminución” de la oferta inmobiliaria, sobre todo para el alquiler de larga duración, por lo que da el paso –en contra del criterio seguido hasta la fecha– de integrar las viviendas de uso turístico (VUT) en la ordenación urbanística.

De hecho, se subraya que esta “tendencia actual del uso de la vivienda para fines turísticos” está generando “una huida” hacia esta tipología “respecto del alquiler para uso residencial”. Por ello, reitera que es “extraordinario y urgente” establecer medidas en este terreno, “con el fin de realizar los ajustes urbanísticos necesarios para proteger el uso residencial a sus fines principales de servir de alojamiento estable y permanente”.

“Tensión” entre uso residencial y turístico

El texto normativo recoge incluso la existencia de municipios “que manifiestan una tensión entre los usos residenciales y turísticos”, lo que sumado a otros factores “dificulta el acceso de la población a una vivienda asequible”. Por ello, también ofrece a los ayuntamientos que vayan a regular esta cuestión la posibilidad de suspender de manera fulminante las nuevas autorizaciones, para así evitar un “posible efecto llamada” de solicitudes antes de que entren en vigor las limitaciones.

A partir de ahora, además, el uso residencial de una parcela no habilitará por sí mismo la posibilidad de destinar las viviendas al alojamiento turístico. ¿Qué significa esto? Pues que el planeamiento urbanístico tendrá que prever de forma explícita “la compatibilidad del uso de alojamiento turístico con el residencial”, facultando al ayuntamiento a definir esta cuestión por edificios, áreas, zonas o sectores.

Tres años de prohibición y castigo por datos falsos

Durante la tramitación de la norma que limite los pisos turísticos, asimismo, se podrá imponer una suspensión de nuevas licencias que podrá prolongarse durante un plazo máximo de tres años. A esta opción, sobre el papel, no podrían acogerse los municipios que ya han regulado este fenómeno, como es el caso de Sevilla capital.

El decreto también prevé penalizar a los propietarios que, al presentar la declaración responsable que les permita inscribirse en el registro andaluz de pisos turísticos, introduzcan “alguna incorrección, inexactitud o falsedad de carácter esencial” en la información. Esto puede provocar la prohibición de continuar con la actividad, la cancelación de la inscripción y la imposibilidad durante un año de tramitar la licencia.