La Junta y las universidades públicas andaluzas alcanzan una tregua en la financiación para 2025 aplazando la deuda de 2024

El Gobierno andaluz y las universidades públicas han alcanzado un acuerdo de financiación extraordinaria para 2025, tras meses de negociaciones en las que los rectores reclamaban a la Junta que saldara una “deuda millonaria” para cumplir con los pactos firmados en 2024. Finalmente, la Junta de Andalucía se ha comprometido a transferir el pago de una serie de complementos retributivos del personal universitario, empezando por este año. La anualidad correspondiente a 2024 queda de momento en el aire, pues se va a prorratear su pago entre los dos ejercicios siguientes (2026 y 2027).

El acuerdo firmado ahora entre la Junta y los rectores busca materializar el pacto alcanzado en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas celebrada el 25 de junio de 2024, donde la Consejería del ramo contrajo el compromiso de abonar tanto los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI), como los relativos a la carrera horizontal del personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS). 

Los “incumplimientos reiterados de la Junta” en esta materia durante los meses siguientes llevaron a tensionar las relaciones entre las universidades públicas y la Consejería, hasta el punto de que los rectores amenazaron con llevar a la Junta a los tribunales. Tras retomar la vía del diálogo, se ha cerrado un acuerdo que aplaza por el momento las deudas de 2024 y se centra en garantizar este 2025 una financiación extra para el sistema universitario público de, al menos, 21 millones de euros, según ha avanzado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, quien se ha congratulado por el acuerdo alcanzado.

Todavía “queda mucho trabajo”

En nombre de los rectores, Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), también se ha mostrado “satisfecho” por haber llegado a este acuerdo tras meses “de mucho trabajo y diálogo”. En conversación con este periódico, el también rector de la Universidad Pablo de Olavide ha celebrado este nuevo pacto como “una conquista histórica” para el PTGAS, ya que contribuye a impulsar la carrera horizontal que llevan “muchos años reclamando”.

Con todo, Oliva ha recordado que “queda mucho trabajo aún por realizar” en materia de financiación, de ahí que se haya referido a este pacto como “un acuerdo con varias fases”. A partir de ahora, van a “seguir negociando a lo largo de este semestre a través de una comisión técnica que se va a construir próximamente”. Así lo recoge también la nota de prensa conjunta que han firmado ambas partes, donde se fija como máximo el 30 de junio para debatir y resolver “las cuestiones pendientes planteadas por los rectores y que afectan al sistema universitario”.

El objetivo de ese órgano es, por tanto, que “estos aspectos queden solventados para el periodo que resta de aplicación del modelo de financiación universitaria, que estará vigente hasta 2027”. En paralelo, se ha anunciado que se va a convocar “de forma inminente” la Mesa General de Negociación –en la que también están representadas las organizaciones sindicales– a fin de explicar “los pormenores del acuerdo”.

Focos de la negociación

La cifra que reclamaban para 2024 rectores y sindicatos era de 50 millones de euros, la mitad de ellos para cumplir íntegramente con el modelo de financiación y el resto, para pagar los complementos retributivos de la plantilla. El Gobierno andaluz ofreció 21 millones de euros en diciembre, que se convirtieron finalmente en un pago de 16 millones. Más allá de la cantidad que se “adeuda”, los rectores han puesto el foco de la negociación en que esas cuantías extraordinarias se consoliden en las nóminas “para siempre”, pasando a integrarse en la envolvente financiera del sistema universitario público andaluz.

Entre las “cuestiones importantes que quedan por aclarar” a las que se ha referido el representante de las universidades públicas, se encuentran “la determinación de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación, el pago de trienios, de sexenios o la consolidación de la financiación extraordinaria que recibimos a finales del año 2024”.

La cuantía exacta de la financiación extraordinaria aún no se ha concretado porque se trata de cálculos “muy complejos” que se tienen que evaluar. Por lo pronto, la Consejería se ha comprometido a garantizar que las universidades recibirán a lo largo del presente 2025 un pago “equivalente al coste de aplicación de los complementos autonómicos del PDI concedidos en la convocatoria de 2024, ajustados a los tramos efectivos”. De acuerdo con las estimaciones de AUPA, esos complementos para el profesorado podrían unos 15,5 millones de euros (a lo que habría que sumar la seguridad social).

Además, el acuerdo incluye la transferencia de la primera anualidad del pago de la carrera horizontal del PTGAS, que se realizará una vez que haya sido evaluada y cuantificada. A todo ello habrá que añadir –en los ejercicios posteriores de 2026 y 2027– la financiación necesaria para cubrir los importes acumulados derivados de la aplicación de los acuerdos de 2024, que quedan por ahora en el aire.