El derecho a la salud

El sentimiento colectivo, al menos en Andalucía, tiende a pensar que la salud de cada cual depende mucho del destino, es decir, que hay poco de lo que preocuparse. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Es un error muy importante, a pesar de que pueden existir ocasiones en las que las desgracias no son previsibles, pero serían las menos.

A nivel de profesionales médicos y de enfermería existe una opinión generalizada basada en que la genética es fundamental para la salud y que las responsabilidades son individuales. Es decir, si padeces una enfermedad, la culpabilidad es personal. Serían los sectores, que son mayoritarios, biologicistas, y como tal se comportan en su quehacer diario. Consideran que los sistemas, tanto sociales como sanitarios, no tienen un papel predominante.

Todos estos análisis, que justifican una forma de abordar la enfermedad, cometen el grave error de no considerar los determinantes sociales de la salud que está demostrado de manera científicamente rotunda que son decisivos para la salud de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales de la salud como las condiciones sociales y económicas que influyen en las diferencias individuales y colectivas del estado de salud. Dichos determinantes abarcan desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y, por supuesto los servicios sanitarios como respuesta organizada y especializada de la sociedad para prevenir la enfermedad y restaurar la salud.

Un ejemplo que ilustra estas intersecciones en los problemas de salud pública es la obesidad infantil, la cual tiene relación directa con el nivel socioeconómico de la familia

Es decir, el país, la ciudad, el barrio en el que se habita, el nivel cultural, económico, social y el tipo de trabajo de cada persona, así como las condiciones laborales, la precariedad, el paro, la vivienda y el nivel de bienestar social generales, son los condicionantes principales de la salud tanto individual como colectiva. Estos factores condicionan que existan altos niveles de desigualdades sociales que es lo que justifica las diferencias abismales de calidad de vida saludable.

Los estudios científicos que demuestran todas estas afirmaciones no se han realizado sólo en el extranjero. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Andalucía tiene el honor de haber elaborado el Primer Informe sobre Desigualdades Sociales y Salud en Andalucía (INDESAN). Pero, además, durante veinte años consecutivos ha organizado las Jornadas Científicas sobre Desigualdades Sociales y Salud en la ciudad de Cádiz. La ADSP ha colaborado en que al menos en nuestro entorno los determinantes sociales de la salud sean motivo de análisis y referencia.

Todos estos estudios aportan datos contundentes. Entre dos barrios de la ciudad de Cádiz, separados por cien metros, existen diferencias de esperanza de vida de más de 9 años. Estas diferencias se reflejan también en el nivel de estudios y en el mundo laboral, la precariedad y el paro, también son diferentes. Un ejemplo que ilustra estas intersecciones en los problemas de salud pública es la obesidad infantil, la cual tiene relación directa con el nivel socioeconómico de la familia.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Sistema Sanitario Público tiene que desarrollar programas de Salud Pública, sobre todo en los barrios (Salud Comunitaria), ya las medidas que hay que asumir son diferentes en cada caso, y no solo atender a las enfermedades cuando aparecen.

Hay que destacar la enorme importancia de lo que estamos hablando: hablamos de muertes injustas y evitables, de aumentar la esperanza de vida, el tiempo de vida libre de discapacidades y, en definitiva, de aumentar la calidad de vida tanto individual como colectiva.

El deterioro paulatino de los sectores públicos ha sido muy evidente en las últimas décadas, y al sanitario también llegaron las decisiones políticas austericidas, los recortes en servicios esenciales, la disminución de sus presupuestos y, como consecuencia, de las plantillas

La única herramienta que existe para combatir todo lo mencionado es un Sistema Sanitario Público potente, que asegure la atención de todas las personas sean cuales sean sus condiciones socioeconómicas, su etnia, su procedencia o su situación administrativa, entre otras.

Solo una sanidad 100% pública, en la financiación, gestión, provisión y mantenimiento; universal (de todas las personas); gratuita (en el momento de ser atendidas); accesible (atención inmediata); equitativa (con la misma calidad para todas); solidaria (financiada por los impuestos); integral (no hay “enfermedades caras”) e integrada (por niveles, sin olvidar el ámbito rural) y de la máxima calidad, puede disminuir las desigualdades sociales.

No es sueño imposible. En España y en Andalucía habíamos conseguido, o al menos estábamos desarrollando, el sistema sanitario que hemos comentado. Era el orgullo de la población y el asombro del mundo porque los niveles de presupuestos públicos destinados a sanidad eran inferiores al de otros países desarrollados.

Sin embargo, el deterioro paulatino de los sectores públicos ha sido muy evidente en las últimas décadas, y al sanitario también llegaron las decisiones políticas austericidas, los recortes en servicios esenciales, la disminución de sus presupuestos y, como consecuencia, de las plantillas. Y llegó la pandemia del Covid 19. Pero, además, el gobierno del Partido Popular en Andalucía tiene un programa de privatizaciones progresivas, bajo el eufemismo de colaboraciones público-privadas, que está consiguiendo el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público.

Para evitar que la dramática situación actual no sea irreversible, una de las mejores estrategias es la movilización ciudadana en defensa de sus derechos. Por eso la labor de la APDHA y de las Mareas Blancas son esenciales. Ojalá lo consigamos.