Andalucía eleva hasta 59.000 euros anuales el límite de ingresos familiares para aspirar a viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha aprobado su anunciado decreto ley que activa un plan de choque para construir 20.000 viviendas, que deben estar terminadas en cinco años como máximo y a las que podrán aspirar familias con ingresos más altos al aumentar los límites de renta admitidos. De esta manera, a los hogares en régimen de precio limitado se optará con el equivalente a siete veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone hasta un máximo de 58.800 euros por unidad familiar al año. Para las viviendas de régimen general también se eleva este techo, que se situará en 5,5 veces el Iprem, es decir, 46.200 euros anuales.

Así lo recoge el decreto ley de medidas urgentes para la construcción de VPO, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno y que en la práctica supone adelantar algunas de las iniciativas que ya se recogían en la Ley de Vivienda en tramitación para así acelerar su puesta en marcha. De hecho, los proyectos inmobiliarios tendrán que echar a andar de aquí a un año como muy tarde, ya que los promotores tienen dos años para solicitar la necesaria licencia de obra, pero previamente hará falta el respaldo del ayuntamiento de turno mediante un acuerdo plenario que tiene que aprobarse en un año. Una vez superados estos dos trámites, se dispondrá de un plazo de tres años para la construcción.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha sido la encargada de anunciar esta iniciativa, que prevé también la inclusión de grandes promociones en la Unidad Aceleradora de Proyectos para reducir a la mitad los plazos administrativos. A esta posibilidad podrán acogerse proyectos de al menos 250 viviendas protegidas o 500 de renta libre –con su obligatoria reserva de hogares protegidos–, pero para ello deberán contar con un compromiso del ayuntamiento de que tramitará de urgencia los procedimientos administrativos que son de su competencia.

Sin “ideología” pero con críticas al Gobierno

El decreto “huye de la ideología”, ha resaltado la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, pero lejos de evitar el choque político no se han escatimado críticas a la norma aprobada en 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Jamás se había hecho tanto daño a la vivienda como con la ley estatal, que antepone su ideología a la ciudadanía y los prejuicios a los datos”, ha argumentado Rocío Díaz, que asegura que esta norma ha propiciado “el colapso, un mercado contraído y la inseguridad y desconfianza de los propietarios”.

“La situación de la vivienda necesita más trabajo y menos demagogia, más rigor y menos lemas, más inversión y menos anuncios”, ha apostillado, además de incidir en que la propuesta andaluza “deja atrás la inacción socialista”. “Frente a leyes inútiles por no decir perjudiciales, los andaluces tienen un decreto ley que aborda soluciones con humildad pero con determinación, con precisión y sin prejuicios”. La previsión es que el plan de choque activará una inversión global de 1.860 millones de euros, además de generar en el sector de la construcción 48.000 empleos directos y 20.000 indirectos.

Sin cambiar la norma urbanística

La medida incluye iniciativas ya anunciadas hace meses, como ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido y autorizar mayor densidad de viviendas y edificabilidad en parcelas que se destinen a VPO. Por lo pronto, terrenos o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se podrán destinar a hogares protegidos. En la misma línea, los solares dotacionales públicos o privados sin destino específico podrán usarse para estos fines sin cambiar las normas urbanísticas, siempre y cuando no tuviesen un fin educativo o sanitario y se hagan casas protegidas de forma permanente destinadas al alquiler.

También se prevé la creación de una bolsa de suelo público en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para exhibir así las posibilidades de hacer hogares a precio asequible. En paralelo, se agiliza el sistema para la selección de adjudicatarios, lo que permitirá a los promotores empezar antes la precomercialización en caso de venta y así adelantar el acceso a la financiación.

Además de rebajas fiscales para constructores y compradores, se anuncian subvenciones que podrán alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda si, por ejemplo, se mantiene de alquiler asequible durante 20 años. También se actualizarán los coeficientes que fijan los precios máximos de las VPO en cada municipio, que en los de más de 25.000 habitantes tendrán que ser al menos un 25% más baratas que las casas de renta libre.