El pacto para abrir la fosa Monumento, la más grande de Sevilla, incluye la identificación genética de las víctimas

Hace ahora un año, el pasado 6 de marzo, los gobiernos central y autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla sellaron un pacto político para exhumar los restos depositados en la fosa franquista de Monumento, en el cementerio hispalense de San Fernando. Transcurrido este tiempo, el protocolo que permitirá abrir la mayor tumba común de la capital –se prevé que pueda haber más de 2.600 víctimas– ya está acordado entre las partes, se firmará en breve e incluirá como novedad el reparto económico del coste de la identificación genética de los cuerpos.

El acuerdo de hace un año supuso el paso más complicado, ya que había que poner de acuerdo a dos administraciones gestionadas por el PSOE (Gobierno central y Diputación) y otras dos por el PP, Junta y Ayuntamiento de Sevilla. El protocolo establece para los trabajos un plazo de tres años, aunque se puede prorrogar uno más.

El pago de los trabajos genéticos es una reivindicación que mantiene en los últimos meses el Gobierno andaluz, que es el que hasta ahora costeaba esta parte del proceso, mientras el Estado se centraba más en los trabajos en sí de exhumación. Precisamente, la Junta achaca a esta situación el retraso que se produce en las pruebas de ADN, por lo que desde el Ejecutivo central se apunta que “estamos de acuerdo en incluir la identificación genética” en el protocolo.

Listo para la firma

“Se mandó el borrador al resto de administraciones incorporando la financiación no solo a las exhumaciones sino también a las identificaciones”, precisan fuentes de la Consejería de Cultura, que apostillan que “si están de acuerdo, estaría ya para firma” la que sería segunda versión de documento. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se indica que ya en la redacción original del protocolo (que se puso sobre la mesa en abril) se incluía en su objeto establecer entre las partes el marco de colaboración y coordinación también para la extracción de muestras biológicas para su posterior identificación genética, aunque el documento no establece cuánto debe aportar cada parte.

Una vez que en las reuniones entre Estado y Junta se ha consensuado esta cuestión, lo siguiente de aquí a poco es una firma del protocolo que se ha ido retrasando al no encajar las fechas barajadas hasta ahora. La Diputación de Sevilla, por ejemplo, confía en llevar al pleno de este mismo mes de marzo el refrendo a este documento.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se señala que a fecha de hoy “continúan las labores de trabajo, revisión y consideraciones oportunas” del protocolo, “que se firmará cuando esté definido de manera definitiva”. Por eso, se considera que en el momento actual “no cabe valoración todavía” sobre las medidas que se están tomando “porque no existe ninguna actuación concreta que valorar hasta que se configuren los convenios pertinentes”.

Y es que la cantidad que pondrá cada parte se recogerá posteriormente en estos acuerdos posteriores que deben suscribir las administraciones, ya que el protocolo –que establece un marco de colaboración y coordinación– no contiene cláusulas de coste económico ni financiación. Se copia así el modelo seguido para la exhumación de la fosa de Pico Reja, en la que los trabajos se completaron hace ahora dos años: el ayuntamiento asumirá la dirección del proyecto con una financiación a través de subvenciones nominativas.

Diferentes ritmos en cuestión memorialista

El gobierno local de José Luis Sanz (PP) ha aniquilado las partidas para políticas memorialistas desde que llegó a la alcaldía en 2023, alegando que es una “competencia impropia” del ayuntamiento, aunque con el compromiso de acompañar los pasos que den los gobiernos central y autonómico. Con este argumento retiró la partida para Monumento que incluyó el PSOE en su último presupuesto municipal, precisamente el de 2023, un encefalograma plano en estas políticas del que sólo salió parcialmente el pasado noviembre para reactivar año y medio después el Consejo local de Memoria.

La Diputación, por su parte, ha sido la primera administración en reservar una cuantía económica en su presupuesto, concretamente 331.000 euros para este 2025. La administración que preside Javier Fernández (PSOE), que ha presionado una y otra vez al ayuntamiento para que se implique en el proyecto, ha aprovechado el aniversario del acuerdo institucional para Monumento para aprobar este martes en junta de gobierno su Observatorio Provincial de Memoria Democrática, a lo que sumará la presentación del estudio Depuración y represión de los funcionarios y empleados de la Diputación de Sevilla entre 1936 y 1939.

La relación de víctimas

El historiador Díaz Arriaza resalta que, según la documentación que se conserva, en Monumento se enterraron 825 fusilados por aplicación del bando de guerra, 229 por sentencias de consejos de guerra o 15 fallecidos por heridas de arma de fuego o metralla. Asimismo, hay 1.543 muertes sin especificar, entre los que se encontrarían un elevado número de asesinados sin que conste oficialmente la causa.

En este gran enterramiento colectivo puede haber unas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del exterminio franquista. En esta gran fosa común estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, así como de funcionarios municipales. También se baraja que estén los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano en 1937 o Carmen Díaz, hermana del que fuese cuarto secretario general del Partido Comunista de España, José Díaz Ramos.